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La Administración de Justicia: colaboración y diálogo

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Reunión de la comisión con la Fiscalía Superior.

Son muchos e importantes los retos que la Justicia tiene por delante para ofrecer un servicio público de calidad. Y para conseguirlo va a ser fundamental el diálogo. Diálogo con la ciudadanía, con los agentes sociales, con los operadores jurídicos, con las fuerzas políticas, con el resto de administraciones, y, en definitiva, con todos aquellos interlocutores que, con sus aportaciones, puedan sumar ideas para alcanzar el consenso necesario y poder desarrollar políticas válidas.

La Justicia es una de las competencias más complejas del Estado y la manifestación de uno de sus poderes básicos, el Judicial. En el marco de mejora hacia la excelencia y la calidad planteado por la Junta de Andalucía, reviste especial trascendencia el establecimiento y refuerzo de mecanismos de cooperación, colaboración y coordinación con el Poder Judicial y con los demás agentes implicados en la prestación de este servicio fundamental.

La incidencia en la Justicia de distintas administraciones complica en cierto modo su gestión. Por ello, la Junta tiene articuladas diversas comisiones mixtas con los operadores jurídicos para intercambiar información, con mecanismos estables y permanentes de colaboración y cooperación entre todos los agentes implicados en la articulación de competencias relativas al Poder Judicial.

De este modo, las comisiones mixtas con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Fiscalía Superior y el Secretariado Judicial, ésta última creada en otoño de 2009, sirven como marco de comunicación y consenso útil y efectivo con estos operadores, mediante el establecimiento de sesiones periódicas de trabajo para caminar juntos hacia una Administración de calidad.

Y como la Justicia es una especialidad al servicio de la ciudadanía, la Consejería seguirá concertando acuerdos con otros departamentos en cada una de sus ámbitos de actuación. En esa línea de trabajo, continúa contactando con aquellos colectivos que son corresponsables en la modernización de la organización judicial, para apostar por aspectos concretos y establecer lazos y mecanismos de cooperación para la puesta en marcha del nuevo modelo.