El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que la Junta estará vigilante ante el futuro de la estiba en el nuevo escenario de negociación del reglamento para el desarrollo del Real decreto del sector. El vicepresidente, que ha inaugurado el IV Congreso Confederal de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, ha señalado que, para el Gobierno andaluz, este sector es clave para la comunidad, con siete puertos de Interés General del Estado.

En este sentido, ha valorado la actuación de la Junta en el conflicto que protagonizó el sector hace unos meses y ha señalado que el Ejecutivo andaluz fue "claro y duro explicando nuestra posición, pero fáciles para oír las demandas de quienes se sentaron con nosotros".

Jiménez Barrios ha recordado que fue un momento "muy duro y, como gobernantes serios y responsables, siendo conscientes de lo que se estaba jugando, nos implicamos porque era nuestro convencimiento y nuestra obligación como Gobierno presidido por socialistas".  En este sentido, ha explicado que "presionamos y los trabajadores salieron victoriosos".

En su opinión, en este conflicto se puso de manifiesto la capacidad de unidad de representantes sindicales, de grupos políticos y de la patronal de un sector tan estratégico para la economía y la productividad de Andalucía. Ha subrayado que se lanzó un "mensaje clarísimo de que cuando se quiere se arreglan las cosas, y no se entiende a quienes entorpecen y ponen en peligro puestos de trabajo y la economía de España y Andalucía".

En su intervención, el vicepresidente ha vuelto a recordar la necesidad de que el Gobierno central resuelva la construcción de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla "que acerque a Europa por tren las mercancías de uno de los principales puertos y crear empleo en nuestra tierra". Así, ha vuelto a incidir en la comparación de los 50 millones de inversión pública para Algeciras-Bobadilla frente 6.500 millones de inversión en el corredor de Levante. En su opinión, se tratan de "decisiones políticas en función de los votos que se reciben y las alianzas políticas y no de las necesidades reales que tiene una tierra como ésta".