El proyecto de Presupuesto de la comunidad autónoma para 2018 ha superado el debate de totalidad y continúa su tramitación parlamentaria. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha destacado que las cuentas públicas para el próximo ejercicio trasladan el crecimiento de la actividad económica a las familias, mediante la "recuperación y ampliación de derechos sociales" que permiten la "revitalización" de los servicios públicos y propician la "creación de empleo".

Durante el debate en el Pleno, ha defendido que el Presupuesto tiene "un marcado acento social", y que se configura con el objetivo de "garantizar las conquistas que nos quieren usurpar, pero sin olvidar el afianzamiento de los pilares de un crecimiento futuro más sólido, equitativo y sostenible".

Montero ha valorado la "normalidad institucional" que supone la presentación del proyecto de Presupuesto "cuando estaba listo, en plazo" en el contexto político nacional actual. Asimismo, ha subrayado que las cuentas andaluzas constituyen una "propuesta para avanzar hacia un nuevo contrato social que devuelva la seguridad a los andaluces y andaluzas, ya que continúan blindando la sanidad, la educación y los servicios sociales".

La consejera ha alertado de que el Gobierno central pone en riesgo este "logro social conquistado", ya que mantiene la misma hoja de ruta ante la Comisión Europea, a pesar de la recuperación económica, de modo que el peso de estas políticas en el PIB bajarán del 26,5% al 25,8%, alcanzando "mínimos históricos" en Educación (apenas el 3,8% del PIB) y en Sanidad (el 5,8%). "Más ingresos y menos gasto, explican ante Bruselas", lo que a su juicio "desenmascara al Gobierno en su estrategia" con la distribución de los objetivos de déficit "desequilibrada y falsa", que "aprieta a las administraciones territoriales", ha denunciado.

Montero ha señalado que estos datos han pasado desapercibidos "inmersos, como estamos, en el mayor problema de la democracia", un contexto político que ha acentuado "la falta de apoyos del Gobierno central para sacar adelante sus Presupuestos". En este sentido, ha subrayado que la prórroga presupuestaria tiene repercusiones en todos los ámbitos, ya que paraliza las mejoras retributivas de los empleados públicos, el crecimiento exiguo de las pensiones, el desarrollo de nuevas inversiones o los programas de reactivación económica, de fomento de empleo o de lucha contra la pobreza".

Previsión rigurosa y prudente

Asimismo, ha lamentado que la falta de Presupuestos del Estado tendrá también efectos sobre el crecimiento, de forma que tendrán que revisarse las perspectivas macroeconómicas, si bien ha asegurado que ello no modifica las previsiones del Presupuesto de la comunidad, elaborado con una "técnica rigurosa", basada en una previsión "prudente" de crecimiento real del PIB del 2,6% en Andalucía para 2018, que permitirá la creación de unos 80.400 puestos de trabajo.

La consejera, que ha vuelto a reivindicar una financiación autonómica "justa" y un nuevo modelo, se ha referido a la carencia de recursos que provoca que la comunidad tenga que destinar 2.197 millones de euros de recursos propios para "completar las necesidades de los servicios públicos en detrimento de otras políticas". "Hemos dejado de recibir 5.522 millones de euros que nos permitirían igualarnos a la media de comunidades, lo que ralentiza nuestra velocidad de convergencia con España y la Unión Europea", ha denunciado.

Sin embargo, ha subrayado que el Presupuesto de la Junta aprovecha el crecimiento de la actividad económica para trasladarlo a los ciudadanos, permitiendo asimismo que aumente la recaudación tributaria un 5,3% el próximo ejercicio, lo que representa el 53,1% de los recursos. Según ha explicado estos datros son los que han dado "margen" para pactar una modificación del Impuesto de Sucesiones, si bien ha insistido en que el Gobierno andaluz no renuncia a la armonización fiscal, tal y como aconseja la propia Comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica.

Junto a la mejora de Sucesiones, que "atiende a las reclamaciones de la ciudadanía", ha apuntado al esfuerzo realizado en la lucha contra el fraude fiscal y por el que seguirá apostando su departamento, dotando a la Agencia Tributaria de Andalucía de mayor "autonomía y autogestión", con el fin de obtener un incremento del 425 millones de euros anuales en este ámbito, un 3,4% más que en la actualidad.

No obstante, Montero ha subrayado que "la fiscalidad no es un fin en si mismo, sino un instrumento" que permite diseñar cambios triturarios para mejorar la equidad y el crecimiento del Estado de bienestar, "porque son las clases medias las que legitiman los servicios públicos fundamentales a los que contribuyen con sus impuestos".

1.151 millones más para las políticas

Una vez abordados los ingresos de la comunidad para el próximo ejercicio, Montero se ha referido al gasto financiero que registra un aumento efectivo de 1.151 millones de euros, un 3,9% más para las políticas, con dos grandes objetivos "recuperar y ampliar los derechos sociales mediante la revitalización de los servicios públicos y propiciar la creación de empleo". En este sentido, ha señalado que Andalucía hace un "contrapunto a las políticas desmanteladoras del Gobierno central que sitúan los servicios públicos en mínimos históricos". Frente a esto, ha apuntado algunas cifras que reflejan el crecimiento en la comunidad en los cuatro últimos años del 20% en Sanidad, del 12,9% en Educación y del 23% en Servicios Sociales y Dependencia.

"Los servicios púlbicos son los que garantizan la igualdad de oportunidades y cohesionan Andalucía", ha manifestado para defender que "una vez más el gasto social absorbe el 83% del gasto no financiero de las consejerías y crece un 4,8%, muy superior al del conjunto de las políticas". La consejera ha desgranado las principales medidas que se desarrollan en el Presupuesto, con Sanidad en primer lugar que, con una dotación de 9.809 millones de euros, dispondrá de 505 millones más en 2018 y un incremento del 5,4%. Específicamente ha destacado que el Servicio Andaluz de Salud contará con "el mayor presupuesto de su historia", concretamente, 9.013 millones de euros.

Montero ha explicado que el Presupuesto hará hincapié en la red de atención primaria así como en la atención infantil temprana, para la que se consignan 28,8 millones de euros, mientras que a investigación se destinan 33,5 millones (4,3 millones más que en 2017), porque "no hay un sistema excelente sin investigación ni profesionales que contribuyan al conocimiento". En este sentido, ha recordado que también se reforzarán las plantillas a través de una nueva oferta de empleo público ordinaria con unas 2.500 plazas, a las que se añadirán otras 18.620 plazas mediante una oferta extraordinaria de consolidación del empleo en el sector.

Respecto a Educación, Montero ha señalado que dispondrá de más de 6.329 millones de euros para atender el sistema no universitario, "rozando los niveles presupuestarios previos a la crisis". Concretamente se ha referido a las plantillas docentes que han crecido este curso en 2.676 profesores y que el próximo año volverán a hacerlo con la incorporación de otros 2.700 profesionales. Con una consignación de 4.468 millones de euros para el gasto de personal, ha subrayado que en dos años, el personal habrá crecido en un 5,6%, lo que supondrá que se superen por primera vez los 100.000 docentes. Asimismo, crecerá un 5% la partida para formación, un 6,1% el programa de Innovación y evaluación educativa, un 4,8% Educación compensatoria y más de un 6% Educación Especial.

El apoyo a las familias también se incrementará un 4,4% hasta los 196,5 millones de euros y las becas que la Junta de Andalucía financia con fondos propios (Adriano, Segunda oportunidad y Beca 6000), alcanzan los 45,7 millones de euros, "suficiente para atender a todos los solicitantes que reúnen los requisitos y a los que no llegan las ayudas estatales". Montero también se ha referido a la bonificación de hasta el 99% de los créditos universitarios, iniciativa implantada este mismo curso y a la que ha calificado como "una de las medidas más igualadoras para nuestra sociedad".

En cuanto a la política de Servicios y prestaciones sociales, ha indicado que concentra recursos por un importe de 2.132,7 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,2%, de los que más de la mitad se destinan a Dependencia (1.214 millones de euros, un 2,5% más), "cumpliendo el compromiso de alcanzar un incremento del 10% a lo largo de la legislatura". Montero ha recordado que Andalucía atiende a 240.000 personas dependientes con 267.000 prestaciones, financiando el 82% del sistema frente al 18% del Estado, "muy lejos del 50% que le corresponde por ley".

Renta mínima de inserción social

En el ámbito de la atención a los colectivos más vulnerables, la consejera ha destacado la puesta en marcha de la renta mínima de inserción social, "una medida tan importante para una sociedad que quiere ser justa", que contará con un presupuesto de 198 millones de euros y permitirá arbitrar una prestación garantizada del sistema público para unas 45.000 familias, según ha explicado. En esta línea, ha mencionado también el incremento en un 2% de las pensiones no contributivas y asistenciales, de las que se beneficiarán 107.250 andaluces.

Montero también ha abordado otras políticas como las dirigidas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, con una subida del 3,8% de las partidas del Instituto Andaluz de la Mujer que llegan a los 42,9 millones de euros y del 12,1% de las de atención a mujeres y víctimas de violencia de género, que también contará con dotaciones específicas desarrolladas a través de la Consejería de Justicia.

Durante su intervención, la consejera ha reiterado que el principal objetivo del Gobierno andaluz es el empleo y que todas las actuaciones en este ámbito deben ir orientadas a conseguir que sea de la máxima calidad posible, lo que implica "fortalecer los sectores productivos de la comunidad y mejorar las capacidades y empleabilidad de la población activa". Según ha explicado, las políticas de empleo dispondrán en 2018 de más de 1.165 millones de euros, principalmente a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y con el desarrollo de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, "para convertir a la industria en el motor del nuevo modelo productivo de la región, capaz de generar empleo estable y de calidad".

Empleo industrial

Para ello, el programa de Empleo industrial contará con una dotación global de 308 millones de euros, de los que 178 millones serán para el año 2018. Asimismo, se mantendrán las líneas de apoyo a centros especiales de empleo, se abrirá una edición renovada del Bono empleo Joven dotada con 35 millones de euros y se ejecutarán las nuevas convocatorias de subvenciones de la Formación Profesional para el Empleo, que cuentan con 239 millones de euros.

Respecto al fomento de la cultura emprendedora, se consignan 41,4 millones de euros en la Consejería de Economía y Conocimiento, y otros 40 millones dirigidos al apoyo al trabajo autónomo, priorizando la línea de acceso a la financiación así como la creación y consolidación de empresas. Por su parte, el apoyo a las empresas de economía social dispondrá de 7,6 millones de euros y la política de internacionalización, a cargo principalmente de Extenda, 22,3 millones de euros.

El proyecto de Presupuesto para 2018 consigna 3.248 millones de euros, "para que nuestros sectores productivos sean cada día más competitivos", ha expresado la consejera. Junto a la Estrategia Industrial, ha destacado otros ámbitos que constituyen el "mayor sustento del empleo en Andalucía", como el sector agrario y pesquero, con una dotación que supera los 730 millones de euros para la Consejería competente, que crece un 4,9%, a los que se añaden los 1.400 millones procedentes de ayudas directas de la PAC. Montero ha apostado por cambiar el modelo, dando prioridad a la renovación intergeneracional, fomentando la incorporación de los jóvenes al campo (54 millones de euros) y la modernización de explotaciones agrarias (68 millones) y de las industrias agroalimentarias (42,8 millones). También se impulsará la industria turística y el sector comercial "para favorecer la competitividad de las pymes".

Respecto a la inversión pública, "una importante vía de creación de empleo directo, clave para la modernización y desarrollo futuro y factor de vertebración del territorio", el gasto de capital se sitúa en 3.709,5 millones de euros, lo que equivale al 2,2% del PIB regional y al 12,1% del gasto financiero. Montero ha reconocido que le hubiera gustado que el crecimiento fuera aún mayor, pero ha aludido a que "la insuficiencia del sistema de financiación, nos ha obligado a priorizar". En este sentido, ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por el transporte público colectivo, peatonal y la bicicleta, por lo que el Presupuesto recoge aportaciones a los Metros de Sevilla, Málaga y Granada, así como a los Tranvías de Vélez y Jaén, el Cercanías de Córdoba, el Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz.

La apuesta por las corporaciones se refleja en el crecimiento del Plan de Cooperación municipal en un 14,3% que alcanza los 658,8 millones de euros (82 millones más) y se mantiene la aportación incondicionada a través de la Patrica en 480 millones de euros.