Concesión de subvenciones públicas para el programa de empleo y formación.

1.  Las entidades definidas en el artículo 5.1 de la Orden de 13 de septiembre de 2021, podrán solicitar las subvenciones siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos:

a) Cumplir con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el último apartado del artículo 15.4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, la acreditación y/o inscripción de las entidades de formación será única y válida para la prestación de servicios en todo el territorio nacional, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Estas entidades deben impartir los proyectos directamente en sus propios centros radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y podrán solicitar las especialidades formativas que tengan acreditadas y/o inscritas.

b) Tener capacidad técnica, entendiéndose por tal su capacidad de gestión, contratación, instalaciones y medios disponibles. Asimismo dispondrán de los recursos materiales y humanos necesarios para la ejecución material de las actuaciones que fundamentan el proyecto.

c) Cumplir con los demás requisitos específicos que se determinen en esta orden, así como cualesquiera otras obligaciones legales o reglamentarias que pudieran serles de aplicación, de acuerdo con la normativa autonómica y estatal vigente en materia laboral y de formación profesional para el empleo.

2. Los requisitos señalados en el apartado 1, a excepción de los recursos humanos contemplados en el apartado 1.b), deberán cumplirse a la fecha de la presentación de la solicitud de la subvención. Los recursos humanos comprenderán al personal de ejecución necesario para el desarrollo del proyecto desde el inicio del periodo de preparación hasta la finalización del periodo de cierre del proyecto.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas entidades en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Las contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 116.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La acreditación de dicha circunstancia constituye una obligación de la persona o entidad beneficiaria que deberá cumplir con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión.

b) De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía no formalizará contratos ni subvencionará, bonificará o prestará ayudas públicas a aquellas personas físicas y jurídicas condenadas por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, durante un plazo de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme. Tampoco podrán acceder a ningún tipo de ayudas que conceda la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias, aquellas personas físicas o jurídicas que, mediante resolución administrativa firme, sean objeto de las sanciones accesorias previstas en la letra a) de los apartados 2 y 3 del artículo 80 de la citada Ley.

c) Aquellas personas jurídicas sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la Memoria Democrática de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

d) Las entidades a las que se les haya impuesto mediante resolución firme sanción, por infracción grave y/o muy grave en materia de formación profesional para el empleo, que conlleve la sanción accesoria de exclusión del acceso a subvenciones y ayudas, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

4. La información a que se refieren los apartados anteriores junto con la comprobación del artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia será recogida en una declaración responsable, que se aportará junto con la solicitud de subvención, sin perjuicio de que pueda requerirse la oportuna acreditación documental durante el transcurso del procedimiento.

1. El órgano instructor, una vez dictada la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo de diez días para que, utilizando el formulario que se publique en la convocatoria al efecto, las entidades beneficiarias provisionales y suplentes, así como las entidades cuya solicitud haya quedado desestimada, puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Las entidades beneficiarias provisionales, así como las suplentes que se especifiquen en la propuesta provisional de resolución, en el plazo de diez días, deberán, utilizando el formulario que se publique en la convocatoria al efecto:

a) Presentar la documentación acreditativa de los datos que hayan consignado en los formularios de solicitud, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tanto de los requisitos como de los criterios objetivos de valoración, salvo que hubieran ejercido su derecho a no presentar datos y documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por estas, por haber indicado en el formulario de solicitud la información precisa que permita al órgano gestor consultarlos o recabarlos. En particular, deben aportar la siguiente documentación:

1.º Documentación acreditativa de la personalidad de quien solicita la subvención, cuando no sea posible su identificación mediante los sistemas de firma electrónica establecidos en el artículo 21.2.

2.º Estatutos o, en su caso, escritura de constitución de la entidad.

3.º En caso que la entidad solicitante sea una fundación, acreditación de la adaptación de los estatutos a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía y certificado de presentación y aprobación de las cuentas del ejercicio anterior conforme al artículo 36 de la citada ley.

4.º Documentación acreditativa de la autorización de cesión del bien o servicio afectado para la ejecución del proyecto, cuando el titular de los bienes o servicios no sea la entidad promotora.

5.º Licencias y autorizaciones de las distintas Administraciones necesarias para el total desarrollo del proyecto, en el caso que resulten de obligado cumplimiento para la ejecución de la actividad de interés general objeto del proyecto.

6.º En aquellas solicitudes donde la entidad determine la necesidad de la aprobación de un proyecto técnico específico para la puesta en marcha de la actividad de utilidad pública o de interés general y social objeto del proyecto, propuesta del citado proyecto técnico y declaración responsable de la entidad de que dicho proyecto técnico en su versión definitiva y firmada será presentada antes del inicio de la ejecución de la actividad. Tanto la propuesta como la versión definitiva del proyecto constarán, al menos, de memoria descriptiva, planos generales y presupuesto con estimación global por capítulos.

7.º Documentación que acredite la valoración del criterio señalado en el artículo 24.1.a).5.º, en su caso.

8.º De acuerdo con el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la información a que se refiere el artículo 4.3 de esta orden y el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, será la recogida en la respectivas declaraciones responsables del formulario de solicitud.

b) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4, la propuesta provisional se tendrá por aceptada:

1.º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al transcurrir el plazo para reformular sin que las entidades beneficiarias provisionales o suplentes especificadas comuniquen su desistimiento.

2.º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento por las entidades beneficiarias provisionales.
En ningún caso se admitirá la aceptación parcial de la subvención propuesta.

3. Las entidades beneficiarias provisionales, así como las suplentes que se especifiquen en la propuesta provisional de resolución, en el plazo de diez días, siempre que el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en su solicitud podrán, igualmente reformular su solicitud, en orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En todo caso se respetará el objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoración establecidos en las bases reguladoras.

4. La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará:

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.

b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios objetivos de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente modificación de la puntuación obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

5. Si una vez examinada la documentación presentada, se comprueba que no se ha cumplimentado debidamente la misma, o no se ha aportado en su totalidad la exigida o bien de manera defectuosa, se requerirá a la entidad solicitante para que se subsane la falta o presente los documentos preceptivos en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento. De no hacerlo así, se dictará resolución en la que se la tendrá por decaída en su derecho. De conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se podrá prescindir del trámite de audiencia siempre que se den los supuestos previstos en el mismo.