El informe remitido al Ministerio de Justicia sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embazada recoge, como conclusiones, que, llegado el caso de su aprobación definitiva sin modificaciones del texto actual, se pondría en riesgo la salud de la mujer y eliminaría su derecho a decidir, a su autodeterminación.

Asimismo, supondría la no disminución del número de abortos, sino más bien lo contrario, un incremento de los mismos; generaría un aumento del número de interrupciones voluntarias del embarazo inseguras, con repercusiones que pueden llegar a ser graves para la salud de la mujer; y se traduciría en un incremento del número de recién nacidos con enfermedades congénitas graves y limitantes.

A ello se sumaría, además, una discriminación en función de los recursos económicos, en tanto se perjudicaría a las mujeres en situación más desfavorecida y que, por tanto, son las que sufrirían más las consecuencias (aumento del número de hijos provenientes de embarazos no deseados, abortos inseguros, aumento de hijos e hijas con enfermedad congénita grave). Una vuelta a la situación de inseguridad jurídica para los profesionales, que puede llevar a que se retraigan muchos de ellos a la hora de hacer informes. El sistema de plazos, sin embargo, ofrece mucha más seguridad jurídica.

Otra de las conclusiones se refiere a la complejidad del proceso, lo que retrasaría la IVE y obligaría a abortos tardíos que son menos seguros que los precoces.

El informe apunta también que la única forma efectiva de reducir los abortos es una mayor educación afectivo-sexual y un mejor y más fácil acceso a los métodos anticonceptivos y estos aspectos, perfectamente definidos en la normativa actual y que no aparecen en el anteproyecto aprobado.