El Consejo de Gobierno ha aprobado tres modificaciones del decreto regulador de la calificación y el registro de las empresas de inserción de Andalucía, vigente desde 2010, con los objetivos de reducir trámites, dar una mayor participación a los servicios sociales de los entes locales y clarificar la consideración de las víctimas de violencia de género como beneficiarias. Las empresas de inserción se definen como aquellas sociedades que unen a su finalidad económica la de favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social.

En relación con el primero de los cambios, se suprime el requisito de aportar una auditoría anual, que hasta ahora se exigía a estas empresas para su inscripción en el registro y el desarrollo de sus actividades. La medida adapta la normativa autonómica a los recientes cambios en la estatal.

La segunda de las modificaciones aprobadas permite atribuir a los servicios sociales de las entidades locales la competencia de acreditación de la situación de exclusión social de las personas beneficiarias, hasta ahora exclusiva del ámbito autonómico.

Finalmente, y también en relación con las causas de la exclusión social,  de acuerdo con el Convenio del Consejo de Europa se amplía el concepto de víctimas de violencia de género incorporando a todas aquellas personas que convivan en el contexto violento.

La inscripción en el Registro de empresas de inserción de Andalucía es condición necesaria para que estas sociedades puedan participar en las políticas autonómicas de acción contra la exclusión sociolaboral y acceder a incentivos y medidas de apoyo. De este modo, pueden ser beneficiarias de ayudas financieras para su constitución, formación y contratación; bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social; subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo, e incentivos a la inversión para la realización de su objeto social.

El apoyo de la Junta a estas entidades se ha materializado recientemente con una nueva convocatoria de ayudas, abierta en julio de 2017 y con una dotación de casi dos millones de euros. Este respaldo permitirá la generación y el mantenimiento de 146 empleos a través de tres líneas destinadas a financiar la inversión en inmovilizado para la creación de puestos de trabajo, sufragar contrataciones de personas en situación de exclusión social y contratación o mantenimiento de personal técnico para acciones de tutoría y acompañamiento a la inserción sociolaboral.