Viviendas de promoción pública en la localidad jiennense de Jódar.

• Consejería de Fomento y Vivienda

Andalucía aglutina el mayor parque de vivienda pública de toda España, con más de 81.000 inmuebles. Detrás de este número se esconden historias familiares cotidianas, las de quienes habitan en ellos. Los preceptos de la Constitución y el Estatuto de Autonomía establecen que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna y ese principio social y fundamental se cumple gracias a estas tipologías residenciales, dirigidas a sectores de la población con unas condiciones socioeconómicas más desfavorables. Este parque residencial, que da alojamiento a unas 350.000 personas, ofrece un servicio público de primer orden perfectamente equiparable a otros como la educación y la sanidad.

La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), es la encargada de gestionarlo desde un punto de vista integral, que incluye la labor administrativa, la reparación y mantenimiento de los edificios y viviendas, así como un trabajo de integración social y ciudadana de los vecinos residentes.

La ubicación de este parque es muy dispersa. Más de 500 municipios, incluidas las capitales de provincia, albergan estos pisos y casas de promoción pública. En la mayoría de estas ciudades y pueblos no resulta fácil identificar dichas viviendas en su trama urbana, ya que configuran promociones e incluso barrios con una calidad y con unos niveles de equipamientos equiparables a la de los ámbitos conformados por los inmuebles de renta libre.

Esta integración física en el resto del entorno urbano es fruto de un proceso que inició el Gobierno autonómico en la década de los 80, a raíz de la transferencia de las competencias estatales en materia de vivienda a la comunidad.

A partir de esa década, la Junta rompió con la política constructora empleada hasta entonces en España, que con carácter general circunscribía estos inmuebles a las periferias de las grandes urbes conformando los denominados polígonos de vivienda, levantados entre los 60 y 70 con criterios estrictamente funcionales y directamente relacionados con la satisfacción de la demanda residencial generada como consecuencia del incremento demográfico de esos años.

La nueva apuesta autonómica incidía en un modelo más sostenible y habitable, con promociones más reducidas, dotadas de los equipamientos necesarios para el normal funcionamiento de la vida en comunidad, dispersas por todo el entramado urbano y no sólo circunscritas a las grandes ciudades. Desde entonces, la promoción pública se extiende en Andalucía hacia los municipios más rurales, universalizando a todo el territorio el derecho de acceso a una vivienda digna para los sectores de población con menos recursos.

Precisamente esa continuidad física constituye el punto de partida desde el que la Junta de Andalucía ha armado una estructura más compleja y relevante para el desarrollo de la vida ciudadana de estos enclaves: la integración social. El trabajo desempeñado por la Administración pública ha permitido que las relaciones sociales en estas barriadas no disten, por lo general, de las que existen en otros ámbitos. La normalidad ha conseguido filtrarse en la vida diaria de estas zonas gracias a un proceso desarrollado conjuntamente por vecinos y la Consejería de Fomento y Vivienda, como inquilinos y como arrendadora del parque público.

Gracias a un esfuerzo común, en el que se ha trabajado la corresponsabilidad y se ha puesto en valor los derechos y deberes de estas familias con sus casas y su entorno, se han conseguido importantes logros en todos los campos en los que interviene la Junta de Andalucía. Desde un punto de vista administrativo, los residentes tienen regularizada la ocupación de los inmuebles casi en su totalidad -un 95%- y cumplen con la obligación de abonar las rentas de arrendamiento y las cuotas de la comunidad.

Uso y mantenimiento

En la conservación del patrimonio residencial, realizan un uso adecuado y mantienen en óptimas condiciones las zonas comunes de los edificios, y en la esfera de lo social, la población residente ha desarrollado un fuerte sentimiento de arraigo y pertenencia a su entorno. Por tanto, son vecinos que participan activamente y sin conflictos en la vida diaria de su comunidad, a través de las organizaciones de referencia de cualquier barrio, como las asociaciones vecinales, las comunidades de propietarios, etc.

Sin embargo, esa labor promovida desde la Administración autónoma no alcanza los niveles deseados en algunas promociones y barriadas de determinadas ciudades. Constituyen casos muy puntuales, en los que la combinación de una serie de aspectos como la escasez de recursos, los bajos niveles formativos y de empleo o la conflictividad social complica el día a día de la población residente. En estos enclaves, la implicación de la Consejería de Fomento y Vivienda en todos los aspectos se intensifica con el fin de superar la exclusión social y el deterioro urbano.

De hecho, en algunos de ellos, la Junta comienza a intervenir a principios de la década pasada a través de la figura conocida como Rehabilitación Integral de Barriadas (RIB), un instrumento contemplado en los diferentes planes de vivienda andaluces que combina la intervención urbanística y residencial con un trabajo socio-comunitario.

Actualmente, este modelo de actuación se desarrolla en seis áreas urbanas. Se trata de El Puche y la Chanca (Almería), El Saladillo y La Piñera en Algeciras (Cádiz), el Polígono Almanjáyar, Cartuja y la Paz (Granada), Marismas del Odiel (Huelva), Las Lagunillas en Andujar (Jaén) y el Polígono Sur (Sevilla). Los objetivos a conseguir son la mejora de la convivencia vecinal y el aprendizaje de la vida en comunidad, así como el fomento de la formación y la inserción laboral de sus habitantes en coordinación con otras administraciones locales y regionales, siempre con el fin último de mejorar su calidad de vida.