El Consejo de Gobierno ha acordado rechazar la tramitación de la proposición de Ley de Reforma de la Cámara de Cuentas de Andalucía presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA). El criterio contrario se justifica por las nuevas funciones atribuidas por la propuesta normativa a este organismo técnico, que supondrían un aumento de sus necesidades y, por tanto, de los créditos presupuestarios para atenderlas. Además, el texto implica la modificación del régimen de personal y posibilita de forma discrecional acudir a contrataciones externas para la elaboración de informes.
La proposición plantea dotar de un estatuto propio al personal de la Cámara, medida que podría suponer una mejora de las condiciones de este colectivo respecto del resto de trabajadores públicos y, por tanto, es contraria a la equiparación que defiende el Ejecutivo andaluz, además de no estar justificada en tiempos de fuertes restricciones presupuestarias.
Del mismo modo, el Consejo considera inviable anticipar al 30 de abril la presentación de la Cuenta General de la Junta ya que, según la legislación vigente, las correspondientes a las sociedades de capital y a las fundaciones deben aprobarse dentro de los seis primeros meses del ejercicio posterior y remitirse a la Intervención General para su verificación y, en su caso, subsanación, antes de la formación de los documentos finales.
Por otro lado, el Gobierno andaluz rechaza la excesiva discrecionalidad que el texto otorga al consejero de la Cámara que dirija cada actuación en las contrataciones externas para la elaboración de informes, estudios o comprobaciones.
Según establece el Reglamento del Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no con la tramitación si implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. El grupo parlamentario IULV-CA presentó esta proposición el pasado mes de mayo.