• Vídeo del programa

Llegar a la mayoría de edad puede suponer un gran contratiempo para los menores que están en los centros de protección. Al cumplir los 18 años, se quedan sin la tutela administrativa que hizo las veces de familia y deben iniciar una vida emancipada. Para acompañarlos en ese difícil camino que transcurre desde los centros a la autonomía personal, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social lleva a cabo el Programa Mayoría de Edad P+18.

Y los resultados obtenidos con el programa son muy satisfactorios: más del 75% de los jóvenes sale muy preparado en cuanto a formación, casi el 50% consigue un empleo, cerca del 70% encuentra alojamiento, en torno al 50% obtiene un grado de autonomía alta y más del 60% mantiene o reanuda relaciones familiares que le aportan importantes apoyos en su proceso de emancipación.

Tal es la relevancia que ha alcanzado esta iniciativa de la Junta que, en 2009, fueron atendidos un total de 1.916 personas, entre menores tutelados -a partir de 16 años- y jóvenes ex tutelados -800 más que en 2005- para facilitarle una emancipación en las mejores condiciones tras alcanzar la mayoría de edad y abandonar los centros de protección. Entre las personas beneficiarias de este programa, la mayoría -el 66%- son de otros países, jóvenes que entraron en los centros como menores inmigrantes no acompañados y que han encontrado en el P+18 una oportunidad para abrirse camino al cumplir los 18 años.

Pero empecemos por el principio. Cuando una persona menor de edad requiere una medida protectora e ingresa en un centro de protección significa que, por distintas circunstancias, carece de la necesaria asistencia por parte de sus padres y familia y que ello pone en riesgo su integridad física y psicológica.

En los centros se les atiende de forma integral y se realizan una serie de intervenciones encaminadas a garantizar sus derechos fundamentales para que puedan crecer y educarse en contextos normalizados (lo más parecido a una familia), donde están atendidas todas sus necesidades -físicas, educativas, emocionales, sociales, de ocio- hasta la mayoría de edad, cuando la Administración ya no puede ejercer su acción protectora.

Los periodos para la consecución de la autonomía personal de los jóvenes en general se han dilatado en la sociedad actual, por lo que el proceso de emancipación de sus familias se prorroga en el tiempo hasta que se accede a unos niveles suficientes de formación, madurez personal, integración social y profesional y, por supuesto, de capacidad económica.

En el caso concreto de los jóvenes que forman parte del Sistema de Protección, la Administración de la Junta de Andalucía no puede obviar, además, las circunstancias que originaron su ingreso en los centros. Los menores fueron tutelados por causas concretas, con medidas de desamparo objetivas que, por su gravedad, no posibilitaban su adecuado desarrollo en el medio familiar.

De este modo, cuando estos chicos cumplen 18 años, además de contar con las dificultades que afectan a la juventud en general para adquirir cierta autonomía, se encuentran con un nulo o deficiente apoyo familiar y social que favorezca el proceso de la emancipación y garantice su integración social y laboral.

Por esa razón, el Sistema de Protección de la Junta de Andalucía se ve en la necesidad de atender a unos jóvenes que, habiendo estado tutelados, se enfrentan precipitadamente al reto de incorporarse a la sociedad de forma autónoma. Ello se plantea no como una extensión de la tutela, sino como un proceso de acompañamiento en el acceso a los recursos, que facilite a estos jóvenes su plena integración en la vida adulta.

Inicios

Fue en 1997 cuando la Junta puso en marcha el Programa de Mayoría de Edad para jóvenes tutelados y ex tutelados (P+18), pionero en España, con la finalidad de disponer de una serie de medidas de discriminación positiva que proporcionen a este colectivo las suficientes herramientas personales, sociales y laborales, y les eviten situaciones de exclusión social.

Las primeras experiencias de este programa resultaron muy positivas, en gran parte por la respuesta de los jóvenes que inmediatamente lograron los objetivos de capacitación y desenvolvimiento en la vida domestica, adquisición de habilidades para desenvolverse en la sociedad, así como formación y experiencia laboral.

A la luz de esos resultados, la Junta de Andalucía consiguió en el año 2003 la colaboración de los Fondos Europeos para impulsar la implantación del programa en la domunidad autónoma, con la participación de más entidades y profesionales. Este proceso culminó en 2005, cuando la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social promulgó la Orden de 20 de julio, por la que se regulan y convocan subvenciones a entidades colaboradoras para la financiación de programas y recursos destinados a la inserción social integral de jóvenes que han sido tutelados por la Junta de Andalucía.

Desde entonces, el P+18 se ha ido consolidando como un recurso eficiente y eficaz, que está implantado en toda la comunidad de Andalucía y que cuenta ya con un total de 16 entidades colaboradoras.