El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha subrayado el elevado proceso participativo que ha acompañado la elaboración del proyecto de Ley Audiovisual, en el que se han recibido más de 600 alegaciones, "lo que demuestra el interés suscitado".

Durante su comparecencia ante la Comisión parlamentaria de Presidencia, el vicepresidente ha desgranado las fases del proceso seguido por el texto del Proyecto de Ley desde que en 2012 se abriera el debate a instancias de la propia Comisión parlamentaria para que se establecieran medidas de ordenación e impulso del sector audiovisual de Andalucía.

En este sentido, ha explicado que más de 50 entidades participaron desde un principio en la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual (MOISA) creada al efecto en 2013, lo que supuso contar con la práctica totalidad de entidades y organismos relacionados con el sector. Tras siete meses y más de 23 reuniones, ha recordado que la Mesa elaboró el documento base que sirvió para dar contenido y perfil al anteproyecto.

Igualmente, ha indicado que, en el posterior trámite de audiencia e información, se solicitó informe sobre el anteproyecto de Ley a 47 entidades y colectivos. En total, ha señalado que el documento recibió 305 alegaciones que afectaban a 83 artículos de los 100 que contenía inicialmente el anteproyecto, un número similar a las alegaciones realizadas por las entidades y órganos directivos de la Junta de Andalucía, lo que "supone un número muy voluminoso de aportaciones y un ingente trabajo de análisis y de incorporación de mejoras", ha valorado.

En palabras del vicepresidente, el anteproyecto de Ley "es fruto del trabajo del conjunto de agentes del sector audiovisual y de un proceso participativo impulsada por el Cámara autonómica". En este sentido, ha agradecido la labor desarrollada por estas entidades, entre las que se encuentran productores, profesionales del sector, exhibidores, publicistas, representantes del sector TIC, gestores de infraestructuras, universidades, sindicatos, instaladores, prestadores de servicios de radio y televisión públicos y privados, colectivos sociales y asociaciones representativas.

Finalmente, ha manifestado que espera que el Proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía "concite el máximo consenso" en su trámite en el Parlamento.