Uno de cada tres juguetes inspeccionados por Salud presenta alguna irregularidad tras los análisis del laboratorio que se han realizado en las muestras recogidas durante la campaña de este año. La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha ofrecido los datos de esta actuación que ha realizado la Dirección General de Consumo, en la que se han realizado 629 controles en 356 establecimientos comerciales andaluces.

Estas inspecciones que pone en marcha la Dirección General de Consumo en colaboración con las ocho delegaciones provinciales de Salud y sus respectivos servicios de consumo se centran en la revisión del etiquetado de los juguetes y, en casos concretos susceptibles de dudas, en la toma de muestras. De total de 629 controles, se ha detectado algún tipo de infracción en 144, lo que supone un 22,89% de los productos. En concreto, en lo que se refiere a la toma de muestras y su análisis, se han recogido 157 que se han enviado al laboratorio del Instituto Nacional de Consumo para un análisis exhaustivo y en 52 de ellas, un 33,12% del total, se han detectado irregularidades.

La Consejería de Salud realiza durante todo el año esta campaña de inspección sobre juguetes para comprobar que estos productos –tan sensibles y especiales por afectar a los menores-- cumplen con la normativa que vela por la protección de los consumidores, que establece fundamentalmente que deben ser seguros e incluir determinada información para usarlos con garantía suficiente. Esta campaña lleva a cabo en establecimientos comerciales de las ocho provincias andaluzas, con especial atención a los bazares y comercios que venden juguetes a precio reducido.

A raíz de estas inspecciones de seguridad y etiquetado se han incoado ya 21 expedientes sancionadores. En el caso de que se detecte, a través de los ensayos realizados en laboratorio, que un determinado producto presenta un riesgo grave para la seguridad de las personas consumidoras, se procede a su inclusión en la denominada Red de Alerta, que es un sistema de intercambio rápido de información que funciona a nivel europeo y cuyo objetivo es detectar de la manera más ágil posible artículos inseguros. Tras esta campaña de inspección se han introducido ocho artículos en la Red de Alerta que se han detectado que eran inseguros (todavía continúan los análisis de cuatro productos más y otros 10 están pendiente de recurso de la empresa) y en total este año, hasta el 1 de diciembre, se han incluido a instancias de Andalucía un total de 53 productos de los que 41 son juguetes.

La forma de actuación de los inspectores es la siguiente: si detectan irregularidades de tipo informativo, como por ejemplo, que el etiquetado no esté en castellano, se realiza un requerimiento a la empresa responsable para que subsane la anomalía. Si, en cambio, lo que se detecta es una deficiencia en materia de seguridad, se adoptan medidas cautelares para garantizar la seguridad de los consumidores, que pueden ir desde la inmovilización hasta la destrucción del producto en cuestión. Además, la Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establece sanciones que pueden oscilar entre los 200 y los 400.000 euros en función de la gravedad de la infracción.

La consejera ha valorado la labor que se realiza desde la Administración andaluza para el control de juguetes, ya que dicha labor de vigilancia se traduce en la detección de numerosos artículos potencialmente peligrosos y, a su vez, en un número muy escaso de reclamaciones de los usuarios en relación a este tipo de productos (sólo 11 reclamaciones sobre juguetes en lo que va de año).