El Consejo de Gobierno ha culminado hoy el procedimiento administrativo iniciado el pasado mes de noviembre para reclamar al Grupo Boliden el resarcimiento de los costes de la recuperación de la cuenca del Guadiamar.
Una vez rechazadas las alegaciones presentadas, el Consejo ha resuelto que este grupo empresarial está obligado a pagar los 89,9 millones de euros asumidos con carácter subsidiario por la Administración autonómica tras el vertido producido en 1998 en la mina de Aznalcóllar (Sevilla). El Grupo Boliden, propietario de la explotación, está integrado por Boliden Apirsa, S.L., la matriz sueca Boliden AB y la firma holandesa Boliden AV.
Los proyectos de descontaminación y restauración ecológica se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana. El resarcimiento del coste de estos trabajos ya fue reclamado por la Junta de Andalucía en una demanda civil interpuesta en noviembre de 2002, que no fue admitida a trámite por la Audiencia Provincial de Sevilla. La misma instancia también desestimó con anterioridad el recurso contra el archivo de las actuaciones penales por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Frente a estas decisiones de la Audiencia Provincial, el Gobierno andaluz presentó el pasado 22 de octubre un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por entender que vulneraban el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.
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