El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en la que se incluyen tres artículos que vulneran las competencias medioambientales exclusivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, además de atentar contra sus atribuciones en materia forestal.
El primero de estos artículos, el 7.2.h, atribuye al Estado actuaciones ejecutivas de restauración hidrológico-forestal, unas funciones que sobrepasan sus competencias y que, en todo caso, únicamente podría ejercer en colaboración con la comunidad autónoma.
También se transgreden las competencias autonómicas en el segundo de los preceptos recurridos, el 46.1, que igualmente otorga al Estado facultades ejecutivas en materia de homologación, formación, preparación, normalización de medios materiales y equipamiento del personal de extinción de incendios forestales.
Finalmente, el artículo 47.3 prevé que la Administración central asuma la defensa jurídica del director técnico de extinción de incendios y del personal a su cargo en procesos civiles y penales. Ello supone asimismo una vulneración de las competencias autonómicas, dado que la cuestión que se regula hace referencia a meras facultades de autoorganización inherentes a las funciones de gestión que corresponden a la comunidad en materia forestal.
A juicio del Consejo de Gobierno, los artículos 7.2.h, 46.1 y 47.3 de la Ley de Montes no respetan el orden competencial establecido en los artículos 148.18 y 149.1.23 de la Constitución Española y en los artículos 13, apartados 6 y 7, y 15, apartado 7, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como en el resto de preceptos concordantes.
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