La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha mostrado su decepción con el Gobierno de España que “vuelve a dar una patada hacia adelante y no aborda el problema de financiación de Andalucía”.
Carolina España ha participado este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, una reunión que ha calificado como “de puro trámite” y que “ha dejado otra vez en el limbo cuestiones cruciales para los andaluces como el hecho de que no se aborde la financiación autonómica”. Según la consejera, este “marear la perdiz” sólo consigue que, conforme pasan los meses, los andaluces siguen aumentando la brecha de financiación con respecto al resto de autonomías.
“Cada vez se hace más grande la suma que el Estado ha dejado de destinar a los andaluces desde el año 2009 en comparación con lo que reciben de media las comunidades autónomas”, ha indicado la consejera, lo que supone “que a Andalucía le cuesta más trabajo prestar a los ciudadanos los servicios que son de su competencia, como la Educación, la Sanidad o la Dependencia”. “Estamos jugando en desventaja”, ha añadido.
La consejera ha criticado que la ministra tampoco se haya pronunciado sobre el fondo transitorio de nivelación, es decir, los recursos adicionales para compensar a las cuatro comunidades que reciben una financiación por debajo de la media, algo que es “urgente”. “No ha avanzado nada, ni siquiera nos ha dado una posición clara”, ha apuntado Carolina España. “De nuevo, deslealtad y ambigüedad por respuesta”, ha añadido.
“Tampoco nos ha indicado cuál es la postura sobre la financiación singular de Cataluña”, una financiación “que sería un cupo y que no se basa en ningún motivo técnico, sino sólo en favores políticos”, ha explicado. “Una financiación singular para Cataluña supone menos médicos, menos profesores o menos profesionales de Dependencia para Andalucía”, ha indicado tras insistir en que “no vamos a permitir que se creen ciudadanos de primera y de segunda y que se rompa con el principio de igualdad entre ciudadanos que se recoge en la Constitución española”. Además, la consejera ha añadido que “la singularidad fiscal supone avanzar en la ruptura de nexos entre Cataluña y el Estado y avanzar en el proceso independentista”.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tampoco se han facilitado ni explicaciones ni información de detalle sobre la aplicación de las nuevas reglas fiscales negociadas en la UE, ni se han facilitado los datos de entregas a cuenta y liquidación necesarios para configurar el escenario financiero de 2025 y ejercicios siguientes.
Sólo se ha abordado parcialmente la senda de déficit para los tres próximos años, que será del 0,1% para 2025, 2026 y 2027 para las comunidades autónomas, mientras que el Gobierno se reserva el 2,4%, y que a su vez tendrá que relacionarse con la tasa de referencia de gasto computable y el nuevo marco de gobernanza fiscal de la UE.
En todo caso la consejera ha reclamado que la fijación de los objetivos de regla de gasto debe repartirse entre los distintos niveles de la administración teniendo en cuenta que las CCAA prestamos los servicios de sanidad, educación y las políticas sociales, soportando una enorme tensión por el incremento de costes asociados a la evolución demográfica,
“La propia María Jesús Montero reclamaba cuando era consejera que el Estado se reservase el 80% del déficit, pidiendo más margen para las autonomías. Todo lo contrario de lo que sucede ahora, cuando se reservan el 96% para el Estado”, ha apuntado la consejera.
Por otro lado, con respecto a las entregas a cuenta para 2025, tampoco se ha especificado qué cantidad corresponderá a Andalucía, ni de la liquidación de 2023. En cuanto a las actualizaciones pendientes de dichas entregas para 2024, ha indicado que se abonarán en septiembre. Este retraso en el pago de actualizaciones supondrá para Andalucía tener retenidos 1.350 millones de euros (150 por mes, septiembre incluido).
Otro de los puntos abordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy ha sido la solicitud por parte de las comunidades autónomas de una modificación del reglamento de funcionamiento del consejo de Política Fiscal y Financiera con el fin de lograr de un mayor equilibrio entre comunidades y Ministerio en la representación y la capacidad de tomar decisiones en el órgano. Actualmente, el Ministerio tiene competencia para aprobar un acuerdo con sus votos y el apoyo tan sólo de una de las autonomías. Las comunidades han solicitado que sea necesaria la mitad del apoyo de las autonomías para llegar a un acuerdo, algo a lo que la ministra ha mostrado su negativa alegando que supondría un derecho de veto por parte de las autonomías. En este sentido, la consejera ha recordado que es exactamente lo mismo que pedía la propia ministra cuando ocupaba el cargo de consejera de Hacienda.
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