Susana Díaz ha sido investida en el Parlamento andaluz como presidenta de la Junta de Andalucía de la décima legislatura, con 56 votos a favor del PSOE-A y Ciudadanos, 51 en contra y dos ausencias. Tras ser elegida, Díaz ha "tendido la mano" al resto de formaciones políticas en Andalucía y ha confiado en que estén en esta legislatura "a la altura de un gran pueblo y del trabajo de casi nueve millones de personas que se levantan cada día para hacer esta tierra mejor". Asimismo, ha declarado que tiene "mucho trabajo por delante" y ha expresado su voluntad de "trabajar con intensidad".

"Espero que haya responsabilidad del resto de las fuerzas políticas para arrimar el hombro, dejar a un lado los intereses partidistas y que los andaluces merezcan todo el esfuerzo y todo el trabajo",  ha indicado la presidenta, que ha señalado que "si siempre estoy dispuesta a dejarme la piel, ahora voy a tener que trabajar el doble" porque Andalucía tiene que ganar "tiempo y estabilidad".

Para ello, ha dejado clara su intención de "tender la mano" a todas las fuerzas políticas, tanto a las que la han apoyado en su investidura, a las que ha agradecido su "gesto de responsabilidad que permite que Andalucía tenga un Gobierno", como a las que han votado en contra.

Susana Díaz ha confiado en que todos "dejen a un lado los intereses propios de sus partidos y pongan a Andalucía por delante", desde el convencimiento de que "se van a abrir los mejores años para esta tierra".

La presidenta ha reiterado que la primera medida del nuevo Gobierno será la puesta en marcha de las becas para que los universitarios puedan acceder a los exámenes del B1 de un segundo idioma y ha señalado que también serán prioritarias las iniciativas para evitar los desahucios, tal y como se comprometió en su discurso de investidura.

Ahora, ha dicho, los parlamentarios "tenemos que estar a la altura de nuestra tierra" y ha confiado en que todos estén "a la altura de un gran pueblo y del trabajo de casi nueve millones de personas que se levantan cada día para hacer esta tierra mejor" en ese ejercicio de responsabilidad.

Compromisos en 135 medidas

En su discurso de investidura ante el Parlamento andaluz, Díaz propuso un conjunto de medidas que, entre otros aspectos, permitirán destinar más de 3.000 millones a la creación de empleo en la comunidad, reforzar de forma decidida la lucha contra la corrupción y realizar más de mil nuevas contrataciones en los sectores de la sanidad y la educación. En total, se trata de 135 iniciativas que se agrupan en tres bloques centrados en la creación de empleo y cambio del modelo productivo; transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción, y avances en derechos sociales.

Todo ello se llevará a cabo, ha manifestado la presidenta en funciones, con un gobierno basado en el diálogo y el acuerdo, "buscando la unidad, la concordia y el bienestar de los andaluces". Entre las medidas comprometidas por Díaz, se incluyen 24 iniciativas legislativas.

Díaz, durante su discurso de investidura.

En el primero de los bloques propuestos por la candidata a la Presidencia de la Junta, el referido a la creación de empleo, destacan la movilización de 3.000 millones de euros para favorecer el empleo, la creación de una Entidad Pública de Crédito para facilitar el acceso a la financiación de las empresas -especialmente las pymes- y la supresión de trabas para que la apertura de un negocio pueda realizarse en un solo trámite, en un plazo no superior a dos días y sin coste alguno.

En este sentido, Susana Díaz ha considerado que "crecer más y crear más empleo, de más calidad y más rápidamente, es un reto colectivo de la sociedad andaluza", toda vez que la tasa de desempleo es el principal problema de la comunidad y la peor herencia que ha dejado la crisis.

También en el ámbito económico, Díaz ha planteado introducir cambios en el tramo autonómico del IRPF, reduciendo entre 2 y 3,5 puntos la tarifa a las clases medias y bajas, establecer nuevas deducciones autonómicas en el IRPF por creación de empleo y aportaciones a proyectos empresariales; incentivos fiscales a la creación de empresas que generen empleo, a las inversiones en I+D+i y a las actividades empresariales con incidencia favorable en el medio ambiente, así como reembolsar progresivamente a los transportistas el tramo autonómico del céntimo sanitario.

Andalucía contará, además, con una nueva Ley de Tasas y Precios Públicos, con un Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal y otro para aflorar la economía sumergida y con nuevas rebajas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Asimismo, se aprobará una Ley de Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude.

En materia de autónomos, la candidata ha propuesto al Parlamento, entre otras medidas, construir el Sistema de Apoyo al Emprendimiento más ambicioso de Europa, así como aprobar una Ley del Emprendimiento de Andalucía, un Plan de Apoyo al Emprendimiento, un Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo y culminar la red de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial.

El Gobierno andaluz apoyará la internacionalización de las empresas andaluzas, apostará por la innovación con una Estrategia que movilizará 1.000 millones hasta el año 2020, y seguirá impulsando Planes de Retorno del Talento. Además, se pondrán en marcha las nuevas áreas logísticas de Antequera y Almería y su conexión intermodal, y se avanzará hacia la interconexión de los puertos y de la red de áreas logísticas, de manera singular la conexión ferroviaria del Puerto de Algeciras.

La candidata ha comprometido también una reforma en profundidad de la Administración, la devolución de derechos a los profesionales públicos y una reducción del 10% de los altos cargos y contratos de alta dirección y personal eventual existentes en la Junta.

Regeneración democrática y lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción constituye otra de las principales líneas del programa de gobierno de la candidata a la Presidencia, que ha considerado este problema como un "lastre inaceptable para la democracia" y la mayor "causa de desprestigio de la política y de las instituciones públicas". En este sentido, ha anunciado un paquete de más de 20 medidas en favor de la transparencia, la regeneración democrática y la participación ciudadana y contra la corrupción. Se trata del plan "más ambicioso" de España, en el que se incluye un acuerdo de todos los partidos contra la corrupción ampliable a todo el país.

Díaz ha propuesto también que todos los partidos remitan a la Cámara de Cuentas y publiquen en internet su estructura orgánica, contabilidad y retribuciones si las tuvieran, así como que los cargos institucionales que perciban una retribución pública no puedan recibir de sus formaciones políticas ninguna remuneración complementaria.

Además, ha planteado la obligatoriedad de hacer pública la declaración de bienes, actividades e intereses y las declaraciones anuales del IRPF de todo cargo electo, así como de su cónyuge. Asimismo, los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos, deben hacerse responsables patrimoniales de dichos actos.

En este grupo de medidas se recoge también que los ciudadanos deberán tener acceso, a través de internet, de toda la normativa interna de los partidos, de sus procedimientos de control, así como de sus cuentas, ingresos y gastos electorales. Los partidos también deberán contar con órganos internos específicos anticorrupción con funciones preventivas y de control. La presidenta ha afirmado que los partidos deben comprometerse "a separar de inmediato a cualquier cargo público, electo o designado, que resulte imputado por corrupción política".

Susana Díaz ha propuesto al resto de los grupos la creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, y ha defendido la incompatibilidad entre la función de parlamentario autonómico y el ejercicio de cualquier otra actividad profesional.

Ha señalado que el Gobierno andaluz enviará al Parlamento una Ley de Participación Ciudadana y desarrollará los instrumentos necesarios para una participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones.

En este bloque de medidas, la presidenta en funciones ha abordado igualmente aspectos que, aun siendo competencia del Estado, contribuirían a la mayor limpieza y ejemplaridad de la vida pública, como la creación de un Registro Público Estatal que centralice toda la información referida a transparencia de los representantes políticos", la reforma del Código Penal ampliando el plazo de prescripción de los delitos por corrupción, o la tipificación del delito de financiación ilegal con responsabilidad penal de los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales.

Avance en derechos sociales

En lo que respecta al tercer pilar del programa de gobierno de Susana Díaz, referente al avance en derechos sociales, ha expuesto más de 50 iniciativas para la educación y la sanidad públicas, para paliar el problema de la vivienda, la cultura y contra la violencia de género.

Díaz ha recordado la preservación en Andalucía de un modelo claro de predominio de la escuela pública, basada en la equidad y la excelencia. Como compromisos de gobierno, ha explicado que se incrementarán en 12.000 las plazas de educación infantil de cero a tres años, la contratación para sustituciones de entre 400 y 500 profesores de educación infantil, primaria y secundaria, y un Plan Educativo para el Éxito Escolar que impida que ningún menor de edad abandone el sistema educativo.

Asimismo, se pondrá en marcha un Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas 2015-2020, se abrirá una convocatoria dirigida a las universidades para atender al alumnado con mayor dificultad económica y conseguir la gratuidad del examen para obtener el B1 en un segundo idioma, y se extenderá en el ámbito universitario el fraccionamiento de pago en las mismas condiciones del presente curso a ocho plazos, pudiéndose extender hasta en 10 para aquellos con una situación económica más grave.

En materia sanitaria, Díaz ha sostenido que la "la salud es un derecho, no un negocio". La presidenta se ha comprometido a llevar al Parlamento una Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Además, ha destacado que se compromete a "reducir a 90 días el plazo máximo de garantía de respuesta quirúrgica a pacientes que necesiten ser intervenidos por enfermedades cardíacas", así como a "establecer un plazo máximo de garantías de atención para todas las mujeres que necesiten acceder a las técnicas de reproducción asistida". En cuanto a la detección precoz para luchar contra el cáncer, el compromiso del Gobierno andaluz es "hacer extensivo el cribado de cáncer colorrectal a toda Andalucía, así como extender el consejo genético para prevenir y detectar el cáncer de mama".

La presidenta también ha indicado que se va a fortalecer el sistema de atención primaria, reforzando el plan de atención a las urgencias con la contratación de entre 400 y 500 efectivos de personal sanitario para estos servicios y otros prioritarios.

En cuanto a la atención a la dependencia, Díaz propondrá al Gobierno un Pacto de Estado para la aplicación de la Ley de la dependencia. Asimismo, ha anunciado que, antes de que acabe 2015, se aprobará el primer Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y prevención de la dependencia, especialmente en lo que tiene que ver con el empleo.

Por su parte, para poder dar respuesta a ciertas situaciones de emergencia social como el problema de la vivienda, la presidenta de la Junta en funciones ha explicado que llevará al Parlamento una Ley de Protección y Asistencia a los colectivos vulnerables, especialmente en lo referente a los suministros vitales como luz y agua. En esta misma línea, también se presentará la Ley de Protección de los derechos de los consumidores en la contratación de préstamos hipotecarios, para defender a la ciudadanía de las prácticas abusivas.

También en el ámbito de la vivienda, Susana Díaz ha destacado que su Gobierno "pondrá en marcha la normativa más avanzada de España para paliar el drama de los desahucios".

Para concluir este mismo bloque de medidas, Díaz ha dedicado una especial atención a las mujeres, situando la igualdad de género en el centro de la acción política de Andalucía. Así, ha explicado que se impulsará un gran Pacto Social contra la Violencia de Género y se elaborará una nueva Ley. Esta modificación irá acompañada de un Plan Integral contra la trata, la explotación de mujeres y la prostitución.