Comienzo trasladando el pésame, en mi nombre y en el del Gobierno andaluz, a los familiares de los fallecidos en Alcalá de Guadaíra este fin de semana.

Se cumplen hoy 100 días del nuevo Gobierno andaluz. 100 días en el que hemos procurado dar un renovado impulso al progreso de Andalucía.

100 días de políticas que pretenden mejorar la calidad de vida de los andaluces y andaluzas por encima de todo.

Un tiempo en el que hemos dado una respuesta diferente a la crisis, más humana, y estamos trabajando para ese nuevo modelo productivo y económico.

Y hemos priorizado claramente en nuestro presupuesto las políticas generadoras de empleo y el mantenimiento del Estado del Bienestar.

También hemos avanzado en calidad democrática y en transparencia.

En mi Discurso de Investidura expuse cuatro grandes objetivos para un nuevo tiempo en Andalucía:

1) En primer lugar, trabajar por la recuperación económica y para generar empleo, para lo que es necesario impulsar un nuevo modelo productivo y empresarial.

2) En segundo lugar, mantener y consolidar el Estado del Bienestar.

3) Como tercer objetivo, prestigiar la política y recuperar la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones.

4) Y, como cuarta prioridad, trabajar desde el diálogo institucional y el consenso.

En relación con el primer objetivo, la recuperación económica y la creación de empleo, el Gobierno andaluz ha liderado una respuesta diferente a la crisis y ha iniciado una renovada estrategia de crecimiento.

En Andalucía, estamos empeñados en establecer una alianza estratégica con el empresariado. Con el empresariado que crea empleo, el que apuesta por la actividad productiva y genera riqueza en el territorio. Estamos cambiando la cultura de la subvención por la cultura del incentivo y el emprendimiento.

Hoy mismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley de apoyo a las pymes industriales dotado con 150 millones de euros para los próximos tres años. Para el año 2014, dispondremos de 58 millones de euros.

Asimismo, en el marco de este decreto-ley, el Gobierno ha aprobado hoy destinar 5 millones de euros en ayudas para paliar los daños provocados en los invernaderos por las adversidades climáticas del pasado 20 de noviembre en la Comarca del Campo de Dalías, en Almería. Se ha hecho en un tiempo récord, en menos de un mes, con agilidad por parte de la Administración autonómica.

El tejido empresarial nos plantea dos cuestiones principales: la necesidad de financiación y la agilización de las trabas burocráticas.

En materia de financiación, el Gobierno andaluz no ha permanecido impasible ante esta importante necesidad de nuestro sector empresarial y ha dado ya los primeros pasos hacia un Instituto de Crédito Público en Andalucía. Una herramienta financiera pública que llegue donde no están llegando los bancos.

Un ente público de crédito con ficha bancaria, con naturaleza jurídica de empresa pública y forma de Sociedad Anónima. Y, sobre todo, constituido mediante una Ley que será aprobada por el Gobierno en 2014.

En relación a la reducción de trabas administrativas, va a ser objeto de un proyecto de ley para la mejora de la regulación económica en el primer trimestre de 2014. En el primer Consejo de Gobierno del año próximo, el 7 de enero de 2014, analizaremos el catálogo de los procedimientos administrativos que afectan a las actividades económicas y que aplica la Junta de Andalucía.

Con ello, pretendemos:

Eliminar aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general.

Y simplificar requisitos para la creación de empresas, como, por ejemplo, inscripciones en registros, renovación de autorizaciones, duplicación de trámites, etc.

El empleo es nuestra prioridad absoluta, y así queda plasmado en los Presupuestos de la Junta para 2014 en el que las políticas que impulsan su creación han aumentado un 2,8%. Y que contempla un nuevo plan de choque de 200 millones de euros, destinado fundamentalmente a desempleados de larga duración.

Nuestras políticas de empleo tienen la puesta vista sobre todo en los jóvenes. Generaciones de andaluces que se están formando hoy y que tienen derecho a tener un futuro garantizado en su tierra, en Andalucía.

Y para ello, el Gobierno andaluz está incentivando la actividad emprendedora. La mitad de los jóvenes andaluces tienen vocación de emprendimiento y para apoyarles están medidas como Innovactiva 6000, una nueva línea de ayudas para la creación de empresas por parte de jóvenes (1,7 millones). E, igualmente, el Bono Joven, al que vamos a destinar en el próximo presupuesto 25 millones de euros.

Es fundamental un cambio en el modelo productivo. Dentro de ese cambio de modelo, hay sectores estratégicos para Andalucía, como el turismo o la agroindustria.

Para ello hemos puesto en marcha un nuevo Plan Director de Promoción Turística y un Plan de Turismo Interior Sostenible.

El Gobierno andaluz, en estos 100 primeros días, ha iniciado la tramitación de una Estrategia Industrial de Andalucía para los próximos siete años, que impulsará sectores emergentes de excelencia como el aeroespacial o el de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Sectores que la Junta está apoyando desde hacen años. Les recuerdo el incentivo de 4,84 millones de euros recientemente aprobado para respaldar la modernización de la fábrica de Airbus en El Puerto de Santa María (Cádiz), que ha venido a contribuir a que el ERE de la empresa en el conjunto de Europa tenga menor incidencia en nuestro territorio.

Asimismo, el Gobierno andaluz ha concedido un incentivo de 6,7 millones de euros para adaptar las instalaciones del puerto de Algeciras a la entrada de los mega-buques que, en los próximos años, emplearán masivamente las principales compañías navieras.

En este capítulo, en estos 100 primeros días el Gobierno andaluz ha alcanzado un acuerdo satisfactorio para la viabilidad económica y social del Metro de Málaga, que asegura su próxima finalización.

Y hemos desbloqueado también la financiación del Metro de Granada, e iniciado los trabajos de redacción del Plan de Movilidad Sostenible de la Bahía de Cádiz.

Promover el crecimiento y el empleo requiere también de una política fiscal justa, progresiva y adaptada a las necesidades. Para ello, el Gobierno andaluz ha iniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley sobre el acceso a los beneficios públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal.

En cuanto a la defensa de los derechos sociales, nuestra agenda ha estado marcada por la aspiración de la cohesión social, porque la cohesión no solo no disminuye nuestra capacidad de competitividad, sino que la mejora.

En Andalucía gobernamos para las personas. Cumplimos con nuestras obligaciones presupuestarias sin plantearnos nunca que eso ponga en riesgo los derechos sociales. Somos una comunidad cumplidora, pero no estamos dispuestos a que eso afecte a los derechos de los ciudadanos.

Así, el Gobierno andaluz ha mantenido todos los servicios y derechos sociales que se habían instaurado en época de bonanza. En sanidad, en educación, en servicios sociales y en Dependencia.

Hablamos del mantenimiento de la gratuidad de los libros de texto, de la atención bucodental infantil, de la no implantación del copago sanitario o farmacéutico, o cualquier otra medida de impacto directo en la economía familiar y en las personas más desfavorecidas.

En Andalucía no se ha cerrado ningún centro de salud ni educativo, como aseguran mal asesorados algunos. Todo lo contrario. Se han abierto en estos últimos 100 días nuevas infraestructuras sociales como el Centro de Salud de Minas de Riotinto (Huelva) o el de Vegas de Acá (Almería), el Colegio Mario Vargas Llosa en Marbella o el nuevo Centro de Servicios Sociales Comunitarios en Mancha Real. Una hoja de ruta muy distinta a la de otras comunidades autónomas.

La Junta mantiene su compromiso con el sistema público andaluz de salud. Por eso se ha aprobado el IV Plan Andaluz de Salud, que recoge la estrategia de la Junta en esta materia hasta 2020, y por eso también en 2014 aprobaremos la ley de sostenibilidad del sistema sanitario público, para blindar este pilar del Estado del bienestar.

Y hemos convocado una nueva oferta de empleo público de 915 plazas en el Servicio Andaluz de Salud. Insuficiente, pero necesaria.

El Gobierno andaluz ha seguido demostrando además que existe margen de ahorro en el sistema de salud, sin que ello repercuta en el bolsillo de los ciudadanos ni en su salud. Así, hemos resuelto una nueva convocatoria pública de selección de medicamentos, que nos ha permitido un ahorro cercano a los 33 millones de euros.

Y se ha presentado el recurso de alzada frente al copago en farmacias hospitalarias, al considerar que constituye una penalización para la ciudadanía y los colectivos más vulnerables, y que pone en riesgo la salud de los pacientes.

La educación es la mejor herramienta frente a las desigualdades, la única herramienta capaz de garantizar la igualdad de oportunidades.

El Gobierno andaluz, en estos 100 primeros días, ha aprobado la próxima convocatoria de 220 plazas de empleo público para Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial. Un número de plazas que consideramos insuficiente, al igual que en sanidad, pero que responde a la injusta tasa de reposición fijada por ley por el Gobierno central.

En el ámbito universitario, hemos autorizado una inversión extraordinaria de 102,72 millones de euros para mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios en las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

Hemos profundizado en el diálogo con las universidades para aliviar sus problemas de financiación. En este sentido, me gustaría comunicarles que, antes de que acabe el año, destinaremos 50 millones más al pago de la deuda con las universidades. Esta decisión pone en valor la apuesta del gobierno de Andalucía por el talento, la investigación, el desarrollo y el impulso del conocimiento en nuestra tierra.

Junto a ello, hemos incrementado nuestro apoyo a los jóvenes estudiantes, para que la falta de recursos nunca sea impedimento para un futuro mejor. La nueva Beca Adriano, dotada con 10 millones de euros, ha paliado en Andalucía el negativo impacto de los nuevos e injustos requisitos exigidos por el Gobierno central para acceder a becas. Y mantenemos todas las becas propias de la Junta de Andalucía.

Otro aspecto destacable de la actividad del Gobierno andaluz en sus 100 primeros días es nuestro esfuerzo, enorme, por suplir el abandono del Gobierno central en relación a la Ley de atención a las personas con dependencia.

El Gobierno andaluz ha autorizado la generación de créditos por valor de 143 millones de euros para afrontar el pago, a entidades locales, centros residenciales y de día, de facturas y liquidaciones pendientes relacionadas con la atención a personas en situación de dependencia.

A esta cantidad se suman otros 97 millones que, en el marco del mecanismo extraordinario de pago a proveedores, se destinarán a hacer frente a pagos a entidades locales relacionados con la dependencia.

Asimismo, hemos ampliado el Servicio Andaluz de Teleasistencia para que atienda a 8.000 personas más, alcanzando un total de 186.000 usuarios.

En estos 100 intensos primeros días del Gobierno andaluz, el Parlamento andaluz ha aprobado la Ley de Función Social de la Vivienda, lamentablemente recurrida de nuevo por un Gobierno de la Nación insensible y que da la espalda al sufrimiento de los ciudadanos que peor lo están pasando por el drama de los desahucios. En mi reunión con Mariano Rajoy, le solicité la convocatoria de la comisión bilateral para que la ministra y la consejera pudieran analizar los puntos de esa ley que el Gobierno central considera inconstitucionales. No solo no se ha producido esa reunión, sino que la respuesta del Gobierno ha venido a través del recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno andaluz ha aprobado, también en estos 100 primeros días, el Anteproyecto de Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria de viviendas. Una norma que establece medidas frente a cláusulas abusivas a los consumidores.

Estamos dando una importancia especial, asimismo, al desarrollo de medidas para combatir la exclusión social.

En este último trimestre hemos realizado un esfuerzo con una inversión adicional de casi 30 millones de euros para el ingreso mínimo de solidaridad y de cara a 2014, la dotación de este programa crece un 29,5% respecto al presente año.

Y, en breve, comenzará el Grupo de Trabajo sobre Renta Básica, aprobado la semana pasada por el Parlamento y que responde al Estatuto de Autonomía y al Acuerdo de Gobierno.

Además, a lo largo de 2014 se va a impulsar por parte del Gobierno la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.

Al asumir la Presidencia de la Junta de Andalucía asumí el compromiso de ser implacable contra la corrupción, para recuperar el prestigio de la política y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Cien días después, frente a la desafección, este Gobierno ha puesto sobre la mesa más transparencia, más participación, más controles y una apuesta decidida por la rendición de cuentas.

Primero, con la incorporación en la ley de Presupuestos de la Junta para el año 2014 de la fiscalización previa y posterior de las  transferencias de financiación; segundo, con la publicación de las rentas y bienes de todos los miembros del Consejo de Gobierno, y de sus parejas; tercero, con una Ley  de Transparencia que les anuncio que será aprobada y remitida al Parlamento el próximo mes de enero; y, cuarto, con un intenso trabajo que se está llevando a cabo por recuperar hasta el último euro público que haya sido indebidamente usado de las arcas de la Junta de Andalucía.

He dicho que vamos a recuperar hasta el último euro defraudado, porque los andaluces tienen derecho a eso y tienen derecho además a que el dinero defraudado en el caso de los ERE se destine a crear empleo.  Por eso, les anuncio que el Gobierno andaluz va a destinar a políticas de empleo cada euro que se recupere. Y lo va a hacer priorizando el fomento de la contratación de jóvenes en empresas. Concretamente, se contempla dentro del capítulo III del estado de Ingresos un apartado para el reintegro por operaciones de pagos indebidos.

E, insisto, hasta el último euro que se recupere de los fondos mal usados, mal gastados, destinados a los Expedientes de Regulación de Empleo irán destinados al fomento y a la creación de empleo para nuestros jóvenes. Ese es mi compromiso firme porque es un dinero que tendría que haber sido bien destinado y que nunca debió salir en esas condiciones de los fondos públicos de la Junta de Andalucía.

Saben que en mi reunión con el presidente Rajoy le planteé un Pacto por la regeneración política. Sea impulsado o no este pacto por el presidente, el Gobierno andaluz seguirá fiel a su compromiso y llegará al límite de sus competencias en materia de transparencia y control.

Hoy mismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la publicación del orden del día y de los expedientes de cada reunión, tal y como comprometí en mi discurso de investidura.

Y también les anuncio que voy a solicitar mi comparecencia en el Parlamento andaluz en el mes de enero para analizar la situación de la comunidad, cumpliendo así con mi compromiso de rendir cuentas públicas cada seis meses ante la Cámara regional, aunque en enero tan solo llevaré cinco.

Dentro del cuarto bloque, de lealtad institucional, saben que desde el primer día he tenido un firme compromiso de tender la mano al Gobierno de España, desde la lealtad institucional en un momento de dificultades. He de decirles que esa mano, en la mayoría de las veces, ha sido ignorada o rechazada.

Frente a eso, nosotros sí hemos reforzado el diálogo institucional dentro de Andalucía. Lo hemos hecho con los ayuntamientos. Estoy manteniendo una intensa agenda de visitas a los municipios y estamos apostando por el municipalismo. Seguimos reforzando la aplicación de la LAULA, estamos comprometidos con el cumplimiento de la PATRICA y hemos iniciado ya la futura norma que reforzará el Consejo Andaluz de Concertación Local.

Pero la lealtad institucional no es incompatible con la defensa firme de los intereses de Andalucía. Mano tendida al Gobierno de la nación pero no me va a temblar la mano en la defensa de los derechos y los intereses de Andalucía.

En la defensa de nuestro Estatuto y de los compromisos con nuestra tierra.

Por eso, nos hemos opuesto frontalmente a medidas que nos hacen retroceder en igualdad y en democracia como la LOMCE, la Reforma Local o la ley de Seguridad Ciudadana.

Y hemos obtenido la mayoría de las veces la callada por respuesta, igual que en lo que a Andalucía justamente le corresponde en materia de financiación, en la recaudación del IVA o en el análisis al que se comprometió el presidente del Gobierno con las comunidades autónomas para un reparto justo del objetivo de déficit.

Frente a eso, Andalucía va a seguir siendo nuevamente garante de la igualdad en España. Es necesario avanzar hacia un modelo de Estado moderno, federal, en el que podamos progresar todos con los mismos derechos y las mismas prestaciones, sin privilegios pero respetando la diversidad.

Tampoco hemos contado con la colaboración del Gobierno para luchar contra el principal problema de los andaluces y andaluzas: el paro. Si me preguntan cuál es la peor noticia de 2013, es la tasa insoportable de paro; si me preguntan cuál es la mejor noticia, es que este año lo vamos a cerrar con un dato más favorable del desempleo respecto a años anteriores y desde el inicio de la crisis. Pero seguimos teniendo una tasa insoportable de paro, ante la que ningún Gobierno puede escurrir el bulto.

Yo le he pedido al Gobierno de España un Plan Extraordinario de Empleo como el que tienen otras comunidades de España y la respuesta que he tenido ha sido la votación en contra del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Espero que recapacite, porque cuando le ha ido bien a Andalucía, le ha ido bien a España y ahí están los datos de desempleo del mes de agosto o del mes de noviembre.

Han sido cien días intensos en los que se ha producido un claro impulso en la acción del gobierno de la Junta de Andalucía.

Cien días en los que el Gobierno andaluz ha marcado la iniciativa en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, y en la búsqueda de una salida a la crisis que no suponga pérdidas irrenunciables por el camino.

Cien días de duro trabajo y de inconformismo. De estabilidad política y de diálogo institucional. De defensa de Andalucía y de nuestra autonomía. De trabajo por prestigiar la política y por recuperar la confianza de los ciudadanos en sus representantes públicos.