La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia ha aprobado hasta el momento 154,6 millones de euros en forma de avales en el marco del Programa de Ayudas a Empresas Viables con Dificultades, que han permitido que 228 empresas puedan mantener su actividad y 10.410 empleos. Del total de las ayudas, 124 han sido de Salvamento y 104 de Reestructuración.
El consejero de Economía, Antonio Ávila, ha destacado que el objetivo del Programa de Ayudas a Empresas Viables, que se puso en marcha en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social, es dar respuesta al tejido productivo andaluz ante los problemas de tesorería que está provocando la actual rigidez de los mercados financieros. Se trata, ha apuntado, de una medida única en el territorio nacional que no tiene comparación con ninguna otra desarrollada en Andalucía hasta ese momento.
Según ha explicado Ávila, con la Orden se pretende favorecer la vuelta a la viabilidad técnica y económica de empresas andaluzas que, siendo viables, se encuentran en una situación de crisis coyuntural de la que por sí solas no tendrían capacidad para salir. Estas ayudas, gestionadas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), se dividen en dos grandes bloques: ayudas de Salvamento y Reestructuración y ayudas temporales.
Salvamento y Reestructuración
Las ayudas de Salvamento tienen como objetivo prestar la liquidez necesaria para garantizar el funcionamiento de una empresa hasta que se analice su situación y se elabore el correspondiente plan de reestructuración. Los instrumentos previstos para ello serán los préstamos y las garantías sobre los préstamos, con un plazo máximo de resolución de un mes desde la solicitud.
Las ayudas de Reestructuración se centran en hacer posible que la empresa recupere su posición de mercado y, por tanto, su competitividad y viabilidad a largo plazo. En este caso, el plazo máximo de resolución es de dos meses y los instrumentos incluyen ayudas a fondo perdido, préstamos a tipo de interés inferior al del mercado intercambiario, avales en garantía de préstamos de las entidades financieras y bonificaciones de los intereses de los préstamos concertados para el plan de reestructuración.
Respecto a los beneficiarios de estas ayudas de Salvamento y Reestructuración, se otorga prioridad a la industria. Así, se apoya a empresas con un buen plan de negocio, que estén bien ubicadas en su nicho de mercado, que ofrezcan un producto o servicio competitivo y que afrontaban el futuro de manera optimista.
La ayuda, que no supera los 10 millones de euros, no está limitada al tamaño de las empresas, si bien, al igual que las Ayudas Temporales, sólo pueden beneficiarse de la misma aquellas empresas que tengan su sede social o su establecimiento operativo principal en Andalucía.
Para acceder a los incentivos de Salvamento y Reestructuración, las firmas beneficiarias deben responder a la definición de empresas en crisis establecida por la Comisión Europea, además de mostrar su compromiso de adoptar las medidas necesarias para superar las dificultades.
En esta definición se incluyen aquellas sociedades que presentan condiciones como la imposibilidad de hacer frente a pérdidas mediante recursos propios con riesgo de su desaparición económica; la pérdida de más de la mitad de su capital o de fondos propios; la disminución del volumen de negocios y del margen bruto de autofinanciación, el endeudamiento creciente, o el debilitamiento o desaparición de su activo neto.
Ayudas temporales
El consejero ha destacado además los nuevos instrumentos puestos en marcha por la Consejería de Economía para apoyar para empresas con dificultades de liquidez. Estas ayudas, que se resolverán en un plazo de un mes, se instrumentalizarán en forma de bonificaciones de tipo de interés sobre préstamos de hasta cinco años, con incentivos de hasta 500.000 euros en préstamos y de avales de hasta el 80% de la masa salarial de la empresa, con un plazo de garantía de hasta nueve años.
Para acogerse a estas líneas de ayudas, ha explicado el consejero, las empresas no han de encontrarse en una situación de crisis con anterioridad a julio de 2008. Así, se pretende apoyar a las empresas que se han visto afectadas por las restricciones crediticias en el pago de sus obligaciones vencidas y necesidades de tesorería presentes y futuras, sin que estos incentivos requieran encontrarse vinculados a inversiones.
Estos nuevos instrumentos, consensuados con los agentes económicos y sociales de la Comunidad, cuentan con una vigencia inicial que llega hasta finales de 2010.
Las nuevas ayudas, que no son compatibles con las de Salvamento y Reestructuración, completan el abanico de instrumentos desarrollados por la Consejería para hacer frente a la rigidez de los mercados financieros y la escasez de liquidez.
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