Comienza un nuevo año y puede ser éste un buen momento para echar una mirada atrás a lo realizado en estos meses anteriores y ver también con perspectiva lo que podemos hacer en este 2014 recién estrenado. Agradezco a Europa Press la oportunidad que me brinda en este Foro, agradecimiento extensible a los patrocinadores y, cómo no, a todos ustedes que nos acompañan.

Creo que si calificamos el 2013 como un año difícil, duro y complicado compartimos el sentimiento de millones de nuestros conciudadanos.

Dificultades económicas, problemas en muchas empresas, angustias sociales y, sobre todo, la continuidad del drama de unas cifras inaceptables de desempleo han sido la tónica del año 2013. Esa es a la realidad a la que han tenido que enfrentarse las familias españolas y, por tanto, el contexto en que se ha desenvuelto la actividad del gobierno de la Junta de Andalucía.

Una realidad económica y social que, indudablemente, nos limita y nos condiciona de forma muy significativa. Pero empezaré por decirles que las limitaciones y los condicionamientos forman parte sustancial de la vida política. Si fuera de otra manera, sería política de laboratorio.

Ese contexto, del que ningún gobernante responsable puede y debe sustraerse, es hoy el de la crisis económica que comenzó en 2008 y por la que aún hoy transitamos. A eso hay que unirle una política a nivel nacional cuyos resultados son fácilmente constatables: 2013 ha terminado con menos españoles trabajando, con las familias empobrecidas, con menos servicios públicos y, sin embargo, con más deuda pública que nunca.

Pero siendo cierta y perfectamente constatable esta circunstancia objetiva, no lo es menos que la obligación de la política es indagar el ámbito de lo posible y ensancharlo al máximo.

Si la política goza hoy de tan poco prestigio es, sobre todo,  porque, en el fondo, se nos ha querido habituar a pensar que todo está regido por la necesidad, que no hay margen para la libertad y para la decisión democrática de la ciudadanía y de sus representantes públicos.

Esa idea perversa de la presunta inutilidad de la política es la que lleva a las gentes a la desmoralización.

No me resigno a ello y tampoco la acción de mi gobierno, que en estos apenas cuatro meses está presidida por no aceptar que todo está predeterminado y que no cabe otra alternativa que la conformidad o el lamento.

Dentro de unos días, de acuerdo a lo comprometido en el debate de mi investidura, compareceré en el Parlamento para llevar a cabo un debate transparente sobre la realidad de nuestra tierra, sobre la acción desarrollada en estos meses por el Gobierno andaluz y sus perspectivas de actuación más inmediatas. Cumplo así uno de mis compromisos, el de comparecer cada seis meses en el Parlamento.

Será ése un buen momento para hablar en profundidad sobre estos temas, pero permítanme que hoy, aquí, señale algunas cuestiones, sobre el pasado más próximo y el porvenir más inmediato, que me parecen de interés.

Como recordarán, en mi Discurso de Investidura expuse cuatro grandes objetivos para lo que he venido denominando como un nuevo tiempo para Andalucía: trabajar por la recuperación económica; mantener y consolidar el Estado del Bienestar; prestigiar la política y trabajar desde el diálogo institucional y el consenso, tal y como la situación exige y los ciudadanos demandan.

En cuanto al primer objetivo, es evidente que lo más urgente es tomar medidas que contribuyan a hacer realidad ese anuncio de recuperación que parece insinuarse, y que necesita de medidas que incentiven y favorezcan la actividad empresarial y, lógicamente, la creación de empleo.

Pero junto a eso, yo sé muy bien que si Andalucía quiere alcanzar un lugar entre los mejores en el escenario más exigente de la globalización, necesitamos imperiosamente reorientar nuestro modelo productivo para hacerlo más competitivo.

Y en ambas tareas estamos firmemente comprometidos desde el Gobierno Andaluz.

Lo cierto es que apenas llevo cuatro meses en el Gobierno y ya se me ha criticado que no haya pasado de las declaraciones a los hechos en materia económica. Debo decirles con toda sinceridad que cualquiera que diga eso o está poco informado o no se piensa mucho las cosas o no analiza las cosas de buena fe, de todo habrá. Y les daré algunos datos para fundamentar esta afirmación.

Hay pocas dudas sobre lo que los empresarios andaluces, sobre todo los pequeños y medianos, requieren como un escenario favorable e incentivador de su actividad y sobre cuáles son sus grandes obstáculos para la actividad empresarial: el problema de la financiación, las excesivas trabas burocráticas para el emprendimiento, la fiscalidad y la propia política de incentivos de las administraciones públicas.

Vayamos punto por punto, con el máximo rigor.

Como ustedes conocen, la financiación es el principal problema que tienen nuestras empresas a la hora de desarrollar su actividad habitual o de emprender nuevos proyectos.

Nosotros, el Gobierno andaluz, ni podemos ni queremos sustituir al sistema financiero, pero no hemos querido quedarnos impasibles ante esta necesidad evidente que todos constatamos y por eso en estos meses hemos dado pasos importantes para constituir el Instituto de Crédito Público en Andalucía. Una herramienta financiera, que se creará mediante una Ley cuyo proyecto será aprobado por el Gobierno en este 2014.

Como ven, en cuanto a mejoras en la financiación de las empresas, no son sólo palabras, sino también pasos que den lugar a hechos.

Recordarán que, al poco de ser elegida presidenta, mantuve una reunión con destacados líderes empresariales de Andalucía, encuentro en el que me comprometí, como ya había hecho ante el Parlamento, a propiciar una reducción de trabas administrativas de las empresas en Andalucía.

Compromiso que estoy cumpliendo. Ayer mismo, el Consejo de Gobierno de la Junta conoció un informe presentado por la Consejería de Economía, Innovación y Empleo, que contiene un estudio de los procedimientos administrativos que afectan a las actividades económicas e identifica aquellos que puedan suponer trabas injustificadas a las actividades productivas o impidan proyectos de inversión de empresas en Andalucía.

A partir de este informe, puedo confirmarles que en este primer trimestre de 2014 se presentará un Proyecto de ley para la Mejora de la Regulación Económica, que pretende favorecer el consenso y la participación, eliminar todas aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general y simplificar drásticamente los requisitos exigibles para la creación de empresas.

Como ven, tampoco en cuanto a reducción de trabas administrativas, no son sólo palabras.

Me comprometí también a que iría reorientando la política de subvenciones a la actividad productiva para situarla preferentemente en el terreno de los incentivos.

También avanzamos en esa dirección y buena prueba de ello es la aprobación, hace tres semanas, del Decreto Ley de apoyo a las pymes industriales, que estará dotado con 150 millones de euros para los próximos tres años, de los cuales 58 millones ya están disponibles para este 2014, convocados en régimen de concurrencia competitiva.

En resumen, estamos actuando en todos los asuntos más sensibles para nuestro tejido empresarial: en la financiación, en la reducción de trabas administrativas, cumplimos lo comprometido en cuanto a la fiscalidad y también en la política de incentivos. Por decirlo  claramente, cumplimos nuestras promesas y lo hacemos con rapidez: ya dije cuando tomé posesión que no había ni un minuto que perder, que la situación en Andalucía no lo permitía.

En cuanto a la fiscalidad, me comprometí a que no habría aumento de la presión fiscal y creo que no hay dudas al respecto.

Además de ello, hemos iniciado la tramitación del Anteproyecto de Ley sobre el acceso a los beneficios públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal, que va a garantizar que las ayudas públicas sean para las personas que realmente lo necesiten y reúnen los requisitos.

Decisiones como ésta o la de no elevar la presión fiscal no son sólo palabras, sino hechos. Hechos, además elevados a rango de ley.

Ahora bien, permítanme en este punto una reflexión sobre el auténtico alcance que la fiscalidad tiene para una inmensa mayoría de ciudadanos. Por lo poco que sabemos de los planes del Gobierno, este se plantea mantener el IVA, que ha subido considerablemente y en algunos sectores como el de la propiedad intelectual de manera brutal, y bajar el IRPF, que es el impuesto que más contribuye a la progresividad del sistema.

Lo cierto y verdad es que la reforma del IRPF no va a suponer solución, y seguramente ni siquiera alivio alguno, para la inmensa mayoría de los españoles.

Muchas familias están viviendo de un sueldo inferior a mil euros, algunas muy por debajo, y la subida de la electricidad o del agua de sus hogares ya les supone un lastre muy importante desde que comienza el mes, mucho más cuando termina.

Esta es la verdad de nuestro país: mientras la vida se encarece –la luz, el agua, el transporte, los alimentos, la educación--, se congela el salario mínimo, que afecta a millones de personas, y lo que se anuncia es un debate, parece que para el mes de mayo, sobre el IRPF.

Pues bien, no seré yo quien me oponga a discutir sobre nuestro sistema tributario, sobre todo si es para hacerlo más justo, pero al menos no nos llamemos a engaño: una rebajita en el IRPF no solucionará nada a millones de familias en apuros, al menos mientras se van produciendo subidones diarios en productos y servicios de primera necesidad.

Convendrán conmigo en que la política económica, y más en estas circunstancias, es algo especialmente complejo y, sinceramente, es difícil encontrar razones para un reproche sobre falta de actividad y de compromiso en este terreno. Se lo acabo de contar desde luego con palabras, pero todas sustentadas con hechos.

Quisiera abordar ahora, y hacerlo con claridad, la cuestión del diálogo social. Mi afirmación de que los empresarios, los que invierten, los que innovan, los que crean empleo, van a encontrar en la Junta de Andalucía su mejor aliado dista mucho de ser retórica. Parto del convencimiento profundo de que esa alianza es estratégica y fundamental, para el presente y el futuro de nuestra tierra y sobre todo para sus posibilidades de progreso y bienestar.

En este contexto, soy partidaria del diálogo social y que se plasme en acuerdos. Soy partidaria del diálogo a todos los niveles: creo que son necesarios interlocutores estables y fiables y que este diálogo se articule a través de los instrumentos más idóneos, desde acuerdos en ámbitos sectoriales entre sindicatos y empresarios hasta pactos más amplios de carácter institucional. Con carácter general, creo que a este país le sobra crispación y le falta diálogo y acuerdo.

Tengo que defender ese modelo de diálogo, porque creo en él. Pero es que también creen las empresas, que necesitan un marco de relación normalizado y estable, y desde luego creen los trabajadores, pues la defensa de sus intereses pasa, en buena medida por estos procesos de negociación y acuerdo.

Mi objetivo es buscar pactos sobre nuevas bases, las que necesita nuestra economía, que ha cambiado y lo ha hecho vertiginosamente en estos últimos años.

Han cambiado muchas cosas: las relaciones laborales, se ha producido la entrada de nuevos actores, autónomos, cooperativas; tenemos que hacer frente a la densidad y el tamaño de nuestras empresas, sectores emergentes, el papel de los investigadores y de la universidad.

Si han cambiado todas estas cosas y muchas más, también debe cambiar nuestra perspectiva sobre el diálogo social, sobre sus instrumentos y sus protagonistas.

También deben de cambiar y mejorar los instrumentos de control. Nada ha  hecho más daño al diálogo social que el mal uso o uso inadecuado que se haya podido dar a determinados fondos públicos. Naturalmente que hablamos de una mínima parte, pero esta mínima parte ha hecho un daño serio, hay que decirlo así y poner remedio para que no vuelva a suceder.

Porque creo en el diálogo social ya les digo de antemano que no pienso abordar esta cuestión, y me refiero expresamente a lo que hemos venido en llamar concertación, para pelearme con nadie.

Al contrario, en esa tarea de mejorar las cosas en lo referente al diálogo social me gustaría que estuviéramos todos, también la oposición de Andalucía, aunque ésta tenga que tomar una decisión urgente: si quiere aportar algo para mejorar las cosas, incluso desde la crítica más profunda, o si prefiere quedarse practicando la política de tierra quemada. Como digo, es una decisión que tiene que tomar la oposición, entre otras cuestiones, lo antes posible.

Desde luego de lo que no hay duda de que ese estímulo a la actividad empresarial es decisivo para nuestra gran prioridad, que es el empleo.

En este año 2014 vamos a seguir centrados en tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para rebajar esa tasa de desempleo tan insoportable que tenemos. Pienso, como seguro que lo hacen igualmente los ciudadanos de esta tierra que nadie está autorizado para hablar de una efectiva recuperación hasta que no consigamos crear empleo de una forma importante y sostenida.

Nuestro objetivo es que en este 2014 el empleo siga creciendo de forma continuada por encima de la media española para dar así una respuesta positiva a los miles de andaluces y andaluzas que se levantan cada día con la esperanza de conseguir un puesto de trabajo.

Por eso los datos de empleo y de afiliación a la Seguridad Social con los que hemos terminado el año suponen un importante estímulo y, por fin, una verdadera buena noticia que hay que acoger con esperanza, pero también con prudencia, mucha prudencia.

Me gustaría, en este punto, que todos nos tomáramos con seriedad este gran reto del empleo. Es muy desalentador para un Gobierno como el nuestro que cuando en Andalucía hemos tenido un dato malo, se haya acusado del mismo a la supuesta falta de reformas.

Sin embargo, cuando al acabar el año resulta que nuestros datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social son mejores que la media estatal –solo Andalucía y Canaria hemos terminado el año con un incremento en la afiliación-, entonces cambiamos el discurso y ahora es por el sector del olivar, que también, o por las reformas del Gobierno de España.

Estas actitudes se me antojan una grandísima falta de seriedad ante un reto de esta envergadura que nos afecta a todos. Todos somos responsables de los parados y es irresponsable atribuirse el éxito del empleo y arrojar al rival político el fracaso del paro. Nunca haré eso.

Un reto ante el que lamentablemente Andalucía no cuenta con el apoyo que debiera por parte del Gobierno de España. La verdad es que nuestros datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social al finalizar el año los hemos sacado a pulmón, como suele decirse. ¿Pueden uds. imaginar cómo hubieran sido si el Gobierno hubiera destinado a Andalucía un plan de empleo como el que destina a otras comunidades?

Mi Gobierno, de todas formas, no puede distraerse con regates en corto y frivolidades sobre algo tan serio. Junto a los esfuerzos por mejorar la financiación de las empresas y remover cualquier traba innecesaria para el surgimiento de nuevos proyectos empresariales soy plenamente consciente de que tenemos que propiciar que Andalucía sea una zona especialmente atractiva para la inversión, donde las empresas quieran venir y se invierta con facilidad, agilidad, garantías y seguridad jurídica.

Estamos trabajando intensamente para que en un plazo muy breve, Andalucía se sitúe a la cabeza de España en cuanto a la confianza de los inversores. Y las medidas que les he comentado van, precisamente, en esa dirección.

Al tiempo que actuamos en aquello que es más urgente, estamos trabajando ya en la necesaria reorientación de nuestro aparato productivo. Necesitamos identificar con precisión y rigor nuestras fortalezas para potenciar todas nuestras ventajas competitivas.

En nuestra economía tenemos sectores de gran pujanza, sectores de arrastre, la aeronáutica, el turismo, la industria agroalimentaria o las energías renovables.

Contamos con otros que, por distintos motivos, necesitamos revitalizar. Algunos están sin explotar suficientemente, otros han sido abandonados y otros se han visto arrastrados por la especulación.

Entre los primeros está la llamada Economía Digital, en la que tenemos un gran potencial de crecimiento, con un gran número de profesionales altamente cualificado, en especial jóvenes titulados, y centros preparados para ofrecer un entorno adecuado para proyectos digitales de alto valor estratégico como el PTA malagueño o Cartuja en Sevilla.

Para revitalizar un sector en buena medida abandonado estamos preparando la Estrategia Minera 2014-2020.  Seré clara: yo quiero decirles aquí que, con todas las cautelas necesarias, con todos los compromisos de sostenibilidad medioambiental y de seguridad, no vamos a renunciar a que Andalucía se beneficie de sus recursos mineros.

Quisiera hacer un inciso desde el punto de vista de la protección medioambiental: no vamos a consentir procesos especulativos como el que parece ceñirse sobre elementos emblemáticos de nuestro patrimonio natural –y me estoy refiriendo, para que no haya dudas, a la finca La Almoraima, a la playa de Valdevaqueros o al Cabo de Gata--, pero tampoco vamos a sostener discursos muy bonitos, muy ideológicos pero insostenibles en la práctica.

Soy partidaria, naturalmente que sí, de estimular un desarrollo sostenible de la construcción. Hay que acabar con la especulación, no con el sector de la construcción. Entre otras cosas porque casi la mitad –concretamente el 45%-- de las personas que han ido al paro desde el comienzo de la crisis en Andalucía (tercer trimestre de 2008) provienen de este sector.

Y en este sentido, déjenme trasladarles con sinceridad una preocupación. Al Gobierno parece preocuparle únicamente los llamados "activos tóxicos" de los que se ha hecho cargo la SAREB o Banco malo y quién y cómo los va a gestionar ahora. Pero sin embargo no parece mostrar ningún interés ni por las empresas que han perdido su actividad, ni por las personas que han perdido un empleo ni por las familias que han perdido sus casas.

Esas empresas, esas personas y esas familias ponen rostro a la crisis y tenemos que pensar en cómo ayudarles a recuperar actividad, encontrar empleo o protegerlas, desde luego, de la exclusión social.

En todo caso, y en esta dirección de orientar nuestras políticas económicas a un crecimiento sostenido a medio y largo plazo, nuestra economía está dando ya algunas señales francamente positivas. Les he citado antes algunos sectores emblemáticos y añado ahora el registro histórico alcanzado en este año pasado en nuestras exportaciones.

Pues bien, tenemos que ser aún más ambiciosos en este sector exterior y tal vez sea hora ya de mirar no solamente al Norte de Europa, donde viven 400 millones de ciudadanos, sino también a ese enorme mercado que tenemos al Sur, en el vasto y en muchas zonas muy pujante continente africano.

No olvidemos que, con el de Algeciras al frente, contamos una importante red de puertos en Andalucía, que nos sitúa en una situación estratégica de privilegio ante esos mercados. Por eso una de mis prioridades es establecer un diálogo político fructífero para lograr la conexión Algeciras-Bobadilla en el Corredor Mediterráneo. Va a ser prioritario en 2014 y espero recibir la sensibilidad y el apoyo del Gobierno de España.

Pero además, por la importancia que tienen precisamente para nuestro futuro, quisiera destacarles dos datos que, siendo de naturaleza distinta, son francamente alentadores.

El primero tiene que ver con el récord histórico alcanzado por la facturación de la industria andaluza, según los datos conocidos hace unas semanas y publicados por el Instituto Nacional de Estadística referidos a 2012.

Pese a tener un tejido empresarial débil, nos hemos convertido en la segunda comunidad autónoma en incremento de cifras de negocio de la industria, por encima ya de Madrid.

Y, lo que es especialmente significativo, Andalucía es ya la comunidad autónoma española con mayor nivel de productividad en la industria, un 25% superior a la media nacional. En el diseño del modelo productivo en Andalucía, la generación de valor en la industria es imprescindible para garantizar un crecimiento económico suficiente y sostenible a largo plazo.

El otro dato que quisiera subrayar tiene que ver con nuestras cuentas públicas y nuestro carácter de Comunidad cumplidora de sus compromisos.

Es innecesario recordar que, para nosotros, la política de austeridad a ultranza que se nos viene imponiendo es negativa económicamente y dañina socialmente. Pero a partir de esa posición de principio, debo decir que estamos dando una lección de seriedad y rigor en el manejo de nuestras cuentas públicas.

En efecto, en 2013 hemos reducido nuestro déficit de forma muy significativa y, a falta de los datos definitivos, puedo decirles que estaremos razonablemente cerca del objetivo asignado.

Ello se debe a una eficiente gestión de los recursos y a que Andalucía es una de las comunidades autónomas con menos deuda de España, lo que nos permite en las circunstancias actuales poder reducir la carga financiera y su consiguiente impacto en los presupuestos.

Asimismo, estamos cumpliendo sobradamente los compromisos asumidos en materia de reestructuración del sector público. De hecho, Andalucía es la que ha experimentado la mayor reducción en España, ya que 1 de cada 5 entes suprimidos en el conjunto del territorio corresponde a nuestra comunidad.

En materia de la gestión de los recursos públicos, no aceptamos lecciones de nadie: aquí ni se han cerrado hospitales ni ha habido, como en otras comunidades de España, despidos masivos de empleados públicos, ni se han dejado caer los servicios públicos.

Y en este punto tengo que hacer un reconocimiento: buena parte de este esfuerzo para evitar esos cierres y esos despidos ha recaído sobre las espaldas de los trabajadores públicos. Sobre sus espaldas y sobre sus bolsillos. Cuando dije hace unas semanas que cuando se diera por acabada la crisis habría que comenzar a devolver esos derechos, estaba pensando, entre otras personas, muy especialmente en los empleados públicos andaluces.

Gracias a esta gestión eficiente y a estos esfuerzos, Andalucía ha logrado mantener los servicios y derechos sociales que se habían instaurado en época de bonanza. En sanidad, en educación, en servicios sociales y en Dependencia.

Me refiero, por ejemplo, a la gratuidad de los libros de texto, a la atención bucodental infantil, a la no implantación del copago hospitalario, al mantenimiento del sistema de becas y la incorporación de la nueva Beca Adriano, a la ampliación de 8.000 personas más en los servicios de Teleasistencia, entre otras muchas medidas de impacto directo en la economía familiar y en las personas más desfavorecidas.

Me refiero también a la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, lamentablemente recurrida de nuevo por un Gobierno de la Nación; a los 164 millones de euros que vamos a dedicar en 2014 para mantener las líneas incluidas en el Decreto de Medidas Extraordinarias: Plan de Acción Social, Ayuda a Domicilio; la garantía alimentaria y el Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Y, en breve, comenzará el Grupo de Trabajo sobre Renta Básica, cuya constitución fue aprobada recientemente por el Parlamento.

Perdonen que les insista, pero me comprometí a hablar desde el rigor: en materia de políticas sociales, de lucha contra la desigualdad, de blindaje del Estado de Bienestar, tampoco son sólo palabras las que caracterizan a este Gobierno. Sino hechos como los que acabo de apuntar. Hechos que suceden aquí, en Andalucía, y que difícilmente encuentran comparación en otras Comunidades de España. Por algo será y por algo es, desde luego.

También alcancé hace cuatro meses compromisos activos en la lucha contra la corrupción, a favor de la limpieza y transparencia en la vida pública, que nos permita así recuperar el prestigio de la política y la confianza de los ciudadanos en lo público.

Y la verdad es que, también en esta materia, hemos puesto en marcha toda una serie de iniciativas: Por citarle la más reciente, la publicación del orden del día de las reuniones del Consejo de Gobierno, que se inició el 27 de diciembre.

Y sobre esto de hablar mucho y hacer poco, les diré algo: cuando hemos incorporado los criterios de la Intervención General sobre los controles a las transferencias de financiación hemos hecho algo muy importante: impedir que lo que ha ocurrido con los ERE vuelva a suceder.

Y lo hemos hecho, con toda transparencia –incorporando punto por punto los criterios de la Intervención— y con la máxima garantía, otorgándole rango de ley a dichos criterios.

Y a ello les añado que el Consejo de Gobierno ya ha cumplido el último trámite (su envío al Consejo Económico y Social)  previo a la remisión al Parlamento del Proyecto de ley de Transparencia, lo que sucederá en las próximas semanas.

A prestigiar la política contribuye también el necesario diálogo institucional. Los ciudadanos no entienden que se pueda prescindir de la obligada cooperación y entendimiento entre instituciones solo por razones de interés partidista.

En estos meses pasados me he esforzado por reforzar el diálogo con los ayuntamientos andaluces y en llegar a acuerdos en asuntos de interés para la ciudadanía. Buena muestra de ello es el acuerdo para la viabilidad económica y social del Metro de Málaga, en el que reconozco el trabajo de las consejeras de Fomento y de Hacienda y del alcalde de Málaga, que asegura su finalización, así como el desbloqueo de la financiación del Metro de Granada, donde también hay que reconocer la labor de las dos consejeras y del alcalde.

Creo que no soy injusta si señalo que espero tener el compromiso y la lealtad del Gobierno de España con Andalucía.

El Gobierno sabe de mi voluntad de diálogo y cooperación que, como es natural, no puede ser obstáculo para que, cada vez que sea necesario, levante la voz en defensa de los intereses de los andaluces y andaluzas. Lo hemos hecho en circunstancias anteriores, con motivo, por ejemplo del reparto injusto de la reducción del déficit, en materia legislativa, a propósito de la LOMCE o de la Reforma Local.

Y les reitero que vamos a seguir peleando para conseguir que se retire la contrarreforma que anuncia el Gobierno en materia de interrupción voluntaria del embarazo, una iniciativa contra la igualdad, contra los derechos de las mujeres y que suscita un amplio y generalizado rechazo, que retrocede más allá de 1985  y que nos sitúa a la cola de Europa en igualdad y en protección de los derechos de las mujeres. Reitero mi exigencia al Gobierno de que retire el proyecto y, si sigue adelante, usaremos todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance, entre ellos el recurso ante el Tribunal Constitucional.

En todo caso, más allá de cualquier discrepancia, le digo al Gobierno de España que tenemos un terreno importante para dialogar y para conseguir acuerdos.

Tenemos problemas que resolver en común, tenemos tareas que abordar juntos, tenemos o debiéramos tener objetivos compartidos, como el de la lucha contra el desempleo.

Y tenemos sobre la mesa un asunto en el que no les quepa duda de que se oirá, se seguirá oyendo, la voz de Andalucía, como es el de nuestra configuración territorial como país, como Estado.

A veces me llama la atención que haya quien coincida con nosotros en que el derecho a decidir sobre la estructura territorial de España corresponde a todos los españoles y, a continuación, se sorprendan porque Andalucía y en concreto su máxima representación institucional, haga oír su opinión.

Voy a seguir haciéndolo, con lealtad y con sinceridad. En primer lugar, porque nos jugamos mucho todos y en ese todos estamos incluido como es natural, los ocho millones de andaluces. Y ante un reto de esta envergadura es insensato e irresponsable esconder la cabeza debajo del ala y esperar a que escampe, porque el problema cada día se va agravando.

Hace sólo unos días, en el mensaje de Fin de Año, hablé de algo que caracteriza a la juventud y es su inconformismo.

Su negativa a aceptar que las cosas tienen que ser como son y que nadie puede hacer nada por cambiarlas. Les aseguro que, desde esa actitud que hago mía, voy a seguir liderando un fuerte impulso a la acción de gobierno de la Junta de Andalucía.

Les aseguro que voy a seguir cumpliendo lo comprometido, porque soy de la opinión de que cumplir lo que se promete no es una opción; es una obligación.

Conozco la gran insatisfacción de muchos ciudadanos. Ni la niego, ni la oculto. Al contrario, mi mayor fuente de motivación es, precisamente, que sé que hay un gran descontento en mucha gente que siguen observando con preocupación su presente y con incertidumbre su futuro.

Pensando en ellos, en los millones de ciudadanos que necesitan una oportunidad y una esperanza, el Gobierno andaluz va a seguir trabajando en este 2014.