La Junta reclama al Estado que incluya a la industria extractiva y al frío industrial en el PERTE de Descarbonización

El Gobierno andaluz ha solicitado que se tenga en consideración a los territorios más vulnerables en la transición hacia una economía descarbonizada y que se incremente la dotación de las ayudas previstas
Andalucía, 17/01/2023
El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La Junta reclama al Estado que incluya a la industria extractiva y al frío industrial en el PERTE de Descarbonización.

El Gobierno andaluz ha reclamado al Ejecutivo central que incluya en el PERTE de Descarbonización aquellos sectores industriales que tienen que afrontar el reto de la economía descarbonizada pero que no han sido destinatarios de subvenciones ni han podido beneficiarse de otros PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica). Es el caso de la industria extractiva, del sector de la piedra y el mármol, y de la industria del frío industrial y la climatización.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo de Juanma Moreno que, a través de la Consejería de Política Industrial y Energía, ha presentado un conjunto de aportaciones al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el proceso de consulta previa sobre la concesión de ayudas para la descarbonización de la industria manufacturera con objeto de que el instrumento se ajuste a las necesidades reales del sector industrial andaluz y sea verdaderamente útil. De ellas ha tomado hoy conocimiento el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

La Junta ha instado a que el Real Decreto incluya a sectores con gran potencial de crecimiento en Andalucía, como el del frío industrial y la climatización (con gran arraigo en Córdoba), o el de piedra y el mármol (referente en Almería), que cuentan con altas necesidades de descarbonización y de mejora energética, y que se encuentran produciendo equipos y materiales clave para proveer de soluciones limpias y sostenibles al resto de sectores económicos y de la sociedad en su conjunto en ámbitos estratégicos como el de la edificación sostenible.

En el caso de la industria extractiva, se trata de un sector que necesita también avanzar en eficiencia en el uso de los recursos, ya que el impacto energético de la minería es notable al registrar un consumo eléctrico de más de 1.200 GW hora y una factura de electricidad de casi 84 millones de euros, y que está llamado a jugar un papel esencial en la transición energética aportando materias primas fundamentales.

El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, trasladó a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la reunión mantenida el pasado mes de octubre que el PERTE de Descarbonización era la gran oportunidad para revertir la situación que se daba en Andalucía por la que grandes proyectos tractores industriales y mineros no habían tenido cabida en ningún PERTE.

Andalucía ha puesto además el acento en la necesidad de que el Ministerio acelere la puesta en marcha de este instrumento, cuya normativa reguladora está prevista que se apruebe a lo largo del ejercicio 2023 pero sin mayor concreción, así como que articule unos procedimientos de solicitud, concesión y justificación lo suficientemente ágiles para que se adelante en todo lo posible la puesta en marcha de los proyectos y se eviten cargas burocráticas que no estén justificadas.

La Administración andaluza ha incidido asimismo en que deben contar con un efecto incentivador adecuado, dado que la dotación prevista en forma de subvenciones para 2023 se limita a 200 millones, cantidad que es considerada insuficiente para atender las necesidades de inversión que en la consulta previa se califican como de gran intensidad.

Además, la relación entre la aportación pública y privada planificada apunta a la aplicación de una intensidad de ayuda por proyecto que se encuentra alejada de las demandas de las empresas industriales, en tanto que con los citados 200 millones en 2023 se prevé movilizar una inversión total de 2.800 millones de euros, de manera que la intensidad de la ayuda resulta inferior al 8%.

Finalmente, la Junta ha reivindicado que se tengan en cuenta aquellos territorios más vulnerables en el proceso hacia una economía descarbonizada. En este sentido, Andalucía ha incidido en la necesidad de contemplar un tratamiento especial para los territorios de transición justa que ya han sufrido la pérdida de tejido productivo debido al proceso de descarbonización industrial como complemento a las ayudas específicas previstas en materia de reindustrialización, y que se corresponden con las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba. Todo ello sin perjuicio de la atención al resto de territorio andaluz y las necesidades de su industria, como el sector del aceite en Jaén, o la gran industria de Huelva.

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