Gómez Villamandos en el Pleno del Parlamento
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha criticado este jueves en el Pleno del Parlamento que el Gobierno de Pedro Sánchez “no solo haya hecho de la justicia y otros principios fundamentales una moneda de cambio, sino que haya añadido la ciencia y la universidad en su política de trueques zafios”, por lo que desconfía de que las alegaciones formuladas por 13 comunidades autónomas al Real Decreto que endurece los criterios de creación de universidades “sean ni siquiera atendidas”.
“Espero muy poco de un Gobierno que legisla al ritmo de las coacciones a las que le someten sus socios”, ha afirmado Gómez Villamandos, quien ha añadido que, tras el anuncio de este decreto “arbitrario, parcial y profundamente injusto” al que Andalucía se opone y frente al que presenta alegaciones, el Gobierno “hace mutis por el foro”. Sin embargo, continúa, “el País Vasco, con el PNV a la cabeza, cuestiona la norma considerando que invade competencias y el Ejecutivo central “se abre a modificarlo”.
Asimismo, ha reprochado a Pedro Sánchez que después de hacer un decreto hace cuatro años y una ley hace dos, ahora pretenda modificar todo como “una gran cortina de humo que raya lo inconstitucional puesto que invade competencias autonómicas y desvirtúa de un plumazo la función, por ejemplo, de los organismos de supervisión de garantía y calidad de las comunidades”.
Además, durante su intervención, Gómez Villamandos ha afeado que un decreto que sigue dando vueltas a la demonización de la privatización de las universidades, “se presente como el garante en el control y la calidad universitaria y, sin embargo, exima de las exigencias de personal docente a las universidades privadas con regímenes de precios públicos”. Por tanto, este Gobierno “nos ha quitado todas las esperanzas, por lo que no confío en que las alegaciones de 13 comunidades, no necesariamente del PP, sean atendidas”, ha incidido.
Alegaciones presentadas
La Consejería de Universidad ha presentado dos alegaciones al proyecto de decreto, refiriéndose la primera al concepto de universidad con especiales características. Esa denominación, recogida en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), se asocia a las universidades estatales con actuación académica en todo el territorio nacional, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Sin embargo, la modificación del decreto cambia su sentido y lo redefine, incorporando además del alcance territorial la alusión al modelo docente, exigiendo así que las titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado tengan más del 80% de su actividad en forma virtual o híbrido.
En segundo término, la Junta considera “contradictorio” que en el proyecto se exima a las universidades privadas que se rigen por el sistema de precios públicos en sus títulos oficiales de aplicárseles las exigencias que se establecen para las universidades con especiales características. La alegación refleja que “si el motivo que justifica que el Estado se encargue de supervisar a los campus con especiales características responde al hecho de extender su formación académica en más de un territorio y con una modalidad docente determinada, no es posible que renuncie a esta función por el simple hecho de que dicha universidad con especiales características se rija por precios públicos”.
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