El informe remitido al Ministerio de Justicia recoge sobre el nuevo texto normativo, que tiene por objeto sustituir la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, vulnera la dignidad de la mujer, así como su derecho al libre desarrollo de su personalidad. Vulnera el derecho a la autodeterminación libre, consciente y responsable de la mujer sobre su propia e íntima maternidad y sobre su integridad física y moral. Por lo que constituye, según apunta el texto, "una alteración del disfrute de los derechos fundamentales de la mujer y constitucionalmente garantizados en el ámbito de su libertad y de autodeterminación personal".

Así lo ha señalado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha recordado, además, que la nueva normativa "supone un serio riesgo para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y abre la puerta a que los profesionales de la salud vuelvan a padecer una situación de inseguridad jurídica.

En esta línea, Sánchez Rubio ha recordado el posicionamiento contrario que algunas organizaciones profesionales y sociedades científicas han realizado respecto al anteproyecto, como es el caso de la Organización Médica Colegial que manifestó, a través de su presidente, que el médico no es capaz de adivinar cómo afectará el aborto a la salud mental de la mujer.