Andalucía se está adelantando al nuevo modelo de Oficina Judicial impulsado por el Gobierno central. La Junta ha apostado por una nueva organización judicial, consciente de que todos los agentes y operadores judiciales tienen que ser cómplices para que la oficina mejore el funcionamiento de la Justicia.

El servicio destinado a agilizar la ejecución de sentencias, que se va a poner en marcha de forma pionera en Sevilla, permitirá una nueva organización del trabajo, con el que se pretende obtener un mayor control de la ejecución de las sentencias mediante la homogeneización de las actuaciones. Los funcionarios destinados al servicio común de ejecutorias procederán de los juzgados de lo Penal. La reorganización de la plantilla actual tiene por objetivo una mayor racionalización y especialización del trabajo, al constituirse equipos y secciones especializados en materias concretas.

En este marco, la tecnología debe ser un instrumento que facilite y mejore la relación de la Administración de Justicia con los profesionales públicos y con los ciudadanos. Dando continuidad a esta premisa, y como ejemplo de ello, secretarios y funcionarios judiciales de todas las provincias están obteniendo la firma digital, con objeto de que la puedan utilizar en aplicaciones ya en uso, como la cuenta de depósito y consignaciones judiciales. Las tarjetas podrán ser empleadas también en los sistemas de grabación de las salas de vistas o en la expedición telemática de exhortos y otros despachos con la nueva Oficina Judicial.

Las certificaciones también se integran con la puesta en marcha del sistema Lexnet, concebido como plataforma de intercambio seguro de información entre una gran diversidad de agentes y órganos, con garantía de todos los requisitos exigidos en las leyes procesales.

Además, la Junta de Andalucía ha iniciado un sistema telemático unificado que permite notificar de manera inmediata, y con carácter confidencial, las órdenes de protección de violencia de género entre los órganos judiciales y los organismos de asistencia y protección de las víctimas de malos tratos. Se trata del primer sistema telemático de este tipo que se ha creado en España desde una comunidad autónoma, impulsado por las consejerías de Justicia y Administración Pública y para la Igualdad y Bienestar Social.