La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido los resultados del modelo de atención a los y las menores inmigrantes no acompañados implantado en Andalucía, que tras pasar de un sistema de emergencia a uno de atención integral ha logrado reducir en tres años la tasa de abandono y la conflictividad. Y tras resaltar la condición de frontera sur de Europa, ha solicitado la puesta en marcha de una respuesta conjunta de las administraciones públicas, en colaboración y coordinación, para gestionar los flujos migratorios. “Reclamamos desde Andalucía un gran pacto de estado, una estrategia nacional con medios y recursos acordes, que no haga recaer el peso exclusivo en las comunidades y permita soluciones definitivas y estables, en vez de parches frente a crisis puntuales”, ha reclamado.
Ruiz ha participado junto al presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, y el responsable de Inmigración de Cruz Roja Andalucía, Ignacio Romero, en el encuentro informativo “El futuro está en tus manos. Inmigración: una respuesta europea”. Durante su intervención, ha subrayado la importancia de trabajar en origen con los países emisores para reforzar sus capacidades y favorecer las oportunidades de desarrollo. Y ha podido detallar el cambio de sistema en la atención a los menores inmigrantes no acompañados que llegan a Andalucía, que en estos momentos contabiliza unos 1.200 menores extranjeros.
Así, ha recordado que la anterior fórmula se basaba en recursos provisionales de emergencia que se habilitaban en función de los repuntes migratorios. “Un sistema que en no pocas ocasiones provocó escenas de hacinamientos en albergues o polideportivos cuando se concentraban miles de llegadas en pocos días, como ocurrió en 2014 y 2017”, ha recordado.
Menor tasa de abandono y conflictividad
Frente a ese sistema, la consejera de Igualdad ha explicado que el nuevo modelo de atención integral, “reconocido por organismos e instituciones y convertido en referente para otras instituciones”, se basa en la protección de los derechos de la infancia. Y acompaña y orienta a los menores y adolescentes hasta los 25 años, si así se comprometen. “Se trata de un modelo de calidad y calidez que además de cubrir sus necesidades básicas de manutención y alojamiento, atendemos sus expectativas, sus necesidades emocionales y educativas”, ha señalado, “poniendo además el acento en la formación y la inclusión socio laboral para prepararles a una vida autónoma plena”.
En este sentido, Ruiz ha puesto de relieve el esfuerzo para que no ningún joven tutelado por la administración quede en la calle al alcanzar la mayoría de edad, multiplicando por cuatro los recursos. “Hemos puesto en marcha 914 plazas del programa de atención de alta intensidad “+18” frente a las 215 que había al comienzo de la legislatura”, ha subrayado.
La responsable andaluza de políticas sociales ha destacado que, en estos tres años, el nuevo modelo de atención ha permitido reducir la tasa de abandono voluntario del 55,43% al 9,92%, y se ha eliminado la tasa de conflictividad y el rechazo social. Asimismo, uno de cada tres jóvenes ha logrado un contrato de trabajo gracias a los itinerarios sociales personalizados. “Todo esto, sin dejar de recibir llegadas de menores, con nuevos flujos, y sin ninguna ayuda del gobierno de España ni de Europa”, ha remarcado Ruiz.
En este punto, la consejera ha insistido en que “no podemos actuar a golpe de crisis migratorias un buscando titulares”, reclamando respuestas conjuntas y globales de España y la UE. Así, ha lamentado que “hasta el momento, el Gobierno central sólo nos ha llamado a las comunidades en los momentos de crisis de Canarias y Ceuta”.
Para el Ejecutivo andaluz, es necesaria una “estrategia nacional que incluya una dotación de recursos acordes a la condición de frontera sur para que esa atención se realice con dignidad y garantías, y respetando los derechos humanos”. Ruiz ha apelado también a que ese pacto recoja la solidaridad entre comunidades para atender de forma equitativa a los niños y niñas que llegan. “La protección de estos menores y adolescentes migrantes no puede ser un asunto exclusivo de Andalucía únicamente por su condición geográfica, tiene que haber una redistribución equitativa de esos menores en situación de desamparo”.
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