El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha censurado en el Pleno del Parlamento que Andalucía "sigue viéndose afectada por la arbitrariedad y el castigo con la que el Gobierno de España nos trata" en la distribución de los fondos de políticas activas de empleo, y ha criticado que se haya concedido un plan integral de empleo a Canarias de 42 millones de euros que se le niega a la comunidad andaluza desde el año 2012.

Durante una respuesta parlamentaria, Javier Carnero ha recordado que el lunes 11 de septiembre la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, firmaba con el Gobierno canario tres convenios de colaboración que incluyen un Plan integral de empleo para esta comunidad autónoma de 42 millones de euros.

En este sentido, el consejero de Empleo ha detallado que desde el año 2012 se está reiteradamente solicitando al Gobierno central un plan de empleo para Andalucía, y que en este año se le ha vuelto a reclamar esta actuación en una carta dirigida a la ministra el pasado 18 de abril y en una reunión mantenida con el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, el 28 de abril, en la que este "recalcó que ninguna comunidad disfrutaría de este tipo de medidas".

Por último, el consejero ha recordado a los diputados autonómicos que el propio Parlamento andaluz ha solicitado un plan integral de empleo para Andalucía en "reiteradas ocasiones", la última en el Pleno del 11 de mayo con la aprobación de una Proposición no de Ley que instaba al Gobierno de España a que "dotará de un plan específico de empleo a Andalucía".

Con respecto a la distribución de fondos, Javier Carnero ha vuelto a denunciar el recorte de un 57% en el presupuesto de políticas activas de Empleo que el Ministerio transfiere a la comunidad, disminución a la que se sumó otros 40 millones de euros menos por el cambio de criterios en el reparto.

"Desde 2012 se empezó a ejecutar el mayor castigo político nunca visto sobre una comunidad autónoma", ha lamentado el consejero, que ha añadido que al recorte en fondos de políticas activas de empleo puede ahora añadirse una financiación autonómica "injusta".