Susana Díaz Pacheco, Presidenta de la Junta de Andalucía

Un año más celebramos el 28 de febrero, una fecha histórica que marcó para siempre el rumbo de Andalucía. Ese día de 1980, frente al intento de algunos de construir un Estado asimétrico y desigual, los andaluces nos ganamos el derecho a decidir nuestro futuro sin marginaciones ni exclusiones. Y lo ganamos también para España entera, porque Andalucía es desde entonces, y lo seguirá siendo, garante de la igualdad territorial: que nadie sea más ni menos que nadie, viva donde viva.

Este espíritu debe ser constantemente renovado y fortalecido, sobre todo en tiempos de incertidumbre. Es preciso poner en valor lo que el Estado autonómico ha representado en cuanto a derechos, servicios y bienestar para los ciudadanos.

Lo que significó el 28 de febrero está plenamente vigente. La demostración de fuerza de millones de personas hace ya 35 años nunca ha caído en saco roto. Es un día de orgullo colectivo en el que el sentimiento de ser andaluz adquiere especial significado. Unidos somos un pueblo sólido que no exige privilegios sino igualdad.

Andalucía no solo es la comunidad donde viven más españoles, también es la que con más determinación está apostando por la igualdad entre todos los ciudadanos. Es un factor importantísimo de estabilidad para el conjunto de España. El reconocimiento de la diversidad de unos no puede ser excusa para la discriminación de otros. Debemos trabajar siempre por lo que nos une y jamás por lo que nos separa. Es un gran reto, pero si no se ciegan los caminos, habrá puntos de encuentro.

La autonomía nos ha servido para ser mejores. En 1980 los andaluces asumimos el envite de construir una sociedad de derechos. Durante todo este tiempo lo hemos hecho con la guía de nuestro Estatuto de Autonomía, regla de convivencia que ha democratizado la vida pública y ha abierto cauces para la participación ciudadana.

El autogobierno nos ha permitido salvaguardar el sistema de prestaciones públicas para que ningún niño o niña se quede sin una educación digna y de calidad; que nadie se vea privado de la sanidad pública cuando la necesita, cualquiera que sea su origen o condición social; y que los dependientes no retrocedan ni un paso en sus derechos.