El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha lamentado que el Gobierno de España no vaya a sufragar los costes de adaptación de los centros públicos de extensión de cobertura de televisión digital que son “fundamentales para la extensión de la cobertura de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y “sin los cuales, miles de hogares verán vulnerado su derecho fundamental de acceso a la información”.
Según ha explicado en la Comisión de Presidencia, estos costes deberán ser soportados casi en su totalidad por los ayuntamientos, “provocando una importante carga económica sobre su ya maltrecha economía”. En concreto, ha señalado que esta adecuación, según la Federación Andaluza de Instaladores de Telecomunicaciones (FAITEL), precisaría de unas inversiones que ascenderían a 1,6 millones de euros en Andalucía, . De igual modo, ha señalado que la medida afectaría “directamente a la cohesión territorial, pues genera zonas en las que al no llevarse a cabo la adecuación de estos centros se producirá una pérdida de la recepción de la señal de TDT y del derecho a la información”.
Por este motivo, ha informado de que la Junta, “ante la falta de responsabilidad del Gobierno de España, habilitará una partida de ayudas a las entidades locales para la adaptación de estos centros de extensión de cobertura y paliar así esta mutilación de derechos de la ciudadanía andaluza”.
En su intervención, el consejero ha explicado que ésta es una de las consecuencias de la reciente aprobación del nuevo Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y de la liberación del Dividendo Digital, que prevé una racionalización del uso del espectro radioeléctrico, así como en una reducción del 20% de la capacidad disponible para la difusión de la televisión, en favor de los servicios avanzados de comunicaciones electrónicas, en concreto, de los servicios de telefonía móvil de cuarta generación 4G.
Discriminación a Andalucía
En este sentido, ha reprobado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno central suprima el segundo múltiple digital de cobertura autonómica en Andalucía, sin establecer ninguna alternativa. Además, considera que esta decisión discrimina a Andalucía respecto de otras comunidades autónomas, como ocurre con Cataluña, “a la que se permite mantener un segundo múltiple sin justificación aparente”.
Por este motivo, ha señalado que la Junta ha remitido al Ministerio una propuesta de replanificación del espectro radioeléctrico que contempla la continuidad del segundo múltiple digital de Andalucía, “en completa compatibilidad con el Plan Técnico aprobado por el Real Decreto”. Según ha informado, esta propuesta, hasta el momento, “no ha tenido respuesta favorable por parte del Estado”.
Otro de los aspectos que lamenta de esta reordenación es que obligará también a realizar adaptaciones en los hogares a cerca de 1,8 millones de viviendas y unos a 3,8 millones de andaluces, que representa el 45% de la población de la comunidad, según estimaciones del Ministerio de Industria. En su opinión, las ayudas destinadas por el Ejecutivo central a compensar a las comunidades de propietarios de los costes derivados de la adaptación de sus antenas colectivas son de “tan sólo 280 millones de euros” y ha lamentado que se aprobaran a “tan sólo de un mes de que se produzca el apagado legal de las emisiones actuales”.
Al mismo tiempo, ha denunciado la “gran desinformación, tanto para la ciudadanía como para las empresas instaladoras, que está reinando en todo el proceso de liberación del Dividendo Digital”. En este sentido, ha señalado que el anuncio de que el Gobierno de España se haría cargo del coste de adaptación de las instalaciones de recepción de televisión de los usuarios y “la tardía publicación de la convocatoria de ayudas, un mes más tarde, ha provocado en realidad el efecto contrario: la paralización de las adaptaciones que ya se habían iniciado en los hogares”.
Otra de las reclamaciones expresadas por el consejero, ha sido la “falta e inexistencia de una coordinación a nivel autonómico”, por parte del Ministerio de Industria, en el que estuviesen representadas los usuarios, los operadores y las empresas instaladoras de telecomunicaciones, así como todas las administraciones públicas, estatal, autonómica y local, presentes en el territorio andaluz, “como ha solicitado reiteradamente la Junta de Andalucía”. En su opinión, esta acción “posibilitaría armonizar y conjugar los necesarios esfuerzos que todas las partes hemos de hacer para minimizar el impacto de las actuaciones a realizar”.
Restitución derechos socavados
Jiménez Barrios ha señalado que, ante las decisiones del Gobierno central, “que tendrán nefastas consecuencias tanto para el sector audiovisual andaluz, como para la ciudadanía, el Gobierno andaluz estima la necesidad de exigirle la inmediata restitución de los derechos socavados a la Comunidad Autónoma de Andalucía”, así como del segundo múltiple digital de carácter autonómico. Del mismo modo, ha demandado al Ejecutivo nacional “la necesaria inversión para sufragar los costes de adaptación de los centros públicos de extensión de cobertura de televisión digital, contemplada dentro de las obligaciones que tiene el Gobierno de España que recoge la Ley 2/2011, de Economía Sostenible”.
Sin embargo, el consejero se ha mostrado pesimista ante la situación de que el Gobierno de España atienda estas peticiones, por lo que ha explicado que la Junta de Andalucía ya ha iniciado una serie de acciones “destinadas tanto a paliar sus efectos como a combatir los agravios a las competencias que legalmente tiene atribuidas esta comunidad autónoma”.
Entre estas acciones ha insistido en la propuesta ya citada de replanificación del espectro radioeléctrico; la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el ya citado Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital, o la solicitud de aplicación de medidas cautelares “conducentes a mantener la existencia del segundo múltiple digital de cobertura autonómica y, por ende, de la oferta audiovisual de Andalucía”.
En definitiva, ha defendido que el Gobierno andaluz “defenderá con uñas y dientes, en el escrupuloso respeto de la legalidad vigente, el ejercicio de sus competencias que tiene atribuidas, defendiendo el sector audiovisual andaluz y oponiéndose, firmemente, tal y como lo está haciendo, a todas aquellas disposiciones normativas que atenten contra el desarrollo económico y social de Andalucía”.
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