Gráfico de evolución del Euríbor. (Foto EFE)

• Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
• Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

A menudo, los ciudadanos se ven afectados por pactos que realizan compañías de un determinado sector para ofrecer precios similares o a partir de un mínimo, en el caso de productos o servicios concretos. Estas conductas impiden al consumidor beneficiarse de la libre competencia de los mercados y están reguladas como sancionables por parte de las autoridades europeas, nacionales y autonómicas; además, en algunos casos llegan a producir daños en el ciudadano que pueden ser reclamables.

Andalucía cuenta con una Agencia de Defensa de la Competencia (ADCA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, encargada de vigilar que no se produzcan estos pactos de precios o conductas anticompetitivas en territorio andaluz. Entre las iniciativas que lleva a cabo, esta Agencia dispone de un grupo de trabajo para estudiar reclamaciones, daños y perjuicios derivados de actuaciones anticompetitivas en el mercado. Dicho grupo comenzó su actuación creando una mesa de análisis sobre las repercusiones en Andalucía del pacto de precios realizados por varios bancos europeos para manipular el Euríbor.

En este grupo participan las tres federaciones de consumidores presentes en Andalucía (Al-Andalus, Facua y UCA-UCE), la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, dos miembros de la Cátedra de Competencia de la Universidad de Sevilla (de las facultades de Derecho y Económicas), la Cátedra de Política de Competencia de la Universidad de Málaga (UMA), varias autoridades de competencia autonómicas y la propia ADCA. Se trata de la primera iniciativa impulsada por una comunidad autónoma española para determinar posibles repercusiones de este pacto o cártel.

Este acuerdo ilegal para manipular tipos de interés fue realizado por ocho entidades financieras europeas (Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup, RP Martin, Barclays y USB) entre 2005 y 2008 y fue sancionado en diciembre de 2003 por la Comisión Europea, que impuso una multa de 1.710 millones de euros.

La Comisión ha aplicado una sanción a seis de los ocho bancos participantes en el cártel por violar repetidamente las normas de competencia (dos de las entidades, Barclays y USB, no han sido multadas por colaborar con la investigación). Se trata de la mayor sanción aplicada nunca por cártel en la UE y la primera a la banca europea por prácticas anticompetitivas.

Además, la Comisión Europea ha decidido recientemente continuar su actuación contra las entidades Crédit Agricole, HSBC y JP Morgan, por no aceptar las condiciones inicialmente impuestas en el procedimiento sancionador, por lo que las entidades participantes en el cártel de los precios de productos derivados de los tipos de interés serían 11, dos de las cuales quedaron exentas de multa.

En concreto, la Comisión considera que estos bancos actuaron entre septiembre de 2005 y mayo de 2008 (hasta unos tres meses antes de la quiebra de Lehman Brothers) para manipular los tipos de interés de referencia como el Euríbor (Euro Interbank Offered Rate) y el Líbor (London Interbank Offered Rate), lo que les permitió ganar aún más dinero que otros bancos que no participaron en el cártel.

Tanto el Euríbor como el Líbor son utilizados por las entidades financieras para prestar o pedir prestado dinero a otros bancos, lo que les permite asegurar su financiación a corto plazo. Además, estos tipos de interés interbancarios sirven de referencia a los préstamos de hogares y empresas.

En el caso del Euríbor, que es el índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses de las hipotecas, se calcula sobre la base de los datos que envían cada día los 44 bancos participantes en el panel a Thomson Reuters, que ejerce de agente calculador para la Federación Bancaria Europea.

Según la Comisión Europea, los bancos sancionados discutían entre ellos los datos que iba a ofrecer cada entidad para el cálculo del Euríbor, así como su estrategias de negociación y de fijación de precios, con el fin de maximizar los beneficios para las entidades.

El Euríbor es el interés de referencia que se aplica a millones de hipotecas, ahorradores y empresas, a través de productos derivados vinculados a este índice. Según datos del INE, entre 2005 y 2008 se concedieron de forma acumulada en Andalucía un total de 922.544 nuevas hipotecas para viviendas, por un importe total de 115.865 millones (importe medio por hipoteca nueva concedida de 125.593 euros).

Respecto al tipo de interés de referencia, según informes del Colegio de Registradores de la Propiedad, el 83,7% de las hipotecas constituidas para viviendas en este periodo tuvieron como referencia el Euríbor.

Repercusiones sobre los andaluces

El papel de la ADCA en el grupo de trabajo constituido es analizar las posibles repercusiones de este cártel sobre ciudadanos andaluces y entidades financieras. Para ello, la Agencia y los integrantes de esta mesa de trabajo analizan el marco normativo europeo y nacional del caso, estudian si pueden determinarse y cuantificarse daños y perjuicios para ciudadanos o empresas, trabajan posibles propuestas de modificación normativa, tanto en este caso, como en otros que se analicen posteriormente, y darán difusión a los resultados de este trabajo.

Por su parte, la Secretaría General de Consumo y las federaciones de consumidores y usuarios trasladarán al grupo reclamaciones, quejas, solicitudes de arbitraje, etc. de personas consumidoras andaluzas por actuaciones de operadores en el mercado contrarias a la competencia, con atención especial a los datos de quejas por manipulaciones del Euríbor. En este sentido, recopilarán datos provinciales, estudiarán el marco actual de reclamaciones colectivas por daños y perjuicios a consumidores y usuarios y vías alternativas de resolución de conflictos (mediación, arbitraje, etc.).

Del mismo modo, los miembros de la Cátedra de Política de Competencia de la Universidad de Sevilla analizan el marco jurídico europeo en materia de reclamaciones por daños y perjuicios y estudiarán de forma comparada los principales sistemas de reclamación en Europa.

La mesa de trabajo estudia el marco jurídico existente tanto a nivel europeo como nacional que podría afectar a la manipulación del Euríbor, así como la nueva Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada inicialmente el 17 de abril de 2014, para facilitar las demandas colectivas por daños y perjuicios contra las empresas que participan en acuerdos anticompetitivos.

El proceso de estudio abordará además la resolución administrativa definitiva de la sanción impuesta por la Comisión Europea a varios bancos por la manipulación del Euríbor, en la que se ampliará información sobre cómo las entidades bancarias llevaron a cabo este proceso.

Atendiendo a ambas informaciones, la mesa estudiará el alcance de dicha manipulación para los ciudadanos, en general, y andaluces, en particular, y si existe la posibilidad de que los afectados puedan llegar a reclamar a las entidades financieras por los daños y perjuicios causados.

Actuaciones realizadas

Para recoger también la opinión de los expertos sobre este caso, la Agencia de Defensa de la Competencia celebró las jornadas 'Reclamaciones colectivas de daños y perjuicios. Daños derivados de conductas anticompetitivas. Directiva y Euríbor'.

El objetivo de este encuentro fue servir de punto de partida para analizar la normativa nacional y europea ante conductas anticompetitivas o de pactos de precios entre empresas, así como la incidencia del caso de manipulación del Euríbor para los consumidores andaluces. Del mismo modo, las jornadas, en la que participaron también las principales federaciones de consumidores, abordaron la posibilidad de realizar reclamaciones colectivas en casos de pactos de precios y en el caso concreto del Euríbor.

El encuentro contó con la participación del expresidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) José Luis Berenguer Fuster, que abordó los 'Daños y perjuicios derivados de ilícitos anticompetitivos'; del abogado José Luis Alcaraz Sánchez-Cañaveral, que habló sobre el 'Marco actual de las reclamaciones colectivas en competencia', y de la europarlamentaria María Irigoyen Pérez, que trató 'El caso del Euríbor y la propuesta de directiva', norma europea que regulará las conductas anticompetitivas.

Asimismo, se están celebrando reuniones del grupo de trabajo formado por las tres federaciones de consumidores presentes en Andalucía (Al-Andalus, Facua y UCA-UCE), la Secretaría General de Consumo, los miembros de la Cátedra de Competencia de las universidades de Sevilla y Málaga, así como la propia ACDA. El objetivo es concretar la metodología a emplear para cuantificar el daño sufrido por los consumidores y analizar la problemática concreta de este tipo de reclamaciones.

Otras comunidades autónomas han mostrado ya interés en la actividad del grupo de trabajo creado por Andalucía. En concreto, las autoridades regionales en materia de competencia de Cataluña, País Vasco y Aragón han manifestado a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía su intención de sumarse a la mesa de trabajo de este grupo que aborda el caso del Euríbor.

Para la directora de la ADCA, María Victoria Román, es importante impulsar este asunto, así como contar con la presencia de otras comunidades autónomas en este trabajo, "porque aportan distintas visiones e información de otras regiones y suman fuerzas en el estudio de este caso, con el que se pretende continuar con la defensa de los derechos de los consumidores que realizan las entidades responsables de velar por el mantenimiento de las normas de competencia en los mercados".