La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado durante su intervención la importancia de cuidar la dependencia por ser "un blanco especialmente vulnerable al impacto de la situación económica", dado que se trata de "un sistema joven, que aún no se había consolidado cuando sobrevino la crisis".

Tras destacar que Andalucía, con 237.500 prestaciones concedidas y 173.000 personas beneficiarias (datos cerrados a 31 de agosto de 2013), continúa siendo "líder" en la aplicación de la Ley de Dependencia, ha recordado que el 24% de beneficiarios en España residen en la comunidad, que casi duplica el porcentaje de Madrid y casi triplica el de la Comunidad Valenciana.

Además, se ha lamentado de la "importante" falta de financiación a la que el Gobierno central está sometiendo a los servicios amparados en la Ley de Atención a la Dependencia y que, sólo en los últimos dos años, ha hecho que Andalucía reciba 214 millones de euros menos. Pese a ello, Sánchez Rubio ha destacado que desde la comunidad "se está haciendo un esfuerzo ímprobo" para suplir esta falta de recursos económicos por los beneficios que estos servicios tienen para las personas dependientes y para sus familiares, y por los efectos multiplicadores que generan sobre el empleo.

Además, continuará con las prestaciones incluidas en el servicio de Ayuda a Domicilio, enmarcadas en el Decreto Ley 7/2013 de Medidas Urgentes y Extraordinarias para la Lucha contra la Exclusión Social, se impulsará el Plan Andaluz de Desarrollo de los Servicios y Promoción de la Autonomía, y se seguirá potenciando el servicio de ayuda a domicilio y el de teleasistencia.

El objetivo, ha matizado la consejera, es que "nadie se quede atrás con motivo de la crisis", con especial atención a los colectivos más vulnerables, como son los menores y las personas mayores.

Para ofrecer ayudas a estos colectivos nace el Decreto Ley de Medidas Urgentes y Extraordinarias para la Lucha contra la Exclusión Social, que incluye medidas como una red de solidaridad alimentaria y una línea de trabajo para facilitar el acceso a la contratación a través de los ayuntamientos.

En la misma línea, la consejera ha criticado que el Gobierno central haya retirado siete de cada diez euros de los que aporta el Estado al Plan Concertado, a la vez que ha valorado el trabajo realizado por "excelentes profesionales" que "están dando la batalla para sostener su cartera de servicios". Es por ello que se ha comprometido a que "Andalucía preservará, potenciará y desarrollará esta red de servicios", en tanto "son garantía de igualdad, universalidad y equidad".

Asimismo, ha hecho referencia a los nuevos instrumentos que se pondrán en marcha para mantener el cuarto pilar del Estado del Bienestar, entre los que destaca una nueva Ley de Renta Básica o la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que incluirá la configuración de un mapa de servicios sociales comunitarios en coordinación con las entidades locales.