La bajada de las pensiones, la subida de los principales impuestos y gastos corrientes y la aplicación del copago farmacéutico, han sido algunas de las medidas desarrolladas por el Gobierno Central que, según la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, muestra "una falta absoluta de interés en preservar los derechos de una parte fundamental de la sociedad".

Sánchez Rubio ha defendido "un pilar tan importante para el Estado del Bienestar como es el de las pensiones" y su garante para que este sistema haya tenido solidez a lo largo del tiempo: el Pacto de Toledo. La consejera ha hecho hincapié en que "cualquiera de las medidas que se adopten en este ámbito deben ser consensuadas" como se establece en ese acuerdo.

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha querido manifestar su compromiso con las pensiones no contributivas -únicas en las que tiene competencias la Administración autonómica andaluza-, ya que, según ha expuesto, "son las que tienen especiales dificultades dadas las cuantías de las mismas". Así, ha reiterado que el Gobierno andaluz "tal y como hasta ahora lo ha venido haciendo Andalucía, complementará estos ingresos".

Como contrapunto, Andalucía seguirá trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas mayores y para ello se presentará en los próximos meses el Plan Estratégico de Envejecimiento Activo de Andalucía y se pondrá en marcha la creación de los consejos de participación de Personas Mayores en los municipios.

En materia de infancia, la consejera ha mencionado, como prioridad, la actualización de la Ley de Derechos y de Atención al Menor, en el marco del Pacto Andaluz de la Infancia. Además, se impulsará inmediatamente una alianza para la protección de los menores ante la crisis, dirigida a atender sus necesidades básicas y mitigar las privaciones sobre sus derechos. Asimismo, y de forma transversal, se elaborará el II Plan Integral de Atención a la Infancia en Andalucía a fin de proteger los derechos y la atención de los menores andaluces.

En este sistema de defensa de los más débiles tendrá también un papel protagonista la integración de las minorías, como es por ejemplo la comunidad gitana, ya que en Andalucía vive casi la mitad de la población gitana española, cerca de 300.000 personas.

En otro orden de cosas, se promoverán programas, actuaciones y actividades en el marco del III Plan Andaluz sobre Drogodependencias y Adicciones, dirigidos a la prevención en el ámbito educativo, familiar y comunitario, con propuestas alternativas de ocio saludable.

En él se priorizarán, según ha indicado Sánchez Rubio, las actuaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad y se pondrá el acento en la prevención y en la incorporación social. Se pondrá, por tanto, especial atención en adolescentes y jóvenes y se consolidará la Red Pública de Atención a las Personas en situación de Drogodependencia o con Adicciones, que cada año atiende a 42.845 personas.