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Medio Ambiente obsoleto

Junta y Ayuntamiento de Huelva retoman el Plan de ordenación de la aglomeración urbana, que afecta a 250.000 habitantes

José Fiscal y Gabriel Cruz coinciden en la necesidad de aprobar un documento que "será una oportunidad para el desarrollo económico y social"

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, se ha reunido con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, para retomar los trabajos del Plan de ordenación territorial de la aglomeración urbana de Huelva, que afectará a más de un cuarto de millón de habitantes de la capital onubense y siete municipios más.

José Fiscal ha valorado que tras siete años paralizado, volvemos a trabajar en un documento "esencial para el desarrollo de Huelva y de su entorno metropolitano". En este sentido, el plan puede convertirse en una plataforma que fomente la participación activa y transparente de la ciudadanía en la elección del modelo territorial, además de facilitar el acceso a las líneas de financiación europeas para las actuaciones programadas.

Fiscal se ha mostrado convencido de que el plan se va a convertir en "una oportunidad para el desarrollo económico y social; ya que establecerá las líneas maestras de crecimiento y será una guía para que los ayuntamientos ordenen su territorio".

Por su parte, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha mostrado su satisfacción por "retomar la elaboración de un documento que es fundamental desde el punto de vista de la gestión política, social, económica, paisajística, incluso cultural". "A la hora de establecer líneas de desarrollo a futuro debemos hacerlo con la coherencia que nos da esta herramienta", ha añadido.

El Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Huelva afecta, además de a la capital, a los municipios de Aljaraque, Gibraleón, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría, San Juan del Puerto y Trigueros. El titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha informado de que su departamento se va a reunir con todos los municipios afectados por el plan para estudiar qué alegaciones, realizadas en su momento, se pueden mantener, y cuáles son las nuevas necesidades. En este sentido, ha indicado que se trata de un documento muy importante y complejo al que no se le puede poner una fecha concreta para su aprobación definitiva.