El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se asignan, a las consejerías de Obras Públicas y Vivienda; Agricultura y Pesca; Turismo, Comercio y Deporte, y Medio Ambiente, las funciones, medios, servicios y personal transferidos por la Administración central en materia de ordenación y gestión del litoral.
Con este traspaso, que se hará efectivo el próximo 1 de abril con un coste anual efectivo de 2,11 millones de euros, la Junta de Andalucía se hace cargo de 62 puestos de trabajo y 21 vehículos. Asimismo, la Administración autonómica recibe un inmueble de 2.348 metros cuadrados en el Paseo de la Farola número 12 de Málaga. Su uso será compartido por las administraciones central y autonómica hasta que se libere por parte de la Junta el edificio ubicado en el número 7 de esta misma vía, donde se ubicarán los servicios estatales.
Junto con la asignación de medios y funciones, el decreto recoge la creación de una comisión de seguimiento y evaluación, adscrita a la Consejería de la Presidencia, como instrumento de participación de los agentes económicos y sociales en la ordenación y gestión del litoral. De igual modo, en las seis provincias con dominio público marítimo-terrestre, la Junta creará comisiones interdepartamentales sobre la materia.
El traspaso de las funciones, medios y servicios en materia de gestión y ordenación del litoral, previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, fue formalizado el pasado 12 de enero en una reunión presidida por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, y la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, Mar Moreno. Su regulación se recoge en el Real Decreto aprobado el 21 de enero.
Las funciones transferidas, que ahora se asignan a las cuatro consejerías con atribuciones en la materia, incluyen las autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre relativas a playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios costeros.
Entre estos permisos figuran los relativos a los llamados 'chiringuitos', así como la realización de vertidos, las explotaciones de acuicultura y recursos mineros o energéticos, las actividades que requieren instalaciones desmontables durante un periodo superior a un año, la ejecución de obras fijas en el mar y las infraestructuras menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.
La Administración andaluza también pasa a regular los usos de temporada en las playas (por ejemplo, zonas de baño y ocio) y en el mar territorial (áreas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros).
Finalmente, el Real Decreto establece la participación de la Comunidad Autónoma en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre para construcción, ampliación o modificación de puertos y vías de transporte de titularidad autonómica.