La defensa del sistema sanitario público y de las conquistas sociales, especialmente la atención a la dependencia, han sido el otro eje de la acción del Gobierno andaluz dirigida a preservar los logros del Estado del Bienestar frente a los recortes y privatizaciones.

Al igual que en la educación, el Gobierno andaluz subraya que ni un solo servicio ni prestación sanitaria o social se han perdido en la comunidad autónoma y además se han preservado al máximo los puestos de trabajo. La aplicación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la ampliación de jornada impuesta por el Gobierno central no se ha traducido en destrucción de empleo y en el desarrollo de la medida estatal se ha evitado el despido de 8.000 trabajadores eventuales que podrían haberse visto afectados de aplicarse de forma lineal el incremento de horas.

La Junta ha optado por otras líneas de ahorro, algunas de las cuales han encontrado serios obstáculos por parte del Gobierno central. Este es el caso de la selección pública de medicamentos, con el que el sistema sanitario público puede ahorrar más de 200 millones de euros al año y que ha sido recurrida por tercera vez por el Gobierno de España, pese a que el Tribunal Constitucional levantó la suspensión solicitada en las ocasiones anteriores.

Con el objetivo de optimizar recursos, la Consejería de Salud y Bienestar Social desarrolla de forma generalizada desde 2011 un sistema de contrataciones unificadas de ámbito provincial para servicios y compras de material, frente al anterior modelo diferenciado por centros y áreas sanitarias. Esta fórmula, a través de las Plataformas de Logística Sanitaria, supone un ahorro anual de 100 millones de euros. Por otro lado, la sanidad pública andaluza ahorra 300 millones de euros al año gracias a la extensión de las operaciones quirúrgicas sin ingreso hospitalario, que actualmente suponen ya la mitad de las que actualmente se realizan en la comunidad.

En el ámbito de la reorganización administrativa, la reducción de un 20% en el número de puestos de trabajo directivos (71) en los centros sanitarios y entes instrumentales del sistema sanitario público ha permitido un ahorro de 4,9 millones.

El desarrollo de la Ley de Muerte Digna ha tenido sus principales hitos en el Plan de Cuidados Paliativos y en el nuevo programa de telecontinuidad y atención 24 horas, operativo desde junio de 2012.

Recurso de inconstitucionalidad

Los pensionistas andaluces no tienen que adelantar el coste de los fármacos, el denominado 'copago' impuesto a partir de julio de 2012 por el Real Decreto Ley de medidas Urgentes de Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Esta norma ha sido recurrida por vulneración de principios constitucionales e invasión de competencias autonómicas. El Gobierno andaluz considera que rompe el modelo del Sistema Nacional de Salud y no garantiza el derecho a la protección de todas las personas reconocido en la Constitución, y además ha cambiado el concepto de ciudadanos titulares del derecho a la salud por el de asegurados de un servicio. En contra de otra de las medidas discriminatorias recogidas en el Real Decreto Ley, Andalucía mantiene la asistencia sanitaria a los inmigrantes.

El sistema de innovación en salud se amplió en enero de 2013 con la creación del 'Biobanco' del Sistema Sanitario Público de Andalucía, una estructura en red que aglutina todos los bancos de sangre y tejidos con finalidad terapéutica, así como los biobancos de investigación de carácter público de la comunidad autónoma.

La convocatoria 2012 de ayudas a la I+D+i Biomédica financió con más de 4,6 millones de euros 105 proyectos de investigación, 11 de infraestruturas y 14 estancias formativas. Para la convocatoria de 2013 se destinarán 4,9 millones de euros. Además, en 2013 han sido seleccionadas 35 unidades de gestión clínica que verán reforzada su actividad investigadora con un total de 48 profesionales.

El primer año de legislatura se ha destacado también por importantes hitos en la atención especializada. Así, los hospitales granadinos han empleado, por primera vez en España, una técnica conservadora del útero que ha permitido ser madres a dos mujeres con cáncer de endometrio.

También se ha realizado con éxito el segundo trasplante de sangre de cordón umbilical de un bebé seleccionado genéticamente y se ha iniciado un ensayo multicéntrico pionero para fabricar e implantar córneas artificiales en pacientes con úlceras graves.

Dependencia

El sistema de atención a la dependencia se ha visto seriamente amenazado por los recortes estatales, que para Andalucía han supuesto una merma del 68% de la financiación en 2012 y 2013 (89 millones de euros en el primero de estos años y 125 millones en el segundo). Frente a ello, Andalucía es la única comunidad autónoma que financia íntegramente los contratos del personal de refuerzo para la atención a la dependencia y este año la Junta ha distribuido 10,3 millones de euros entre las entidades locales andaluzas para asegurar el servicio de 298 trabajadores sociales.

En Andalucía hay actualmente 251.080 prestaciones concedidas y 183.186 personas beneficiarias, lo que representa el 27% y el 25% del total nacional, respectivamente. Asimismo, 48.002 andaluces reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, cifra que supone el 40% del conjunto de España (124.920). A ello se suman las 177.000 personas beneficiarias del Servicio de Teleasistencia, de las que 63.695 están en situación de dependencia (más de la mitad de las 127.294 registradas en España).

La Administración autonómica ha destinado unos 5.400 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor en 2006, lo que ha permitido crear alrededor de 50.000 puestos de trabajo. En los presupuestos de 2013 se consigna una partida inicial de 1.108 millones para la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía.

Además de las medidas adoptadas para preservar esta conquista social básica, la Junta ha aumentado este año en un 2% sus ayudas extraordinarias para las pensiones asistenciales y no contributivas. Desde 1989 la Junta viene aprobando este tipo de complementos de los que se benefician sobre todo personas mayores, enfermas o con discapacidad que carecen de posibilidades laborales. En el caso de las no contributivas de jubilación e invalidez, el Gobierno andaluz ya concedió ayudas adicionales en 1999 y entre 2003 y 2012.

En materia de igualdad entre hombres y mujeres, la financiación de los programas de empleo femenino se ha incrementado un 46% en 2013 respecto al año anterior. Asimismo, la Junta mantiene todos los recursos para la atención a las víctimas de la violencia de género y refuerza su dotación presupuestaria un 9% hasta los 14,5 millones de euros en 2013. Actualmente funcionan 78 centros de atención y acogida, con 471 plazas para personas que dejan sus hogares a causa de agresiones y amenazas. A esta red se suma el nuevo programa de atención psicológica iniciado en 2012 para menores que han sido víctimas de este tipo de violencia. Asimismo, se ha implantado un nuevo protocolo de actuación sanitaria diferenciada en urgencias.