Los pagos a la actividad agraria cobran un nuevo enfoque a raíz de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de 2003 y de la entrada progresiva del sistema de pago único, como nuevo mecanismo de apoyo a la agricultura. De este modo, ya no se incentiva el aumento de las producciones, sino que la producción primaria se realice bajo unas determinadas condiciones.

En este sentido, se requiere el empleo de técnicas respetuosas con el medio ambiente, la salud pública y el bienestar animal; el mantenimiento mínimo de superficies agrarias que eviten el abandono de la actividad, y el desarrollo de la misma bajo unas buenas condiciones agrarias y medioambientales, que favorezcan la conservación de la productividad de los suelos en la lucha contra la erosión, la pérdida de materia orgánica y la compactación.

Ésta es la esencia de la condicionalidad, consistente en condicionar los pagos directos de la Política Agraria Común y del Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), al cumplimiento de unos requisitos mínimos en materia de medio ambiente, salud pública, sanidad animal y vegetal y bienestar animal, y bajo unas correctas condiciones agrarias y medioambientales.

Este nuevo enfoque no sólo legitima las ayudas a la agricultura ante la ciudadanía europea, sino que refuerza el papel de la Unión Europea dentro de las negociaciones que se llevan a cabo en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y favorece la imagen de las producciones agrícolas y ganaderas ante los mercados europeos e internacionales.

Requisitos

Las normas y requisitos englobados en el sistema de control de la condicionalidad se aglutinan en dos grandes bloques: por un lado, los requisitos legales de gestión y, por otro, las normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales.

Los requisitos legales de gestión aglutinan 19 directivas y reglamentos europeos ya en vigor, que han sido aplicados y controlados a través de los organismos sectoriales competentes. Ahora, la Unión Europea ha elegido qué partes de esta normativa serán exigibles, además, por condicionalidad. Por tanto, su incumplimiento, además de las sanciones que conlleve según las normas sectoriales, supondrá también una reducción en las ayudas directas percibidas.

En cuanto al bloque de las buenas condiciones agrarias y medioambientales, la Unión Europea ha dado potestad a los distintos estados miembros para que establezcan los requisitos que deberán cumplirse, con el fin de garantizar la lucha contra los problemas agrarios y medioambientales más acuciantes en cada uno de sus territorios. Bajo este prisma, el Estado español ha optado por escoger cinco normas, tres de ellas encaminadas a la protección de los suelos agrarios en la lucha contra la erosión, la pérdida de materia orgánica y la compactación de los suelos.

Difusión de información

La Consejería de Agricultura y Pesca ha recogido, en la Orden de 5 de junio de 2007 modificada por la Orden de 16 de Mayo de 2008, estas normas y requisitos, que en la actualidad están siendo difundidas en la comunidad autónoma a través de folletos informativos, jornadas divulgativas, la puesta en marcha de servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias y, próximamente, mediante su publicación en internet.

En este sentido, el Gobierno andaluz apuesta por el cumplimiento de la condicionalidad como el camino más corto para alcanzar una agricultura más competitiva, moderna, sostenible, respetuosa con el medio ambiente y capaz de competir en los mercados internacionales. Además, su aplicación dotará a los productos andaluces de un distintivo más de seguridad alimentaria, permitiendo a la agricultura andaluza evolucionar, vender y competir con éxito en todos los mercados.

Tras tres años de aplicación del sistema de control de la condicionalidad, se ha constatado que en Andalucía las exigencias de la condicionalidad ya se cumplen en la mayoría de los casos, tal y como indican los resultados de las evaluaciones realizadas por la Consejería de Agricultura y Pesca.