Para que Andalucía encabece año tras año todos los parámetros de la atención a la dependencia y aglutine el 30% de las prestaciones de las que disfrutan todas las personas con derecho a recibir esta atención en España, ha sido necesario un notable esfuerzo inversor de la Junta, que este año ha alcanzado ya un promedio de 2,5 millones de euros al día.

Esta cifra supone que la inversión de la Administración regional en el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se ha multiplicado por seis en cuatro años, desde que se empezó a aplicar la norma en 2007.

El desarrollo progresivo de la Ley, que implica que a partir de 2011 empezará también a aplicarse a las personas en situación de dependencia moderada, supondrá un nuevo incremento de la inversión por parte del Gobierno andaluz. Así, los presupuestos de la Junta prevén para el próximo año un incremento del 7,5% de las partidas destinadas a la dependencia, que contará inicialmente con una inversión cercana a los 850 millones de euros.

Consciente de la importancia de garantizar las inversiones en esta materia, la Junta y el Parlamento andaluz promovieron el pasado mes de junio un cambio en el sistema de reparto de la financiación estatal. Esa propuesta se concretó en un acuerdo del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, en el que están representados el Gobierno central y todas las comunidades autónomas, que duplicó este año el porcentaje de la financiación que Andalucía recibe del Estado por personas dependientes realmente atendidas.

El acuerdo tomado por el Consejo Territorial establece un sistema de reparto de los fondos del llamado nivel acordado con un carácter plurianual hasta el año 2013, en el que se da una progresiva mayor relevancia a la atención efectiva de personas en situación de dependencia en detrimento de los criterios poblacionales y geográficos, tal y como demandaban la Junta y el Parlamento autonómico.

Con el nuevo sistema, en el reparto de los fondos este año aumenta del 20% al 44% el porcentaje que prima a las personas realmente atendidas, un criterio que aumentará al 77% en 2011, al 87% en 2012 y al 97% en 2013, cuando prácticamente desaparecerá el criterio general poblacional.