El Consejo de Gobierno ha iniciado la tramitación del anteproyecto de la Ley de Seguridad Alimentaria, una norma que ofrecerá una mayor protección de la salud de la población frente a los posibles riesgos asociados al consumo de alimentos. El reforzamiento del control por parte de la Administración, la mejora en la coordinación y la transparencia informativa hacia los ciudadanos son los tres principales objetivos planteados en el texto, que también establece la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Andalucía.
De acuerdo con los nuevos enfoques de control sanitario de los alimentos, la futura ley implantará un sistema de trazabilidad para disponer de toda la información relativa al camino que sigue un producto desde que es una materia prima hasta que llega a la mesa del consumidor. Como principal novedad en este sentido, se exigirá que las empresas garanticen la trazabilidad interna, es decir, no sólo a quién se le ha comprado y vendido un determinado producto, sino también los pasos seguidos dentro de la propia empresa. Ello permitirá incrementar el nivel de seguridad y actuar con mayor celeridad en caso de alerta.
Los empresarios deberán mantener actualizada la información relativa a su actividad que pueda tener repercusión desde la perspectiva de la protección de la salud. Estos datos estarán siempre disponibles y accesibles para la Administración, con independencia de la etapa de la producción, transformación o distribución en la que se encuentre el alimento. De igual modo, estarán obligados a adoptar sistemas de autocontrol para asegurarse de que los productos bajo su responsabilidad cumplen todos los requisitos necesarios. Cuando haya sospecha de un problema para la salud, tendrán que retirarlos del mercado de forma inmediata, comunicar la alerta a las autoridades, prestar su colaboración en las medidas que se adopten e informar a los consumidores.
El anteproyecto establece la creación del denominado Sistema de Intercambio Rápido de Información Alimentaria, que será gestionado por la Dirección General de Salud Pública y Participación y funcionará en red de forma coordinada con otras administraciones, tanto autonómicas como estatales y europeas, para agilizar la respuesta ante situaciones de alerta.
Finalmente, el texto prevé la constitución de tres nuevos organismos en los ámbitos de la coordinación, el asesoramiento técnico y la participación social. El primero de ellos, denominado Agencia de Seguridad Alimentaria, estará adscrito a la Consejería de Salud y contará con representación de las consejerías de Presidencia, Agricultura y Pesca, Gobernación y Medio Ambiente, además de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Entre otras funciones, coordinará las redes de alerta y comunicación, proporcionará apoyo científico y técnico al Consejo de Gobierno y promoverá estudios científicos sobre la exposición de la población a riesgos alimentarios.
Ante situaciones de riesgo grave, la Agencia será la encargada de garantizar la información pública sobre la alerta, sus consecuencias y las medidas que se van a adoptar. Sus informes serán accesibles para los ciudadanos, especialmente los relativos a la evaluación del Plan Andaluz de Seguridad Alimentaria.
Los otros dos organismos previstos, que asesorarán a la Agencia de Seguridad Alimentaria, son el Comité Científico y Técnico, que estará integrado por expertos de reconocido prestigio en materia de seguridad alimentaria, y el Consejo Asesor, que fomentará la participación de la sociedad a través de representantes de los agentes económicos, las asociaciones de consumidores y otras organizaciones sociales cuya actividad se relacione con el ámbito de la seguridad alimentaria.
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