El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que crea y regula el funcionamiento de la Comisión Interdepartamental para las Políticas Públicas relacionadas con la Salud, que nace con el objetivo de coordinar la actuación administrativa de las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía para el desarrollo de iniciativas de promoción, prevención, protección y educación para la salud.
Esta Comisión, adscrita a la Consejería de Salud y Consumo, nace para responder a los retos sanitarios que plantea la sociedad actual en su conjunto y que van más allá de la asistencia sanitaria tradicional, por lo que se hace necesario dar un paso más a un nuevo modelo de atención sanitaria donde tengan cabida de manera decidida las acciones dirigidas a generar salud en la población mediante el desarrollo de entornos y oportunidades que incrementen la salud y el bienestar y haciendo fáciles y accesibles las opciones sanas, atendiendo a todas las etapas de la vida. Retos en los que, por tanto, están involucradas todas las administraciones y todas las consejerías.
Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud y el medio que nos rodea están íntimamente relacionados, ya que son muchos y diversos los factores que influyen sobre el organismo, como las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, y que determinan el estado de salud individual y colectiva. Esas circunstancias son el resultado de la distribución de los bienes económicos, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que dependen a su vez de las políticas públicas adoptadas.
La OMS calcula que un 24% de la carga mundial de morbilidad y un 23% de la mortalidad son atribuibles a factores medioambientales. En Europa se estima que 1,4 millones de muertes al año son debidas a causas relacionadas con el entorno. En Andalucía, las principales causas se corresponden con la situación socioeconómica, inscribiéndose dentro de las denominadas enfermedades del desarrollo, como son los denominados factores de riesgo, comunes a la mayoría de las enfermedades crónicas (hipertensión, obesidad o sedentarismo), los procesos cardio y cerebrovasculares, y los tumores.
De este modo, los principales retos tienen su origen en las demandas y expectativas de las personas, los pacientes y sus familias relacionadas con su rol actual, las nuevas formas de interacción y comunicación o la demanda de mayor coordinación de todas las partes implicadas en el proceso asistencial, incluidas aquellas que están fuera del sistema sanitario. Pero también existe el reto de afrontar una nueva cultura profesional y de organización sanitaria donde deben prevalecer las intervenciones que han demostrado su efectividad en la generación de salud en la población andaluza, al mismo tiempo que afronta los avances científicos y tecnológicos continuos sin los que no es posible avanzar en un modelo sanitario eficaz y sostenible.
Así, se hace necesaria la coordinación interna entre las distintas consejerías, así como la cooperación interadministrativa entre ellas para lograr una mayor eficacia en el desarrollo de políticas cuyos objetivos incidan en la salud de la ciudadanía, para lo que se crea esta comisión interdepartamental.
Funciones y organización
Entre sus funciones, la comisión tiene atribuida la propuesta de establecimiento de las medidas y de las prioridades de las actuaciones a desarrollar en el marco de la protección, prevención, promoción y educación para la salud, que deban ser adoptadas por la Junta de Andalucía; la determinación en materia de salud de los cauces formales de colaboración entre las distintas consejerías; así como el análisis de los estudios de los problemas de salud relevantes y su incidencia en la población.
Asimismo, esta comisión se encargará de la aprobación de líneas de actuación preferentes en materia de protección, promoción y educación para la salud; la coordinación de los diferentes recursos existentes para conseguir una mayor eficiencia en las intervenciones de prevención y promoción de la salud en los diferentes ámbitos de actuación; la colaboración eficiente de las intervenciones relacionadas con la protección de la salud, en particular, aquellas orientadas a la seguridad alimentaria y a la protección frente a riesgos ambientales, y el impulso de la comunicación sobre protección, prevención y promoción de la salud dirigida a la población andaluza.
Son también funciones de la comisión la coordinación de la respuesta a las necesidades y expectativas de las personas relacionadas con la salud y la atención a la enfermedad; la orientación y coordinación de los programas desarrollados para la atención a la población con necesidades especiales de salud y de aquellos otros colectivos vulnerables que requieren una especial atención; y el seguimiento de las decisiones políticas, normativas, económicas, organizativas y asistenciales en materia de protección, prevención, promoción y educación para la salud.
Finalmente, el decreto establece como otras funciones de esta comisión el mantenimiento actualizado de las líneas de actuación establecidas en materia de protección, prevención, promoción y educación para la salud, realizando las propuestas de mejora que se estimen oportunas en su desarrollo y seguimiento y evaluación de su gobernanza; el impulso de la creación y funcionamiento de los grupos de trabajo que se creen para el desarrollo de las líneas de actuación establecidas en materia de protección, prevención, promoción y educación para la salud; y aquellas otras que vengan establecidas por disposiciones normativas.
La comisión, que contará con una presidencia y vicepresidencia a cargo de la consejería competente en materia de salud, y tantas vocalías como consejerías tenga la Junta de Andalucía en cada momento, se reunirá, ordinariamente, dos veces al año. Las personas integrantes no percibirán retribución alguna por el ejercicio de sus funciones en el seno de esta o de los grupos de trabajo a los que se adscriban y las reuniones tanto de la comisión como de los grupos de trabajo serán fundamentalmente de forma telemática y sólo excepcionalmente serán de forma presencial. Por tanto, el decreto mediante el que se crea no tiene ningún impacto económico. No conllevará incremento de gasto ni disminución de ingresos públicos, ni ningún tipo de compromiso presupuestario.