La Junta de Andalucía ha contratado un equipo de refuerzo para la gestión del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, según ha informado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en el Pleno del Parlamento andaluz.

"Se trata de un equipo formado por 74 personas entre las que se encuentran 44 trabajadoras y trabajadores sociales y 30 personas que realizarán funciones administrativas, con el fin de reforzar al equipo que ya trabaja de manera directa en cada una de las provincias para la gestión de la dependencia", ha subrayado la consejera.

Este personal contratado, que se encuentra repartido por toda Andalucía, tiene encomendadas funciones destinadas a reforzar y agilizar la gestión del procedimiento de la dependencia.

Esta contratación de personal está en consonancia con las medidas puestas en marcha en la comunidad autónoma con el propósito de agilizar la entrada al sistema de las personas que se encuentran en situación de dependencia. En este sentido, Sánchez Rubio ha destacado que en los últimos siete meses, la Junta de Andalucía ha incorporado al Sistema de la dependencia a 21.500 personas y un total de 30.000 nuevas prestaciones".

La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha subrayado que "los sucesivos recortes del Gobierno central han ralentizado la entrada de personas al sistema y este tipo de medidas es una forma de dar respuesta desde Andalucía y reconocer el derecho subjetivo que tienen estas personas. El objetivo de la Junta de Andalucía es acortar los tiempos en la tramitación del procedimiento de la dependencia, de forma que los plazos se reduzcan al máximo".

Las medidas puestas en marcha se dirigen tanto a las personas en situación de dependencia con derecho subjetivo reconocido y que se encuentran en la actualidad pendientes de recibir su prestación como a las personas que inicien el procedimiento en la actualidad, así como las que hayan solicitado una revisión de su situación.

Recortes del Gobierno central

En este sentido, Sánchez Rubio ha informado en el Pleno sobre el reciente Informe de la comisión para el análisis de la situación del sistema de la dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación, para evaluar su adecuación a las necesidades asociadas a la dependencia.

Según ha subrayado la consejera, ese informe pone de manifiesto que las comunidades autónomas están soportando ya más del 80% de la financiación, aun cuando la Ley de Dependencia establecía que la aportación de ambas administraciones, Estado y comunidades autónomas, sería del 50%.

En el informe se cuantifica el impacto económico que han producido los recortes del Gobierno central en el sistema, desde 2012 hasta 31 de diciembre de 2016, a partir de la supresión del nivel acordado (283 millones de euros menos cada año) y la reducción de la cuantía de financiación del nivel mínimo (un 13% menos cada año) produciendo un quebranto económico a las comunidades autónomas.

"A pesar de los terribles efectos de los recortes del Ejecutivo central en materia de dependencia, Andalucía no ha cesado en su compromiso con la ciudadanía, especialmente con las personas que tienen una mayor necesidad de atención como son las personas en situación de dependencia y sus familias", ha destacado la consejera.

Durante su intervención en el Pleno, Sánchez Rubio ha recordado que "de igual forma, para la agilización de la incorporación de las personas al Sistema de atención a la Dependencia, se firmó un Convenio con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), para la atención a las personas con dependencia moderada, a través de los Centros de Participación Activa de la Junta de Andalucía, y también a través del resto de Centros que son titularidad de las corporaciones locales".

Por otra parte, la responsable de las políticas sociales en Andalucía ha detallado que "desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia se han generado más de 45.500 empleos en Andalucía, en torno 18.000 de ellos del servicio de ayuda a domicilio. Se trata de puestos de trabajo estable y no deslocalizable, en un sector ocupado principalmente por mujeres. Hay que destacar que de estas nuevas contrataciones, el 89% son mujeres, una muestra más de las políticas de apoyo al empleo femenino que ha sido especialmente castigado desde el inicio de la crisis".