La Junta Arbitral de Consumo de la Consejería de Salud recibió el año pasado 1.438 solicitudes. El sector de las telecomunicaciones también es el protagonista de los laudos de las Juntas Arbitrales de Consumo, ya que ocupa el 62% de los arbitrajes.

Los arbitrajes permiten resolver las controversias que surgen entre consumidores y empresas, sin necesidad de acudir a los juzgados. El sector de las telecomunicaciones abarca la gran mayoría de estos conflictos, que se centran sobre todo en el incumplimiento de las condiciones ofertadas -como la cobertura o las tarifas promocionales-, la facturación indebida, portabilidades incumplidas y penalizaciones por no permanencia. A este ámbito le sigue el eléctrico, con el 24% de las solicitudes, que en su mayoría versan sobre los daños por sobretensión, cortes de suministro, lecturas estimadas o incremento de las tarifas.

Las academias de enseñanza privadas ocupan el 6% de las solicitudes, en su mayoría por el incumplimiento de las condiciones ofertadas verbalmente por la empresa. El 8% restante se reparte entre el comercio minorista, las tintorerías y otros servicios.

El arbitraje en consumo es un sistema que la Junta de Andalucía pone a disposición de los ciudadanos para resolver las controversias que surjan entre consumidores y empresas, sin tener que acudir a los tribunales. Las Juntas Arbitrales son los órganos que gestionan este arbitraje entre las personas y las empresas adheridas, que en Andalucía ya son más de 3.600.

La adhesión de las empresas a este sistema es voluntaria, por lo que las que ya toman parte en este procedimiento realizan un ejercicio de responsabilidad social aceptando los arbitrajes de este órgano.

En cuanto a la labor de inspección desarrollada por la Junta de Andalucía en materia de consumo en 2011, se han realizado una treintena de campañas a través de las cuales se han levantado 11.444 actas de inspección, de las que un 20% ha tenido un resultado positivo, es decir, han detectado algún tipo de irregularidad o incumplimiento de la normativa. Alimentación, rebajas, productos industriales, etiquetado, publicidad o créditos y productos financieros han sido algunos de los ámbitos inspeccionados a través de estas campañas.