La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha señalado, en referencia a las argumentaciones remitidas al Ministerio en el ámbito de la salud pública, que el nuevo texto normativo sitúa la interrupción voluntaria del embarazo en un marco de seguridad dudoso en tanto "existe evidencia de que las legislaciones restrictivas como la que se plantea no evitan el aborto, sino que provocan un incremento de los abortos inseguros".

Se estima que a nivel mundial se realizan cada año 42 millones de interrupciones voluntarias del embarazo, de las que aproximadamente 20 millones se practican en circunstancias inseguras. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) pone de manifiesto que las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas sin un mínimo estándar sanitario suponen un alto riesgo de morbi-mortalidad de la mujer como consecuencia, principalmente, de hemorragias, infecciones y/o envenenamiento. Aproximadamente 47.000 mujeres mueren cada año por un aborto inseguro y muchas más sufren secuelas a largo plazo, incluyendo la infertilidad.

Con la nueva normativa, más del 93% de las interrupciones voluntarias de embarazos que se realizan actualmente en Andalucía y más del 91% de las que se hacen en España se producirían bien fuera de España o se harían de forma insegura.

A nivel mundial, el 20% de mujeres entre 15 y 44 años viven en países donde no se permite legalmente la interrupción voluntaria del embarazo o está limitado a salvar la vida de la mujer cuando ésta está en peligro. El 57% vive en países donde el aborto inducido tiene menos restricciones legales y las mujeres pueden solicitarlo por diversas razones.