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El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha informado al Parlamento andaluz de las medidas a adoptar por el Gobierno andaluz para alcanzar un equilibrio entre taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC), entre las que ha hecho mención a la denegación de nuevas autorizaciones de VTC "si los ayuntamientos estiman que son necesarias".
Dado que las competencias para regular ambos sectores dependen del Gobierno, el consejero ha explicado que los esfuerzos de la Consejería de Fomento y Vivienda "se concentrarán en reducir el riesgo de graves desequilibrios en la ordenación del sector de transporte de viajeros en vehículos turismo", de ahí que la Junta haya decidido solicitar informe municipal a los ayuntamientos para resolver las solicitudes de autorizaciones de VTC, ya que "son las administraciones locales quienes están más cercanas a la realidad del municipio y quienes deben expresar su parecer al respecto". En caso de que tal informe resultara negativo, la Consejería denegará las autorizaciones de VTC.
Éste ha sido uno de los compromisos adquiridos por el consejero con los representantes de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), con quienes, ha recordado, "he mantenido hasta cinco reuniones para buscar soluciones al desequilibrio" provocado por la eliminación en 2009 de la ratio de un taxi por cada 30 VTC, establecida en la Orden de Fomento de 2008. La suspensión de este criterio ha provocado que Andalucía haya pasado de 472 VTC y 9.169 taxis en 2014, con una proporción de 1/19, a 882 VTC y 8.835 taxis en la actualidad, es decir, una ratio de 1/10.
López ha advertido de que la situación actual puede ser aún más compleja una vez que los juzgados resuelvan todos los procedimientos pendientes de aquellas VTC que solicitaron ejercer la actividad hasta 2015, año en el que el Gobierno central restableció la ratio de 1/30, y que les fueron denegados. "Ahora -tras sentencias estimatorias- la Consejería se ve obligada a valorar de nuevo las solicitudes, punto en el que hemos acordado introducir el informe municipal sobre la conveniencia de autorizar más VTC", ha explicado López.
Asimismo, y "dentro de nuestras competencias en materia de inspección y sanciones", ha remarcado el consejero, la Consejería se ha comprometido a reforzar la labor de control de esta actividad a través del Plan Coordinado de Inspección del Transporte de Andalucía. Desde 2014, momento en el que aumentaron considerablemente las licencias de VTC, "hemos aumentado el número de inspecciones de 900 hasta las 2.500 anuales, es decir, que alrededor de un 25% de las autorizaciones son inspeccionadas anualmente", ha dicho. En 2016, estas inspecciones han derivado en la apertura de 93 expedientes sancionares a las VTC y en la apertura de 78 en lo que va de 2017.
En el marco de la labor inspectora y dentro de los compromisos adquiridos con el sector del taxi, Felipe López ha manifestado que el Plan introducirá medidas que permitan mejorar la eficacia con los ayuntamientos y la Policía Local para intensificar la labor inspectora en los núcleos urbanos. "Continuaremos desarrollando acciones formativas y de colaboración con la policía local", ha afirmado el consejero, que ha explicado el trabajo que se está realizando desde el Gobierno andaluz para la puesta en marcha de un modelo de convenio con los ayuntamientos que posibilite hacerlos partícipes de la recaudación de las sanciones a VTC, "siempre y cuando se establezca algún mecanismo de colaboración".
Con todo ello, López ha dejado claro que "la Consejería está actuando en el ámbito de sus competencias para mejorar los procedimientos y reducir los desequilibrios en la ordenación del sector". Sin embargo, ha insistido, "para solucionar el conflicto entre el taxi y la VTC resulta imprescindible adoptar cambios en la legislación, tal como ha venido reclamando la Junta al Ministerio de Fomento", entre las que ha destacado la necesidad de incorporar una exigencia de desarrollo efectivo de la actividad en un plazo de tres meses y la recuperación del requisito del número mínimo de conductores, "de tal manera que se garantice la existencia de una verdadera actividad de transporte".
Reunión Ministerio
El consejero ha comentado que ambas reivindicaciones fueron expuestas por el Gobierno andaluz en el último encuentro mantenido con el Ministerio el pasado 12 de septiembre, cuando el Ejecutivo avanzó aspectos que pondrá en marcha para regular la nueva normativa. Entre las propuestas del Ministerio, López ha hecho mención a la prohibición de la trasmisión de autorizaciones VTC durante un límite temporal de dos años y a la autorización dada a las comunidades autónomas a crear registros electrónicos públicos de los servicios de VTC de manera previa a su prestación.
A este respecto, López ha criticado que la intención del Ministerio de "no sea crear una base de datos para el conjunto del Estado, sino instar a las comunidades autónomas a crear estas herramientas", algo que, a su parecer, "no será efectivo pues sería más sensato que se optara por un registro nacional", si bien ha asegurado que "la Consejería actuará subsidiariamente si el Ministerio no asume este tarea".