La labor de la mujer en el medio rural está escasamente reconocida pese a su importancia.

• Instituto Andaluz de la Mujer

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la economía del medio rural y, sin embargo, su labor no está justamente reconocida. Miles de ellas trabajan en el campo 'ayudando' en una explotación que está a nombre de su marido. Las cargas domésticas y familiares y la excesiva masculinización del medio agrario no hacen sino contribuir a una invisibilidad que sólo se combate con una educación en igualdad y una formación que fomente el carácter emprendedor de la mujer rural. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) considera que la ley, por fin, ayudará a que esto cambie.

De acuerdo con las conclusiones del libro 'Trabajo, bienestar y desarrollo de las mujeres en el ámbito rural andaluz', elaborado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), los patrones de las mujeres urbanas son similares a los de las mujeres rurales, "aunque las segundas tienen algunas particularidades: mayor invisibilidad de su trabajo, un mercado laboral estrecho y precario y dificultades de emprendimiento".

Este estudio, realizado por Lina Gálvez, vicerrectora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, revela que esta invisibilidad se debe a "la desigual distribución de las cargas de trabajo, recayendo en las mujeres el no remunerado, así como la precariedad y temporalidad de los empleos y, finalmente, las tareas domésticas". Se calcula que en Andalucía hay unas 800.000 mujeres que viven en los 294 municipios de menos de 10.000 habitantes, o que trabajan en el campo y desarrollan su actividad en pueblos, sobre todo en explotaciones agrarias o en la agricultura. Representan el 10% de la población total de la comunidad y constituyen el 26,9% de las mujeres andaluzas.

El estudio del Instituto Andaluz de la Mujer pone de manifiesto la dura realidad laboral de las mujeres rurales. Un 22,8% se dedica al trabajo doméstico, el 19,5% es eventual y el 19,2% se define como parada. Sólo un 12,5% es trabajadora fija y un 7,2%, empresaria. Un 11,6% dice no haber ejercido nunca un trabajo en el mercado laboral y el 28,4% de las que desarrolla alguna actividad no cotiza en la Seguridad Social. Y es que, además del trabajo doméstico (que no está considerado como trabajo), las mujeres rurales suelen ayudar a su pareja en tareas remuneradas, sin figurar en plantilla ni en nómina y, si lo hacen, ocupan principalmente los niveles más bajos de las categorías ocupacionales.

En concreto, el 82% de las mujeres rurales trabajan en el campo en calidad de cónyuges o hijas, pero el 71,2% de los titulares de la explotación son hombres. Así, la labor de las mujeres se considera como una 'ayuda familiar', de forma que no consolidan ningún derecho. Una realidad que comienza a cambiar: muchas de las mujeres que realizan un trabajo de manera informal ya se están viendo beneficiadas por la Ley estatal de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, una norma que fue aprobada el pasado mes de septiembre y entró en vigor este año, y que promueve el pleno reconocimiento del trabajo y las responsabilidades de cónyuges y parejas de hecho de la persona titular de la explotación (normalmente, el hombre).

Es decir, permite a las mujeres ser copartícipes no sólo del trabajo, donde ya lo eran de manera real, sino de la gestión para las administraciones, equiparándolas legalmente a los hombres. "Las mujeres del medio rural necesitan reconocimiento social y laboral para poder salir de la oscuridad en la que han vivido y en la que siguen viviendo, y ganar así en derechos derivados del trabajo que se realiza a diario", afirman desde el colectivo femenino Amfar.

Titularidad compartida

Precisamente, uno de los logros más importantes de esta ley es que permitirá a las mujeres de hasta 50 años acceder a esta titularidad compartida y así obtener las prestaciones sociales y que se tengan en cuenta las cotizaciones realizadas para obtener una pensión contributiva de cara a la jubilación.

Esta norma ha sido una reivindicación histórica de las organizaciones de mujeres rurales, que siguen demandando que las cotitulares puedan serlo cotizando a la Seguridad Social, no solo por cuenta propia sino también por cuenta ajena, pudiendo trabajar en su propia explotación, como hacen en la actualidad, pero ganando en reconocimiento y en derechos. Así, las agricultoras podrán acceder a la jubilación, como cualquier persona trabajadora, a los derechos y beneficios generados en las tierras trabajadas, a la cobertura laboral en caso de accidentes o enfermedades y a la formación especializada.

En el momento en que la mujer sea cotitular de su explotación, tendrá derecho además al reparto al 50% de los rendimientos que genere, a la mitad de las ayudas directas o al desarrollo rural asociadas, y ambos titulares tendrán "un derecho preferente en las actividades de formación y asesoramiento en materia de agricultura", según la norma. Se trata de un instrumento voluntario para mujeres de entre 18 y 64 años que también les permitirá tener un reconocimiento genérico a la compensación económica en casos de transmisión, nulidad o disolución de la pareja.