La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha denunciado que los 5.522 millones de euros que Andalucía ha dejado de percibir entre los años 2009 y 2015 habrían permitido a la comunidad crecer un 3,8% más del PIB y crear 100.000 empleos. Asimismo, ha alertado de que esa "escandalosa cifra" continuará aumentando si no se corrige el modelo de financiación autonómica y su incorrecta aplicación durante los años de la crisis.

En la primera sesión del grupo de trabajo de financiación del Parlamento, la consejera ha defendido la "necesidad imperiosa" de contar con un nuevo sistema de financiación "en el plazo más breve posible". En este sentido, ha recordado que existe unanimidad en consideraciones básicas, ya que el conjunto de las comunidades no recibe los recursos suficientes y unas regiones están siendo "francamente perjudicadas" por un reparto que no es equitativo y que afecta a la calidad de vida de los ciudadanos.

Según la denunciado, la diferencia de ingresos entre la comunidad que más recibe y la que menos "se ha estirado desde los 489 euros del año 2009 a los 818 euros". Por ello, ha criticado que el sistema vigente es "insuficiente, desequilibrado, vertical y horizontalmente, opaco, desleal y complejo".

Montero ha lamentado el "trato desigual e injustificado, que no es equitativo para la ciudadanía, ya que en pone manos de unas comunidades más dinero para hacer frente a unas mismas necesidades de gasto". "Los andaluces y andaluzas no quieren más que nadie, pero tampoco menos", ha enfatizado, para explicar que no se trataría de repartir los recursos disponibles, sino "una vez decidido el modelo de sociedad al que aspiramos, aquel que la ciudadanía nos demanda, debemos allegar los recursos financieros necesarios para llevarlo a cabo, y posteriormente repartirlo entre las Administraciones responsables de conseguirlo".

La consejera ha apuntado a la necesidad de corregir de "forma inmediata" el principal "hecho limitativo" del modelo actual que permite la preeminencia de unos territorios sobre otros. Según este sistema, las comunidades que más ingresan quedan después del reparto de recursos en la misma situación de partida, "ordenadas al principio y al final en función de su capacidad de recaudar impuestos". "Esto significa, claramente, bloquear la posibilidad de converger, es decir, negar a los andaluces y andaluzas la posibilidad de superar el retraso histórico de partida, y, en consecuencia, perpetuar la existencia de territorios ricos y pobres", ha criticado.

No obstante, para evitar trastornos para las Administraciones implicadas que podrían afectar a la ciudadanía, ha rechazado una corrección inmediata y ha abogado por un periodo de implantación de dos o tres años "que diluyan sus distorsiones, pero pongan solución a la actual limitación del modelo".

Competencias transferidas

Montero también se ha referido a la necesidad de definir "hasta dónde debe llegar la financiación" y ha rechazado el diseño actual que "solo pretende asegurar la financiación de los servicios públicos fundamentales, educación y sanidad, sin que ni siquiera lo haya conseguido". "Desde de Andalucía debemos reclamar un modelo que financie por igual todas las competencias transferidas; un modelo, que supere al actual y proporcione idénticos recursos financieros para la prestación de los servicios públicos fundamentales, pero que, también, nos de la misma financiación per cápita para las otras políticas a desarrollar", ha reclamado.

En este sentido, ha reiterado que "no puede dejarse al albur de la desigual capacidad de recaudación de cada territorio la inversión pública, la apuesta por la cultura, el impulso del desarrollo económico,... todos aspectos que influyen en la calidad de vida de la ciudadanía y que deben cuidarse". Montero ha subrayado que el blindaje de los servicios que construyen el Estado de bienestar, solo queda garantizado si el sistema proporciona los recursos financieros necesarios para prestarlos y "no situamos a las comunidades de menor capacidad de ingresos en la tesitura de detraer fondos de otras políticas para destinarlos a la cobertura del déficit de financiación de los servicios fundamentales".

En este punto, la consejera ha recordado que en 2018, Andalucía tendrá un déficit de financiación de los servicios sociales de casi 2.200 millones de euros, que deberá soportar "a pulmón" la comunidad detrayéndolos de otras políticas, cuando estos servicios "tendrían que estar cubiertos completamente por los recursos del sistema de financiación autonómica".

Fondo de sostenibilidad

La consejera también se ha referido a la importancia del cálculo de la población ajustada como variable para determinar los recursos financieros que se destinan a cada comunidad, un asunto que considera "vital" ya que que es responsable en gran parte de la infrafinanciación de Andalucía, al dejar fuera del sistema en la actualidad a 220.000 andaluces que no son reconocidos. Por ello, ha señalado indicadores relevantes para el cómputo vinculados no solo a factores físicos sino también a variables socioeconómicas que pueden ser más determinantes de las necesidades de gasto de una población.

Respecto a la financiación de los servicios, Montero ha reiterado la necesidad de crear un fondo de reserva, "una hucha", que en que en épocas de bonanza sea nutrido con el exceso de ingresos, tanto estatales como autonómicos, y que permita en las coyunturas desfavorables, cuando los ingresos públicos caen, contar con los recursos suficientes para sufragar los gastos autonómicos relativos al Estado de Bienestar. Se trataría de un Fondo de Sostenibilidad de los Servicios Públicos Fundamentales, similar al constituido para salvaguardar las pensiones públicas, y que sería "el mecanismo de cierre del blindaje de los pilares del Estado de Bienestar, educación, sanidad y servicios sociales".