El Consejo de Gobierno ha acordado una modificación del acuerdo de 2005 que regula los precios públicos de las actividades de carácter sanitario susceptibles de ser facturadas a terceros, como aseguradoras privadas o de automóviles. El cambio tiene como objetivo incorporar las tarifas de una treintena de servicios vinculados a estancias hospitalarias, que a partir de ahora podrán ser facturadas en función de las especialidades correspondientes y no de forma general, permitiendo así una mayor adecuación a los costes reales. La concreción de esta medida se realizará mediante una revisión de la actual orden de precios.
El sistema que ahora se modifica aportó en 2005 una mayor seguridad y precisión jurídica en materia de facturación a terceros, hasta entonces regulada de forma dispersa entre distintas disposiciones y órdenes de la Consejería de Salud. Asimismo, adecuó los precios a la cartera de servicios de la sanidad pública andaluza, tanto en lo referido al número de prestaciones como a sus parámetros de calidad.
De acuerdo con la Ley General de Sanidad, los gastos que ocasiona la prestación de servicios públicos sanitarios a terceros no se financian a través de la Seguridad Social. Por tanto, los abonos de su facturación tienen la condición de ingresos propios.