El decreto que regula la propiedad intelectual e industrial en materia de salud, aprobado en Consejo de Gobierno de Andalucía el pasado mes de febrero, uniforma, garantiza y protege los avances innovadores y científicos, descubrimientos y resultados de las investigaciones que desarrollan los profesionales del sistema sanitario público andaluz.

La norma será de aplicación para el personal estatutario, laboral o investigador en formación de las agencias y demás entidades instrumentales dependientes de la consejería competente en materia de salud que desarrolle su trabajo utilizando los recursos de cualquier centro público de la Administración sanitaria.

El decreto tiene como objetivo salvaguardar los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación, como condición indispensable para que pueda producirse la transferencia de resultados y, por tanto, su puesta a disposición del bienestar ciudadano. La norma, además, establece los cauces y plazos necesarios para proteger la propiedad de este trabajo y establece el reparto de los beneficios de la investigación.