La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, María Jesús Montero, ha presentado hoy ante el Consejo de Gobierno el balance de la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía durante sus tres primeros años de funcionamiento. Este órgano dictó entre 2012 y 2014 un total de 552 resoluciones de carácter extrajudicial en el ámbito de la contratación pública. De ellas, tan sólo 38 fueron impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El Tribunal, creado en noviembre de 2011, tiene competencia para resolver los recursos especiales, reclamaciones y cuestiones de nulidad en materia de contratación, tanto de la Administración General de la Junta y sus entes instrumentales como de las entidades locales y universidades con las que tiene suscritos convenios.
El número total de recursos presentados ante esta instancia fue de 766, de los que 144 corresponden a 2012, 243 a 2013 y 379 a 2014, con un incremento del 164% a lo largo del periodo.
De las 552 resoluciones dictadas, 124 lo fueron en 2012, 159 en 2013 y 269 en 2014. Sólo el 6,8% de ellas fueron impugnadas posteriormente y llegaron al ámbito contencioso-administrativo. Se evitó así la judicialización de la mayor parte de los conflictos, con la consiguiente agilización de los procedimientos y la reducción de la carga de trabajo de la Administración de Justicia.
Adscrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y con carácter especializado y plena independencia funcional, el Tribunal permite mejorar la eficacia de los procedimientos de recursos en la adjudicación de contratos por parte de la Administración autonómica, además de favorecer su interposición por las personas o empresas candidatas y licitadoras. Su objetivo es restablecer en un breve plazo la legalidad y evitar perjuicios para el interés público que puedan derivarse de una paralización prolongada de las adjudicaciones en el sector público. Al resolver, de forma rápida y eficaz, posibles controversias, se evita acudir a la vía judicial. También tiene capacidad para anular decisiones ilegales e indemnizar a las personas perjudicadas por una infracción.
Además del ámbito de la Administración de la Junta, el órgano también tiene competencia para resolver asuntos de entidades locales que no cuentan con órganos propios para estas funciones o no las han atribuido a las diputaciones provinciales. Asimismo, y previa firma de los correspondientes convenios, tiene potestad para asumir recursos del Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social, la Cámara de Cuentas y las universidades públicas.
En aplicación de un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de agosto, el Tribunal funciona actualmente como órgano colegiado, integrado por un presidente y dos vocales, frente a su anterior naturaleza unipersonal.