La Junta asesoró a 1.271 personas sobre cambio de sexo entre 2014 y 2016. Así se recoge en el primer informe sobre actuaciones en identidad de género, coordinado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y aprobado por el Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento, de acuerdo con la ley autonómica sobre esta materia en vigor desde 2014.

Las actividades de apoyo y asesoramiento contaron con la colaboración de las asociaciones de personas transexuales y de sus familias, que desarrollaron programas dirigidos a normalizar diversos aspectos de carácter social, jurídico y cultural, así como a aumentar la visibilidad del colectivo en la sociedad. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales concedió a estas entidades ayudas por un valor total de casi 119.000 euros. Las actividades realizadas con este respaldo beneficiaron a 2.400 personas. A través del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) se financiaron también, con 53.000 euros, iniciativas de formación y contra la transfobia.

Entre otras cuestiones, la labor de orientación llevada a cabo dio respuesta a las demandas planteadas en torno a los trámites de rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio. Asimismo, destacó la inclusión en el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020 de medidas específicas de apoyo, información, acompañamiento y asesoramiento a menores y familiares en el proceso de cambio y adaptación psicosocial del entorno social.

En el área de salud, la Junta inició la puesta en marcha de los nuevos Procesos Asistenciales Integrados (PAI) de Atención Sanitaria a Personas Transexuales en Andalucía. Estos protocolos, uno para la población infantil y adolescente y otro para la adulta, facilitan el trabajo de los profesionales, garantizan la continuidad asistencial desde la infancia y descentralizan la atención con unidades específicas en todas las provincias, evitando desplazamientos innecesarios para los diferentes tratamientos.

Basados en la evidencia científica y en la respuesta a las necesidades del colectivo, los PAI detallan el conjunto de intervenciones, decisiones y actividades, incluyendo el procedimiento integral de reasignación sexual que ofrece la cartera de servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con los correspondientes tratamientos y prestaciones dirigidas a asegurar el desarrollo equilibrado y saludable de la identidad de género, especialmente en la pubertad. Sus pautas y criterios siguen un modelo basado en la 'despatologización' de la transexualidad, la máxima garantía de continuidad asistencial y la información sobre los servicios. La atención se presta con los mismos criterios de universalidad que rigen para toda la población, sin que se identifiquen riesgos de salud diferenciados o exclusivos, o tratos que puedan contravenir el derecho a la privacidad.

Asimismo, Salud modificó las carteras de procedimientos de Obstetricia y Ginecología, y de Cirugía Plástica y Reparadora, con el fin de incluir procedimientos específicos para las personas transexuales. Estos servicios pueden consultarse en la web del SAS. El informe recoge que en Endocrinología se registraron 5.101 consultas (4.900 de personas mayores de 14 años y 201 de menores de esta edad).

Empleo y educación

En el ámbito laboral, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) modificó el sistema de gestión de cita previa para evitar la identificación del género de las personas cuando son llamadas para ser atendidas en las oficinas (se indica sólo la inicial del nombre y los dos apellidos). Igualmente se modificó el protocolo de actuación de la gestión de ofertas de empleo, incluido en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía, para evitar discriminaciones por razón de sexo. También se está trabajando en el diseño de un protocolo de acciones de sensibilización y capacitación para profesionales del SAE.

En el área de educación, la principal iniciativa fue la elaboración de un protocolo de actuación sobre identidad de género para promover la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. También se realizaron seguimientos de situaciones personales, con un total de 45 alumnos atendidos.

Durante los cursos escolares 2014-2015 y 2016-2017 se llevaron a cabo 29 actividades formativas relacionadas con la diversidad sexual e identidad de género, con la participación de 791 profesoras y 259 profesores. Además, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en la Educación 2016-2021 incluye medidas específicas para la eliminación de actitudes y prácticas discriminatorias y de acoso contra las personas transexuales, así como de instrucciones al profesorado, a las empresas editoriales y a los consejos escolares sobre los criterios que deben tener en cuenta para la selección de materiales igualitarios y libres de prejuicios sexistas y discriminatorios. A través del Portal de Igualdad de la Consejería de Educación, también se ofrecieron recursos para apoyar a los centros educativos en la atención al alumnado transexual.

Por su parte, la Consejería de Justicia e Interior llevó a cabo acciones formativas en materia básica de extranjería y gestión de la diversidad, dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente policías locales y servicios de emergencias. También se impartió un curso sobre atención policial a las víctimas de discriminación y delitos de odio en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Recomendaciones

El informe bienal aprobado por el Consejo se completa con las recomendaciones y criterios correctores que han aportado las entidades y asociaciones de transexuales. En el área sanitaria, se propone una mayor formación de los profesionales de atención primaria y del personal administrativo, así como la mejora del sistema de información para que siempre aparezca el nombre usado por la persona. En el ámbito laboral, la principal propuesta es la de implantar incentivos a la contratación, mientras que en materia educativa destaca la revisión del currículo educativo y su contenido en las distintas etapas. Otras recomendaciones, en el campo social, se dirigen a la elaboración de protocolos de buenas prácticas en relación con los problemas específicos de identidad de género en las personas mayores y a respaldar desde las instituciones públicas las actuaciones para favorecer la visibilidad y normalización del colectivo.

El informe aprobado se elabora con carácter preceptivo en cumplimiento de la Ley 2/2014 para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, norma que dio respuesta a las demandas planteadas por este colectivo para ampliar la regulación más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio en el Registro Civil.

Planes de emergencia exterior

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado también los planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves por sustancias peligrosas correspondientes a las plantas industriales de las empresas Travir Isla Tránsitos, SLU, en Coria del Río (Sevilla); Gemasolar 2006, SA, en Fuentes de Andalucía (Sevilla), y CLH, SA, en El Puerto de Santa María (Cádiz). Con ellos son ya 66 las empresas de la comunidad que cuentan con estos dispositivos.

El plan para Travir Isla Tránsitos garantizará la seguridad de los depósitos y almacenamientos de fertilizantes y abonos que esta empresa tiene en la carretera de Isla Menor. Sus riesgos están asociados a la presencia del nitrato de amonio.

El mismo objetivo se plantea para las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de CLH en El Puerto de Santa María, denominadas CLH Rota y situadas en el kilómetro 6,3 de la carretera Rota–El Puerto. En el recinto, que incluye tuberías de transporte, se manejan gasolina y gasoil como principales sustancias peligrosas.

Finalmente, el campo solar de Fuentes de Andalucía, propiedad de la firma Gemasolar e integrado por 2.650 heliostatos y una torre central, incluye un sistema de almacenamiento de energía térmica a base de sales fundidas de nitrato, sustancia peligrosa que hacen necesario contar con un dispositivo de prevención y seguridad.

Los planes de emergencia se diseñan en función de la cantidad de sustancias peligrosas (fijada según el tipo) que las industrias almacenan o usan en sus procesos productivos. Las empresas que ahora los implantan han superado los umbrales que marca la normativa debido fundamentalmente a la mejora o ampliación de sus instalaciones. Elaborados por la Consejería de Justicia e Interior en colaboración con las empresas, los planes permiten prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de posibles accidentes, además de hacer frente a situaciones que conllevan peligro para personas y bienes o riesgos graves de contaminación. Asimismo, se someten a informe del Consejo Nacional de Protección Civil e incluyen protocolos de intervención en función del tipo de incidente, las sustancias peligrosas involucradas o las condiciones meteorológicas.

El objetivo es conseguir una movilización rápida, coordinada y eficaz de todos los recursos humanos y materiales necesarios para atajar cualquier incidente y minimizar sus efectos cuando la situación deja de ser controlable con los recursos de la empresa.

El operativo se activa cuando los accidentes afectan al exterior de la instalación. La decisión se adopta a criterio de la dirección del plan, que corresponde a la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia. Esta autoridad también decide tanto la categoría del siniestro como las actuaciones más convenientes para hacerle frente en cada momento.

Nuevos estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación

El Consejo de Gobierno ha aprobado también los nuevos estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación. El texto se adapta a los cambios producidos en el objeto y los fines de la entidad, que ha ido ampliando sus funciones desde su creación en 2005 con la denominación de Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. Entre estas atribuciones destacan las relativas a gestión de las ayudas para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la Educación Infantil.

De acuerdo con sus estatutos, la Agencia Pública Andaluza de Educación es una entidad dotada de personalidad jurídica propia, autonomía económica y suficiencia financiera. Su órgano de gobierno es el Consejo Rector, presidido por la persona titular de la Consejería de Educación.

El ente dispone también de un órgano de consulta y asesoramiento, el Consejo Asesor, en el que están integrados la persona titular de la Viceconsejería de Educación, el director general de la propia agencia, el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, cinco representantes de la Consejería de Educación, cinco de otros departamentos de la Junta, dos de las entidades locales, seis de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación, dos de las organizaciones empresariales, dos de los padres de alumnos y uno del Consejo de la Juventud de Andalucía, así como una persona designada por el Consejo de los Consumidores y usuarios de Andalucía.

Instalaciones deportivas de Córdoba

También ha acordado el Consejo de Gobierno la cesión por mutación demanial externa, al Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, de dos instalaciones deportivas de la ciudad. La decisión, por un plazo de 50 años, regulariza la situación patrimonial de estos inmuebles, que el organismo local ya está utilizando por un convenio suscrito con la Junta.

Los complejos cedidos, que cuentan con pabellones y piscinas, son el de La Fuensanta, situado en la calle Pintor Pedro Bueno y con una parcela de 17.914 metros cuadrados de superficie, y el de la calle Marbella (19.840 metros cuadrados).

La decisión adoptada por el Consejo cuenta con la conformidad de la Consejería de Turismo y Deporte, departamento al que están adscritas las dependencias. El Instituto Municipal de Deportes, que se compromete a su mantenimiento y conservación, estará obligado a destinarlas a un uso público exclusivamente deportivo.

Nueva delegada del Gobierno en Córdoba

Finalmente, el Consejo ha aprobado el nombramiento de Esther Ruiz Córdoba como delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba. Nacida en Aguilar de la Frontera (Córdoba) en 1982, es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Córdoba y maestra de Educación Musical, Primaria y Pedagogía Terapéutica. Sus estudios se completan con el título de Grado Profesional de violín y piano. Desde agosto de 2015 ocupaba el cargo de delegada territorial de Educación en la provincia cordobesa.

Funcionaria del Cuerpo de Maestros desde 2003, su trayectoria laboral se ha desarrollado, principalmente, en la educación. Ruiz Córdoba fue directora y profesora de la escuela de Música municipal de Los Blázquez (Córdoba) durante el curso 2008/09 y ha impartido distintos cursos relacionados con la enseñanza. Es miembro del Consejo Andaluz de Universidades por el Parlamento de Andalucía.