El Consejo de Gobierno ha acordado sancionar con más de 3,1 millones de euros a Unicaja Banco,SAU, por introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios y por incumplimientode la información de prestación de servicio. El procedimiento se inició en 2016, tras la recepciónde 537 denuncias de particulares, que fueron tramitadas en el marco de una campaña de control de laInspección de Consumo por la inclusión de ‘cláusulas suelo’ en las escrituras.
La sanción incluye 650.000 euros por infracciones muy graves contra la legislación vigente dedefensa de los consumidores y, además, el comiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado encasi 2,5 millones de euros.
De acuerdo con la normativa vigente, son cláusulas abusivas aquellas que causan un desequilibrioen la posición entre el consumidor y el empresario, por ejemplo, reservando a éste facultades parainterpretar, modificar o resolver unilateralmente el contrato; imponiendo garantíasdesproporcionadas al riesgo asumido, o estableciendo la renuncia del prestatario al derecho a lanotificación en caso de cesión del préstamo. Esta práctica conlleva una sanción de 300.000euros.
De un importe de 350.000 euros es la multa por incumplir el deber de información de prestaciónde servicio, concretamente sobre las ‘cláusulas suelo’. Estas se introducen en loscontratos de préstamo hipotecario a interés variable (fundamentalmente euríbor) y prevén que,aunque el tipo se sitúe por debajo de un determinado umbral (suelo) establecido en la propiahipoteca, la persona consumidora seguirá abonando lo correspondiente a ese umbral y no la cantidadequivalente a la bajada del euríbor.
Para la fijación de las cuantías se han tenido en cuenta como agravantes el perjuicio causado alos consumidores (valorable en más de 50.000 euros) y la posición relevante del infractor en elmercado. Respecto a este último punto, la entidad sancionada contaba en 2012 con 690 de las 3.061oficinas de cajas de ahorro en Andalucía (el 22,5%).
Además de la legislación que se aplica en esta sanción, la comunidad autónoma cuenta también conla Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la ContrataciónHipotecaria de Vivienda, que fue aprobada por el Parlamento andaluz en mayo del pasado año paraaumentar las garantías y el derecho a la información de los andaluces en estas materia. El textoaporta una serie de mejoras respecto a la normativa estatal en cuanto a los datos que se debeproporcionar a quien suscribe un préstamo hipotecario y, además, extiende la protección a losavalistas.
Según datos de la Consejería de Salud, la Dirección General de Consumo ha recibido en lo que vade año 12.650 reclamaciones y ha atendido 31.820 consultas a través del servicio multicanal ConsumoResponde. El sector bancario aglutina 1.293 de las primeras (un 10,22%) y 2.081 de las segundas(6,53%).
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