La candidata a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado en su discurso de investidura ante el Parlamento andaluz un paquete de más de 20 medidas en favor de la transparencia, la regeneración democrática y la participación ciudadana y contra la corrupción, el "más ambicioso" del conjunto de España, que incluye un acuerdo de todos los partidos contra la corrupción ampliable a todo el país.

Durante su intervención, Susana Díaz ha calificado la corrupción como un "lastre inaceptable para la democracia", así como la mayor "causa de desprestigio de la política y de las instituciones públicas". Por ello, la presidenta ha propuesto un paquete de iniciativas sobre los partidos políticos para "eliminar cualquier sospecha en cuanto a su funcionamiento o financiación".

Junto al acuerdo contra la corrupción, Díaz ha propuesto que todos los partidos remitan a la Cámara de Cuentas y publiquen en internet de su estructura orgánica, contabilidad y retribuciones si las tuvieran, así como que los cargos institucionales que perciban una retribución pública no puedan recibir de sus formaciones políticas ninguna remuneración complementaria.

Además, ha planteado la obligatoriedad de hacer pública la declaración de bienes, actividades e intereses y las declaraciones anuales del IRPF de todo cargo electo, así como de su cónyuge. Asimismo, los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos, deben hacerse responsables patrimoniales de dichos actos.

En este grupo de medidas se recoge también que los ciudadanos deberán tener acceso, a través de internet, de toda la normativa interna de los partidos, de sus procedimientos de control, así como de sus cuentas, ingresos y gastos electorales. Los partidos también deberán contar con órganos internos específicos anticorrupción con funciones preventivas y de control.

La presidenta ha afirmado que los partidos deben comprometerse "a separar de inmediato a cualquier cargo público, electo o designado, que resulte imputado por corrupción política", así como "a quien mienta o manipule en relación a su currículum vítae o su cualificación profesional o académica" y, de manera singular, "las personas imputadas por corrupción política no formarán parte de listas electorales".

En este punto, Díaz ha recordado su voluntad de establecer el compromiso de que los candidatos sean elegidos a través de un sistema de primarias.

Administración pública y participación ciudadana

En el discurso, Susana Díaz ha propuesto al resto de los grupos la creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía. Este órgano estaría destinado a "prevenir, detectar y denunciar malas prácticas, con legitimación para instar de forma autónoma la incoación de procedimientos sancionadores en este ámbito, para la exigencia de responsabilidades a funcionarios y autoridades".

En esta misma dirección, ha destacado la presidenta en funciones, se pondrán en marcha las siguientes iniciativas: la aprobación de una Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos, que regule con precisión todos los aspectos referidos al código ético, las incompatibilidades y un régimen sancionador en caso de incumplimiento de sus deberes.

La candidata propone la incompatibilidad entre la función de parlamentario autonómico y el ejercicio de cualquier otra actividad profesional, según la normativa vigente en materia de incompatibilidades, y el refuerzo en Andalucía de la normativa necesaria para evitar las llamadas "puertas giratorias" a los responsables públicos y personal al servicio de la administración pública.

En este punto, Díaz ha anunciado la aprobación de una Ley andaluza de subvenciones, cuyo objetivo es avanzar en la eficiencia y control de los fondos públicos que se destinan a ayudas de todo tipo. Igualmente, se reformará la Ley de la Cámara de Cuentas para reforzar la obligatoriedad de colaboración de las administraciones con la acción fiscalizadora de este órgano. Por último, se incluirá en el Plan de Inspección de la Agencia Tributaria de Andalucía, a aquellas entidades y personas implicadas en supuestos de corrupción.

En cuanto a la participación ciudadana, Susana Díaz ha señalado que el Gobierno andaluz enviará al Parlamento una Ley de Participación Ciudadana y desarrollará los instrumentos necesarios para una participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones.

En este ámbito, entre otras iniciativas, se establecerá un Portal de Gobierno Abierto como canal que permita la escucha activa y una Oficina Ciudadana en el Parlamento de Andalucía con presencia física y digital, con el fin de recabar apoyos para las diferentes iniciativas de participación ciudadana en la actividad parlamentaria.

Iniciativas de Andalucía para liderar la transparencia en España

La presidenta ha abordado también en este bloque aspectos que, aun siendo competencia del Estado, contribuirían a la mayor limpieza y ejemplaridad de la vida pública. En concreto, Díaz ha propuesto acuerdos parlamentarios para "instar al Gobierno central a crear un Registro Público Estatal que centralice toda la información referida a transparencia de los representantes políticos", actualmente desagregada en cada Administración, "y establecer la obligación de remitir dicha información a la AEAT".

También ha puesto encima de la mesa una iniciativa autonómica para reformar el Código Penal en varios aspectos: ampliando el plazo de prescripción de los delitos por corrupción. Los cargos públicos responderán en su caso con su patrimonio y su responsabilidad patrimonial será imprescriptible.

Asimismo, se instará al Gobierno de la Nación a la tipificación del delito de financiación ilegal con responsabilidad penal de los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales.

En cuanto a la Ley de Contratos, se propone un cambio para establecer un mayor control sobre los mismos, limitando al máximo los procedimientos negociados y obligando a justificar por escrito el procedimiento elegido, declarando nulos los contratos afectados por la corrupción. Modificar igualmente la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Subvenciones para que los condenados por corrupción no puedan contratar con las administraciones ni recibir ayudas.

Para impedir las donaciones a partidos, tanto de empresas como de directivos de éstas, ha explicado Díaz, "apoyamos las modificaciones incluidas en la reciente Ley 3/2015 de 30 de marzo, y nos comprometemos a seguir impulsando medidas en este sentido". También una iniciativa para impedir por ley el indulto a cualquier condenado por delito de corrupción.

La presidenta ha recalcado que "hay pocas excusas para no compartir, con matizaciones y aportaciones que cada uno quiera, un paquete anticorrupción como el que acabo de exponer".

Por último en este bloque, Susana Díaz ha pedido un "esfuerzo adicional" para fortalecer los vínculos de la sociedad con el sistema político. Para ello, ha propuesto una iniciativa legislativa autonómica para que en el Congreso se adopten cuantas reformas sean necesarias, incluida la Constitucional, para que las alcaldías, presidencias de comunidades autónomas y la propia presidencia del Gobierno, sean elegidas por sufragio universal de la ciudadanía, estableciendo la segunda vuelta si no se alcanza la mayoría absoluta. También ha planteado que el sistema electoral sea reformado y que las candidaturas electorales sean listas desbloqueadas.