El Reglamento de Disciplina Urbanística permitirá demoler en un mes edificaciones "manifiestamente ilegalizables"

El nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística que está ultimando la Junta de Andalucía desarrollará un procedimiento de demolición sumaria en el plazo de un mes para el caso de edificaciones manifiestamente ilegalizables, según ha anunciado en el Parlamento de Andalucía el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. Este nuevo reglamento se encuentra actualmente en fase de informes preceptivos "y verá la luz próximamente", ha revelado Espadas.El reglamento, que ya ha sido ampliamente debatido y consensuado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y que recoge la mayor parte de las sugerencias al respecto trasladadas por la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, vendrá a sustituir al actualmente vigente a nivel estatal, que data de finales de los años 70, y servirá para "completar el marco de control de la legalidad y ejercicio de la disciplina urbanística" que ya existe en Andalucía, ha explicado el consejero Espadas en el transcurso de su comparecencia en el Parlamento para informar sobre "la política de inspección y control de la legalidad en la práctica urbanística y de ordenación del territorio".Además del desarrollo de ese procedimiento de demolición sumaria para edificaciones sin posibilidad de ser legalizadas, el consejero ha anunciado algunas de las novedades que incorporará este nuevo reglamento, como el desarrollo de las potestades que permitirán, en la misma línea de actuación preventiva, la adopción de medidas cautelares por parte de los alcaldes contra obras sin licencia. En este sentido, el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía también establecerá el carácter obligado de las licencias urbanísticas, detallando el común de supuestos en que deben ser solicitadas y procurando una mayor agilización en el procedimiento de otorgamiento de las mismas; y desarrolla el deber municipal de revisar de oficio las licencias otorgadas con vicios de nulidad.
Por otro lado, la nueva norma regulará el ejercicio de la función inspectora a desarrollar por los municipios; establecerá medidas de coordinación entre el ejercicio de la disciplina urbanística y el Registro de la Propiedad; desarrollará la situación de "fuera de ordenación" para determinadas situaciones; y resaltará el carácter real de las potestades de disciplina urbanística, con independencia de la buena o mala fe de los adquirentes.Casi 18.000 actuacionesEn el transcurso de su comparecencia, Juan Espadas ha realizado un recorrido por las distintas medidas y actuaciones que ha desarrollado la Junta de Andalucía en los últimos años para afrontar el principal problema, a su juicio, de legalidad urbanística en Andalucía: las construcciones irregulares en suelo no urbanizable. De esta forma, Espadas ha revelado que desde la creación de la Dirección General de Inspección en el año 2005 se han tramitado 17.649 actuaciones en 535 municipios, el 70 por ciento del total de localidades andaluzas, relacionadas con este tipo de construcciones. De estas actuaciones, 3.826 fueron denuncias tramitadas, de las cuales el 36 por ciento procedían de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Agentes de Medio Ambiente y el 64 por ciento restante de particulares o colectivos civiles o ciudadanos. Estas casi 4.000 denuncias generaron, a su vez, un total de 12.800 pesquisas, dado que la Consejería de Vivienda remite estas denuncias a los respectivos Ayuntamientos, jefes de la Policía Local o a las administraciones sectoriales pertinentes para su investigación.
Además de las denuncias tramitadas, y también desde 2005, la Junta de Andalucía ha impugnado ante los tribunales de lo contencioso administrativo un total de 486 licencias, lo que supone una licencia impugnada cada cuatro días. El consejero ha valorado que los tribunales "han dado la razón mayoritariamente a la Junta de Andalucía", puesto que de las 311 sentencias que ya existen sobre esta impugnaciones, un total de 233, el 75 por ciento, han sido favorables. La colaboración entre la Administración autonómica y la Fiscalía se completa con los 537 informes que se han remitido en estos últimos años a juzgados o tribunales. Con estos datos, Espadas ha manifestado que "no acierto a comprender cómo se puede hablar de inactividad, de falta de interés, de inacción de la Junta de Andalucía".El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio ha explicado que la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en el año 2002 sitúa el primer hito fundamental en esta estrategia para afrontar el problema de las edificaciones en suelo no urbanizable, posteriormente consolidada con la modificación de la Ley en 2005 para reforzar cuestiones de disciplina urbanística, con la creación del Cuerpo de Inspectores de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda en ese mismo año, o con la puesta en marcha, también en 2005, de la Dirección General de Inspección. Precisamente, esta última medida "tiene como consecuencia, inmediata, la ejecución de un mayor número de actuaciones de disciplina urbanística iniciadas por la Junta de Andalucía", ha recordado Espadas. Se duplica el número de denuncias que se interponen al año, de 600 a 1.200; se duplica igualmente el número de impugnaciones solicitadas, de 70 a 160; y se multiplican por 30 los informes a Fiscalía, Juzgados y Tribunales emitidos, hasta superar los 500.
No obstante, Juan Espadas ha lamentado que el Partido Popular votara en contra de la aprobación de la LOUA, de su modificación para reforzar los mecanismos de control urbanístico y de la Ley que permitió la creación del Cuerpo de Inspectores de la Junta de Andalucía. En este sentido, ha pedido al principal partido de la oposición que sea coherente y no reclamen "leyes para supuestamente controlar a los Ayuntamientos cuando votan en contra de éstas y siguen criticando un lustro después a la Ley que sienta las bases del crecimiento ordenado de Andalucía". Planes de InspecciónPor último, el consejero de Vivienda también ha destacado la puesta en marcha de dos planes generales de inspección, el último de ellos recién aprobado para el periodo 2009-2012, que priman la actuación de la Administración autonómica sobre las edificaciones construidas ilegalmente en suelos no urbanizables protegidos al tiempo que refuerza la colaboración con la Administracion local para el eficaz ejercicio de sus competencias.En el desarrollo de estos planes, actualmente existe un marco de colaboración con más de 50 ayuntamientos andaluces, que ya están confeccionando un inventario de edificaciones en suelo no urbanizable, que hasta la fecha han generado más de 4.500 fichas de este tipo de edificaciones.