El procedimiento administrativo se abre con la presentación por parte de los actores locales -beneficiarios potenciales- de sus proyectos al GDP en cuestión. El grupo considera y selecciona las iniciativas y decide el nivel de financiación que se destinará a aquellas actuaciones que resulten seleccionadas.

Los criterios de baremación para la aprobación de proyectos son su contribución a la creación y mantenimiento de empleo, al fomento de la igualdad de género y promoción de la juventud, a la revalorización del patrimonio cultural y del entorno ambiental, a su capacidad de generar actividades productivas innovadoras o que impulsen las nuevas tecnologías, y a la mejora de la competitividad de las actividades de pesca y calidad de vida de los pescadores. También se tiene en cuenta que se trate de proyectos de economía social y de interés colectivo que resulten viables técnica, financiera y económicamente.

En cuanto a las ayudas, si se trata de actuaciones promovidas por una pequeña o mediana empresa, las subvenciones podrían llegar al 60% del total de la inversión, mientras que cuando se fomenten iniciativas de interés público y colectivo, se contempla una financiación de hasta el 100%.

La gestión y ejecución de los planes es intervenida y fiscalizada por una Administración local, distinta a la que forman parte del GDP, que actuará como Responsable Administrativa y Financiera (RAF) del grupo, lo que garantizará el funcionamiento satisfactorio del mismo y su capacidad para gestionar fondos públicos. La Consejería estará informada de todo el procedimiento y velará por su cumplimiento.